Hay indicadores muy gráficos de hasta qué punto hace sufrir al Gobierno el estallido de su mayoría parlamentaria. La frágil suma que permitió la investidura de Pedro Sánchez ha sido particularmente difícil de invocar entre el inicio de 2026 y el parón de Semana Santa, el periodo que abarca el primer trimestre del año.
En estos meses, el Congreso de los Diputados ha convalidado seis reales decretos leyes del Gobierno. También ha aprobado un proyecto de ley -Economía Social- y una proposición de ley -contra la multirreincidencia-. En total, ocho normas con rango legal han pasado el filtro de la Cámara Baja.
Frente a esto, otras cuatro han sido tumbadas por los grupos del Palacio de la Carrera de San Jerónimo. Tres de ellas, además, ya habían sido publicadas en el BOE, y por tanto estaban en vigor.
Hay particularidades a destacar en este periodo, por más que el conjunto de la legislatura ya resulte atípica. El hecho de que la inmensa mayoría de las normas sometidas a votación en estos tres meses fueran decretos leyes ya es anómalo. Pero que el Ejecutivo vea derogados tres reales decretos en cuestión de unas pocas semanas no tiene precedentes.
Por si fuera poco, el Gobierno va camino de batir el récord que acaba de lograr, si no consigue los apoyos necesarios para aprobar su real decreto ley que topa la subida de los alquileres de vivienda. Previsiblemente se votará a finales de abril, si mantienen su decisión de alargar los plazos para intentar negociar. El decreto aterrizó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 21 de marzo, y desde entonces cuentan con 30 días hábiles para evitar que quede en agua de borrajas.
Del ómnibus al escudo social, pasando por la rebaja de la tasa de alcoholemia
Independientemente de lo que ocurra con esta norma, la ruptura de Junts per Catalunya con Sánchez ya se ha traducido en el descarrilamiento de tres de las cuatro normas fallidas estos meses: La primera, el decreto ómnibus, tumbado en el único pleno celebrado en enero, mes inhábil a nivel parlamentario.
A su vez, el pleno del 26 de febrero, dos días antes del inicio de los ataques de EEUU e Israel en Irán, estaba llamado a ser una fecha marcada en rojo en el calendario. En esa misma jornada, el Gobierno vio estrellarse dos de los cuatro reales decretos que sometía a debate de convalidación: la segunda versión del escudo social, que ya no iba vinculada al incremento de las pensiones -como sí iba en el ómnibus-, y un decreto para poder topar precios de bienes y servicios esenciales en situaciones de crisis.
En los tres casos anteriores, fueron los votos de PP, Vox y Junts los que hicieron descarrilar estas normas. El 18 de marzo, sin embargo, fue ERC quien unió sus votos a PP y Vox para tumbar una norma socialista en avanzado estado de tramitación. En la Comisión de Interior, estas fuerzas dinamitaron la proposición de ley del PSOE para rebajar la tasa máxima de alcohol al volante. Cuarta y sonada derrota. Todas, entre el 27 de enero y el 18 de marzo.
59 leyes en lo que va de legislatura
El primer Ejecutivo de coalición solía presumir de su capacidad legislativa: en algo más de tres años y medio lograron sacar adelante alrededor de 220 iniciativas de distinta magnitud. En la segunda coalición de Sánchez, marcada por la dependencia de Junts, la cifra de leyes aprobadas se sitúa en 59 a las puertas de Semana Santa.
En dos años y medio, por tanto, el Gobierno apenas ha logrado aprobar una cuarta parte de las iniciativas que impulsó entre 2019 y 2023. A la vuelta de vacaciones, la precampaña andaluza se dejará notar, obligando a bajar el pistón con las normas más sensibles. Al menos, hasta después de la cita con las urnas del 17 de mayo. Superada esa fecha, sólo podrán contar con el mes de junio para desarrollar su actividad ordinaria.
Julio es inhábil, y apenas se suele utilizar para acoger algún pleno previo a las vacaciones de verano. Y en septiembre, los tambores electorales para las autonómicas y municipales, pero también para las generales, volverán a hacer muy difícil que el Ejecutivo lograr apoyos para legislar. La “ventana de oportunidad” a la que suele aludir el Ejecutivo va volviéndose cada vez más estrecha.
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