El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha autorizado la puesta en marcha de una investigación, que ha sido solicitada por la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y en la que estarán involucrados el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la Fiscalía Especializada de Cooperación Internacional, para que se determine si los actos llevados a cabo por Israel el Gaza podrían ser “graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, constitutivas de crímenes previstos en los artículos 607 y siguientes del Código Penal”, según el decreto de la Fiscalía al que ha tenido acceso la Cadena SER.
La Fiscalía de Derechos Humanos ha solicitado la Fiscalía General del Estado la puesta en marcha de estas diligencias preprocesales (que quedan en manos de los fiscales y no de un juzgado) como consecuencia de la recepción de un informe de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía relativo “a las acciones del ejército israelí en la Franja de Gaza contra la población civil y que podrían ser contrarias al derecho internacional”, según esta investigación desarrollada en el marco de la Operación ELIAT.
Por ello, García Ortiz decreta “remitir a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el informe de la Comisaría General de Información obrante en el expediente de referencia a los efectos de incoar las correspondientes Diligencias de Investigación Pre Procesal, que deberán ser comunicadas a la Corte Internacional de Justicia y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como a la fuerza actuante” según el decreto.
Abundante material probatorio
A la Policía le llegó abundante material probatorio, realizaron un informe y lo acabaron poniendo en manos del Ministerio Público. En él se incluyen pruebas de posibles crímenes contra la humanidad por los indicios de “genocidio”, según fuentes de la investigación. La información contenida en ese informe, elaborado por la Unidad Operativa de la Policía Nacional, se basa en “testimonios de testigos protegidos”, así como en “importantes elementos probatorios sobre las acciones y circunstancias en el terreno”.
El escrito de la Fiscalía, que estaba siendo preparado desde junio, ha sido actualizado e incluye las conclusiones de la comisión de investigación de la ONU que este martes certificó en un informe de 80 páginas que los hechos cometidos por Israel en Gaza constituyen un “delito de genocidio” y, sobre todo, por los elementos que aporta de prueba.
Dolores Delgado explica que se han desarrollado varias acciones desde espacios de justicia internacional como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, de la que España forma parte y a la que además nuestro país se adhirió a la causa abierta por Sudáfrica ante la Corte (España decidió intervenir formalmente el 28 de junio de 2024, ejerciendo su derecho como Estado parte de la Convención de 1948 para la Prevención y Sanción del Genocidio), según se dice en el decreto del Fiscal General el Estado, “apoyando expresamente las medidas cautelares impuestas por la CIJ, España señaló como objetivo respaldar a la Corte y contribuir a aplicar las medidas cautelares obligatoria”.
La jurisdicción de España
La ley de Cooperación con la Corte Penal Internacional, y el artículo 23.4.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se citan en el escrito de la Fiscalía, otorgan jurisdicción a los tribunales españoles “para conocer de hechos cometidos fuera del territorio español que pudieran ser constitutivos de delito de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”. Se dice también que “el ejercicio de la función jurisdiccional, como manifestación tradicional de la soberanía estatal, se limita al interior de las fronteras. No obstante, en el contexto actual, se hace necesaria la cooperación entre los Estados para poder satisfacer las demandas de justicia y seguridad de los individuos y de la sociedad, así como para luchar de una manera efectiva contra la impunidad”.
El fiscal general recuerda los procedimientos en marcha en la Corte Internacional de Justicia y en el Tribunal Penal Internacional respecto a los posibles crímenes internacionales cometidos por Israel en Gaza y subraya que España no solo forma parte de ambos sino que, en el caso concreto del impulsado por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, nuestro país “decidió intervenir formalmente el 28 de junio de 2024, ejerciendo su derecho como Estado parte de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio”, y apoyó las medidas cautelares impuestas.
“Por eso, y dado el estado actual en los territorios de Palestina, cualquier prueba, ya sea directa o indirecta, que sea posible recabar en nuestro país ha de ser fijada en un marco procesal que permita luego su uso. Y ello en un doble sentido: como elemento catalizador de la cooperación internacional y de preservación del acervo probatorio, propio o ajeno, que sea posible recopilar para que en un futuro puedan ser usadas adecuadamente como pruebas de cargo de los delitos cometidos”, de ahí que el escrito de la Fiscalía autoriza a la “Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática a instruir las oportunas diligencias de investigación pre procesal en relación con los hechos anteriormente descritos, permitiéndole asumir la competencia para su despacho, atendida su especial trascendencia, gravedad de los hechos y número de víctimas producidas hasta el momento”.