El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo). El texto moviliza 30 millones de euros. Lo ha presentado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior a la reunión, y su objetivo es que los afectados cobren cuanto antes, sin esperar a que se resuelvan los trámites ordinarios de los seguros.
El dinero se divide a partes iguales. La mitad, 15 millones, irá a ayudas directas, y los otros 15 millones a adelantar parte de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil. Las víctimas cobrarán ambas cantidades en un único pago.
Hacienda no se quedará con nada, porque las ayudas estarán exentas de tributación. Además, se suman a las coberturas que ya prevé la ley para las víctimas de accidentes ferroviarios y son compatibles con las indemnizaciones obligatorias de los seguros.
Por cada persona fallecida, el Gobierno abonará una ayuda directa de algo más de 72.121 euros y la misma cantidad como anticipo del seguro. En total, más de 144.000 euros.
Para los heridos, la cuantía dependerá de la gravedad de las lesiones. Va desde algo más de 2.404 euros en los casos leves hasta más de 84.141 euros en las lesiones más graves. El anticipo del seguro será igual que la ayuda en cada caso.
El decreto también protege a los trabajadores que resultaron heridos. De forma excepcional, sus bajas por incapacidad temporal se tratarán como si fueran un accidente de trabajo. Esto tiene dos consecuencias: cobrarán la prestación desde el primer día de baja, y no desde el cuarto, y recibirán el 75% de la base reguladora, en lugar del 60% que corresponde a una baja por enfermedad común.
El mismo criterio se aplicará a las pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia que se deriven del accidente, siempre que salga más favorable para el beneficiario. Los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas que tengan derecho a una pensión de jubilación por incapacidad, viudedad, orfandad o a favor de sus padres podrán acogerse al régimen de pensiones extraordinarias, que es de mayor cuantía.
Esta protección no habrá que pedirla, porque se aplicará de oficio. Además, tendrá efectos retroactivos, incluso en los casos en los que la baja o la pensión ya se hayan reconocido o extinguido.
Para ayudar a los afectados con los trámites, el Gobierno abrirá Oficinas de Atención Integral a las víctimas del accidente en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. Allí, y en el resto de oficinas de atención a la ciudadanía de estas sedes, se podrán solicitar y tramitar las ayudas y los anticipos.
Quien no pueda desplazarse será atendido en su casa, en cualquier punto de España, por personal de las Subdelegaciones. Se hará a través del programa “La Administración Cerca de Ti”, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
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