Alejandro López de Miguel
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La negociación sobre las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Catalunya ha pasado bajo el radar, pero el Gobierno y Junts per Catalunya no han dejado de moverse. Mientras el foco estaba puesto en los frentes judiciales, en la DANA que golpeó con especial fuerza a la Comunidad Valenciana, o en la gestión de esta catástrofe, las conversaciones y las reuniones no han dejado de sucederse.
Ni el Ejecutivo ni el president de la Generalitat, Salvador Illa, han querido hablar de plazos, si bien fuentes conocedoras de las conversaciones trasladan a Artículo14 que la intención es cerrar la transferencia de estas competencias, tan codiciadas por Junts, antes de finales de año. Hasta la fecha, en Moncloa han evitado pillarse los dedos con referencias temporales claras, y la única pista que daban esta semana es que estaban en racha de lograr “179” votos a favor en el Congreso de los Diputados.
La gestión de la DANA y los escándalos que salpican al Gobierno, así como las agónicas negociaciones que fructificaron en la aprobación de su paquete fiscal, han copado el grueso de titulares. Entre medias, tocaba prudencia ante el congreso de ERC, que se saldó el sábado con una insuficiente victoria de Oriol Junqueras (considerado el mayor garante de mantener el rumbo en lo que toca a los pactos con Pedro Sánchez), que le obliga a pasar por segunda vuelta, el 14 de diciembre.
Durante los seis años y medio de Sánchez en Moncloa, e incluso en esta legislatura, ha habido situaciones en las que ha tocado o ha convenido orillar todas las conversaciones a diferentes bandas para concentrarse en un único frente. Éste no ha sido el caso. Las negociaciones soterradas han seguido desarrollándose fuera de foco, hasta el punto de que el Ejecutivo y sus socios tienen sobre la mesa los embriones de más de un real decreto ley sobre distintas cuestiones.
No sólo se trata de la senda de déficit y los Presupuestos Generales del Estado para 2025; de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), o de la posible extensión de algunas de las medidas que decaerán cuando expire el real decreto ley para hacer frente al impacto económico de la guerra de Rusia en Ucrania.
Hay toda una batería de medidas por desplegar, y la transferencia de las competencias en materia de inmigración es una de las más importantes. Sánchez ya la comprometió al arranque de 2024, a cambio del apoyo de sus aliados catalanes a varios decretos.
Hace un par de semanas, el secretario general del partido de Carles Puigdemont, Jordi Turull, hizo balance de los compromisos arrancados al Ejecutivo en esta legislatura, así como de los que ya han cristalizado en medidas tangibles. El traspaso en materia de inmigración está entre los que esperan cerrar con urgencia. A falta de fumata blanca, queda también por conocerse la letra pequeña del acuerdo que previsiblemente allanará el camino a la senda de déficit y los Presupuestos.
Junts, pendiente del ascenso de la ultraderecha independentista catalana (Aliança Catalana) apuesta por establecer un “modelo catalán de ciudadanía” para las personas migrantes. Esto se articularía a través de una ley orgánica que facultase a la Generalitat para asumir competencias que, hasta hoy, corresponden al Gobierno central.
En paralelo, el Gobierno no renuncia a la reforma de la Ley de Extranjería que permita establecer cupos de reparto de menores migrantes cuando los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla, sobrepasen sus capacidades. El portavoz del PP, Miguel Tellado, se reúne este jueves con el presidente canario, Fernando Clavijo, y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ninguna de las partes cuenta con alcanzar un pacto tras esta cita.
El Ejecutivo no cuenta con los apoyos necesarios para que la modificación supere el trámite parlamentario, y tampoco el PP está dispuesto a moverse de sus posiciones. “No la vamos a modificar por las presiones de ningún partido político. Ni del PSOE ni de Vox”, afirmaron fuentes del partido conservador. En esta materia no hay visos de pacto, pero en lo que toca a los independentistas catalanes el Gobierno está recuperando cierto optimismo.