“Esto no puede afectar a la acción del Gobierno”. En el equipo de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ven con creciente preocupación el escándalo generado tras publicarse los audios de Leire Díez, ya ex militante del PSOE, buscando información contra la Guardia Civil, u ofreciendo acuerdos con la Fiscalía a empresarios salpicados por corrupción.
El miércoles, en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta), la referente de Sumar consideró que todo lo que rodea a Díez es ya “un vodevil” y un “esperpento”, y exigió al PSOE que rinda cuentas públicamente. A Pedro Sánchez, por su parte, le requirió explicaciones en privado: “Creo que esto merece una conversación, sin lugar a dudas”.
Ambos coinciden jueves y viernes en Barcelona, en la XXVIII Conferencia de Presidentes, que ya se anticipa de alto voltaje con las comunidades autónomas gobernadas por el PP. La petición de la vicepresidenta, sin embargo, no se ha visto trasladada a las agendas, y no está previsto ningún encuentro entre ambos en estas jornadas, según su equipo.
La socialista convertida en epicentro de la polémica comunicó el martes al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, su decisión de cursar baja voluntaria -temporal- de militancia. Según la vicepresidenta, si esta persona hubiera sido militante de Sumar, ella habría ordenado su expulsión inmediata. “No tenga la menor duda”, aseveró.
Delante y detrás de las cámaras, la vicepresidenta segunda traslada que estos escándalos no sólo bloquean la capacidad del Ejecutivo de introducir asuntos en la agenda pública, sino que incrementan seriamente la desafección ciudadana. Desmovilizan a sus potenciales votantes. “El Gobierno tiene que gobernar. Hay que avanzar”, insisten desde el ala de Sumar en la coalición.
Sin embargo, más allá de las explicaciones que pueda recibir fuera de foco, Díaz se resistió a aclarar si Sánchez debería comparecer ante el pleno del Congreso de los Diputados para hablar de esta polémica. Defendió que es el presidente que más ocasiones ha rendido cuentas, y deslizó que prevé que lo haga, pero sin ir más allá. “No he hablado con el grupo parlamentario”, justificó. Insistió en que es el PSOE quien “tiene que explicar esto bien”.
El PP ya exigió formalmente el lunes que Sánchez acuda a explicarse ante la Cámara Baja. El martes se unieron a esta reclamación ERC y Podemos, y otros partidos como Junts per Cataluña reconocen que exigirán lo propio. La Mesa calificará esta petición la próxima semana, y previsiblemente llegará a la Junta de Portavoces una semana después, el día 17 de junio, si sigue los cauces y tiempos habituales.
A todas luces esta comparecencia no se producirá antes del inicio de julio, para que el presidente pueda aglutinar asuntos. Mezclar materias con las que diluir este caso, como el devenir de la cumbre de la OTAN o el próximo Consejo Europeo.
En términos de aritmética parlamentaria, teniendo en cuenta que Vox suele apoyar cualquier acto y formato que les sirva para desgastar al presidente, se da por hecho que la decisión que finalmente adopte Sumar es básicamente política o estética. En ningún caso decantará la balanza. Sánchez tendrá que comparecer, y el socio minoritario lo sabe.
Sí hay divergencias en el análisis de los factores que explican la ralentización o parálisis del PSOE en estas semanas. En el mismo espacio hay voces que encuadran absolutamente todo lo publicado en una campaña de la derecha y la ultraderecha para tumbar al Gobierno. Una campaña que “irá a más”, in crescendo, como advierte un dirigente de este espacio. Hay voces en Moncloa que señalan exactamente lo mismo.
Pero también hay en la izquierda alternativa voces que, como ya ocurrió con el estallido del caso Koldo (febrero de 2024), piden distinguir entre las distintas causas abiertas. Y no perder de vista que una de las reivindicaciones clave del 15-M fue la lucha contra la corrupción. De hecho, apuestan por elevar la contundencia con el PSOE ante todo lo que siquiera asemeje corrupción.
La vicepresidenta dejó pasar tres días antes de pronunciarse sobre los audios de Díez, y sólo lo hizo después de Izquierda Unida. Que el jueves asegurase en televisión que no tenía una posición definida sobre el asunto que lleva casi dos semanas copando la agenda mediática también descolocó a buena parte de los suyos. “No tengo opinión”, llegó a responder.
El pulso por la jornada laboral, en segundo plano
Antes de su entrevista televisiva, Díaz entró y salió en el Congreso de los Diputados evitando hablar con los medios de comunicación. Inauguró las jornadas de su grupo sobre los retos económicos y sociales del sector bancario en España, pero no respondió preguntas. El “vodevil” de Díez es tremendamente incómodo para toda la coalición.
Y evita que el Ejecutivo dé el paso que reclama la vicepresidenta: que ponga “la directa hacia el giro social de la legislatura”. El “ruido” y el “fango”, contra el que pide aprobar un paquete legislativo, lo tapan todo. También parte de los movimientos en la negociación parlamentaria para aprobar el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, que tiene a Junts como principal detractor.
El jueves, la referente de Sumar avisó a las patronales de que el Gobierno está dispuesto a impulsar por decreto, sin negociar, el endurecimiento del registro horario que ya incluye el proyecto de ley. Ha identificado que el control horario es “la clave” de la oposición de las patronales, y no el paso de trabajar 40 horas semanales a 37,5 horas, que ya reconocen algunos convenios. Aún así, esta reducción afectaría a 12,5 millones de personas, según sus cálculos.
La vicepresidenta segunda intenta evitar las cuestiones orgánicas, como el incendio con Compromís, o el propio caso de Leire Díez, y organiza estos días distintos actos por todo el país para vender las bondades de su medida estrella.
Los suyos, como el PSOE, están teniendo difícil incorporar al debate público estos temas. No es la primera vez que Sánchez decide resguardarse y esperar a que escampe. Pero, vistas las encuestas y la situación orgánica de su espacio político, Díaz tiene mucho más difícil quedarse quieta.