La Generalitat de Catalunya ha lanzado la campaña “8 millons de raons“ [8 millones de razones] para informar a la ciudadanía sobre el nuevo modelo de financiación que pretende, destacando su impacto en los servicios públicos y la capacidad de autogobierno. Asegura que “tenemos derecho a una financiación propia”, refiriéndose a la financiación singular que reclama, conjuntamente con Esquerra Republicana de Cataluña. Y lo hace tanto con spots directos como con banners subliminales en los medios de comunicación que controla, especialmente audiovisuales, sobre todo en TV3, pero también en otros canales supervisados por el CAC (Consejo Audiovisual de Cataluña).
La campaña tiene como finalidad informar a la población sobre la reforma del modelo de financiación singular. Como la palabra “singular” les pone problemas, utiliza el vocablo “propio”, que cree más inocuo y, sobre todo, susceptible de ser interiorizado fácilmente, como en el caso de la que denominan lengua “propia” de Catalunya, refiriéndose al catalán, como si el español resultase ser algo impropio de ser utilizado por millones de personas. Afirman en esa publicidad que el sistema “propio” permitirá contar con 4.700 millones de euros adicionales el primer año para reforzar la sanidad, la educación y otros servicios públicos esenciales, además de mejorar el autogobierno de la comunidad autónoma, que pasaría a decidir acerca del 100% de los ingresos tributarios.
La polémica ha surgido por diversos motivos y ha llegado hasta la presentación de denuncias en el CAC por parte de Junts (sic,) y algún que otro particular mediático, sobre la base de que se está haciendo propaganda subliminal acerca de la acción de gobierno y se da por hecho de que se puede contar con total facilidad con las aportaciones de ese “singular” modelo. Afirman en la publicidad institucional que ello sólo precisa de un acuerdo político que presentan como inminente. Tan inminente que van diciendo que, con los cambios habidos recientemente en el Gobierno, desde Madrid se ve con mejores ojos que Cataluña tenga ese sistema “propio” al que, según ellos, tiene derecho. Olvidan y no informan en ningún lugar que para que ello pueda darse es preciso reformar la Constitución, que no tiene previsto un modelo singular para Cataluña, sino que sitúa a esta comunidad autónoma dentro del régimen general de financiación. No existe un derecho a la financiación propia o singular. Existe una regulación constitucional, que hoy por hoy es la única vigente, que sólo establece regímenes singulares para el País Vasco y Navarra.
En la Constitución no se cerró el modelo, originando una configuración del Estado de las Autonomías con excesivas licencias jurídicas, incluso avaladas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el consabido bloque de la constitucionalidad, que ha sido utilizado en formas diversas y, a veces, contradictorias. Siendo la estructura de este Estado autonómico, una de las variantes de los denominados “Estados compuestos”, el obsoleto pánico a lo federal ha imposibilitado una reflexión seria y transversal sobre cómo organizar un Estado complejo entroncado en otra estructura compleja que es la Unión Europea, la cual, por cierto, se ha fraguado sobre estructuras federales, aunque no se las haya llamado por tal nombre.
Existen dos preceptos clave en la Constitución cuya aplicación sesgada ha generado importantes desajustes en el desarrollo de nuestro modelo territorial. Se trata, por un lado, del artículo 148.2 CE, que permite a las comunidades autónomas asumir competencias conforme a lo previsto en sus estatutos sin clarificar debidamente los límites (el sistema de doble lista u cláusula residual, insólito en el constitucionalismo comparado, no facilita las cosas). Y, por otro, del artículo 150.1 CE, que establece instrumentos de adaptación del sistema —como las leyes marco o de transferencia—, así como, especialmente, del número 2 de dicho artículo, que posibilita la transferencia o delegación a las comunidades autónomas de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal (siempre que sean susceptibles de transferencia o delegación reza el artículo, fórmula que tampoco ha ayudado a un establecimiento objetivo de esas cesiones competenciales).
Como consecuencia de la aplicación de esos preceptos se ha producido un proceso de centrifugación de competencias que ha tendido a difuminar el papel de la Administración central y del Gobierno del Estado, favoreciendo, además, un solapamiento de competencias que dificulta la delimitación de las funciones correspondientes a cada nivel político-administrativo. Tampoco se ha tenido en cuenta que, en demasiadas ocasiones, no se ha respetado la progresiva cesión de competencias a la UE, complicando todavía más el modelo. Todo ello ha repercutido negativamente en el funcionamiento del Estado autonómico y, en última instancia, en perjuicio del conjunto de los ciudadanos.
También hay que señalar que no se puede acordar de forma bilateral entre el Gobierno y una o varias CCAA asuntos de política fiscal que afecten al Estado y/o a todos los ciudadanos españoles, incluyendo cualquier medida de política fiscal y financiera o de gestión tributaria. La Constitución, la LOFCA y la jurisprudencia constitucional se oponen a ello. Máxime cuando tales medidas se pretenden acordar mediante pactos espurios, fuera de las instituciones y, como estamos viendo, engañando a la ciudadanía.
Así las cosas, esta irregular campaña institucional, pretendiendo hacernos creer que tenemos derecho a una financiación propia o singular, parece ser que ha sido avalada por el CAC por mayoría y no se ha hecho pública ni la votación ni cuáles han sido los consejeros disidentes, pues la transparencia no opera aquí, siendo imposible comunicar los votos a favor y en contra.
Tampoco sabemos en qué se basan para afirmar que, en el Gobierno español, con los recientes cambios, se ve con mejores ojos la propuesta “catalana”. Fían especialmente a la postura “dialogante” siempre exhibida por el flamante vicepresidente Cuerpo, que no ha dicho al respecto esta boca es mía desde que ostenta el cargo y no me parece, francamente, un decidido partidario de inconstitucionalidades. Siempre he pensado que qué hace un chico como él en un Gobierno como éste…. Pero, como dicen los creyentes, los caminos del Señor son inescrutables.