El Gobierno presume de haber llevado al Boletín Oficial del Estado (BOE) 46 normas, entre ellas varios reales decretos, cuando se cumplen exactamente dos años desde la investidura de Pedro Sánchez (16 de noviembre de 2023). Esto es, dos años y tres meses desde el inicio de la XV Legislatura.
Dos años en los que ha logrado coser los votos necesarios para salvar las batallas parlamentaria en la mayoría de ocasiones (esta misma semana volvió a conseguirlo). Y en los que, a menudo, también ha recibido serios correctivos por parte de las fuerzas de la Cámara Baja.
La estrategia pasa por incidir en las dificultades obvias para forjar acuerdos en un Parlamento tan fragmentado, y en pasar por alto las derrotas infligidas por el bloque de PP, Vox y UPN, con los apoyos ocasionales de Junts per Catalunya y Podemos. Y por centrar los focos en los avales logrados a pesar de su minoría parlamentaria (el PSOE tiene 120 diputados, Sumar 26).
Suelen obviar también que el total de iniciativas legislativas que llevan sus rúbricas, pero que mantienen frenadas en distintas fases de tramitación -por ausencia de apoyos o por oportunidad política-, son muchas más de las que les gustaría.
De hecho, dos años después de la investidura, el número de normas que permanecen en el congelador del Congreso de los Diputados es superior al de iniciativas que ya han logrado llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE).
39 proyectos de ley en el limbo de las enmiendas
En concreto, el listado publicado y regularmente actualizado por la Cámara Baja recoge que a mitad de noviembre hay 39 proyectos de ley (iniciativas que impulsa el Gobierno) varados en trámite de ampliación de enmiendas. Esto es, a la espera de que los grupos acuerden cerrar el plazo para plantear modificaciones al articulado de estas normas, para así permitir que continúen sus respectivas andaduras parlamentarias.
Algunas de estas normas proceden de reales decretos ley que el Ejecutivo aceptó vehicular como proyectos legislativos para poder presentar enmiendas, siempre por exigencia de sus socios. En la pasada legislatura, ninguno de estos proyectos de ley concluyó su trámite: todos los reales decretos ley se mantuvieron en vigor en los términos en los que estaban redactados, sin que cristalizara ninguna de las modificaciones propuestas.
El bloqueo, además, se extiende a las ocho proposiciones de ley (iniciativas de los grupos) impulsadas por el PSOE, tres en el caso de Sumar, que también ven extenderse el plazo para la presentación de enmiendas sin que se produzcan avances significativos en su tramitación.
Es habitual que los grupos recurran a la fórmula de prorrogar estos plazos para así ganar tiempo para negociar. O para mantener en vía muerta iniciativas que no consideran prioritarias, pero que en su momento se vieron obligadas a avalar. Incluso, para mantenerlas a resguardo a la espera de que se origine un clima político más favorable, que facilite su tramitación.
Este congelador está atestado: más allá de las normas firmadas por el Ejecutivo y los partidos que lo vertebran, hay decenas de iniciativas de otros grupos que permanecen paralizadas en el trámite de enmienda. Entre ellas, tres del PNV; dos de ERC; otras dos de Junts; una de EH Bildu y otra de Podemos.
El del PP es el grupo con más normas paradas en este trámite (13), y dada su minoría parlamentaria es difícil que pasen de este punto. Aunque el récord absoluto lo ostenta el Senado, donde los conservadores tienen mayoría absoluta. En total ha 29 iniciativas de la Cámara Alta que duermen el sueño de los justos en el Congreso, entre sucesivas ampliaciones del plazo para presentar enmiendas.
La ley mordaza y la norma para limitar las acusaciones populares, en otro limbo distinto
Este repaso sólo alude a las iniciativas legislativas que ya han logrado el primer aval de los grupos para comenzar su tramitación. Es decir, que han superado el debate de toma en consideración, que no tienen que afrontar los proyectos de ley, pero sí las proposiciones de ley.
Sin embargo, hay iniciativas que han sido registradas y apenas han pasado el filtro de la calificación de la Mesa, sin llegar siquiera a su primer examen en pleno. Entre ellas destacaba la proposición de ley del PSOE contra las “acciones judiciales abusivas”, la norma que presentó su grupo parlamentario a bombo y platillo, sorpresivamente, el pasado 10 de enero -mes inhábil-.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, compareció casi sin preaviso para dar a conocer la norma que busca limitar el ejercicio de la acusación popular en causas judiciales, y que fue duramente contestada incluso por los socios. Hasta el 14 de noviembre, cuando fue retirada, permaneció en soporte vital.
Además, hay otro tipo de limbo para las iniciativas parlamentarias, que ejemplifica como ninguna otra norma la derogación parcial de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. Se trata de una ley aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuya eliminación es fundamental para la izquierda. Sánchez ha sido incapaz de derogarla en siete años como presidente, aunque antes de llegar al poder prometió hacerlo.
La izquierda estuvo a punto de lograr un pacto para sepultar esta norma en la pasada legislatura, y en la actual vendió un principio de acuerdo que todavía no se ha visto reflejado en avances concretos. Procedimentalmente, está en un estadío más avanzado que las normas en periodo de prórroga de enmiendas. De facto, también permanece en tierra de nadie.
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