La decisión del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de prohibir los ritos musulmanes ha generado un debate sobre su ética y sobre si podría constituir un delito de odio. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha defendido la legalidad de la moción y ha insistido en que “no hay dudas” al respecto, incluso después de que el propio consistorio haya solicitado un informe técnico.
Se trata de la moción aprobada el pasado julio con los votos de PP y Vox, que prohibía el uso de instalaciones deportivas para actividades ajenas a la práctica estrictamente deportiva. Aunque presentada como una regulación de carácter general, la medida afectaba directamente a la comunidad musulmana local, que utilizaba estos espacios para celebrar festividades como la Fiesta del Cordero.
Asimismo, el Gobierno presentó ayer un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo, al considerar que vulnera la libertad religiosa. La Delegación del Gobierno advirtió de que, si no se revoca, la Abogacía del Estado lo llevará ante los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Los vecinos de Jumilla han pasado de llevar su vida con tranquilidad a que les coarten sus libertades de un día para otro.
Y mientras el PP hace juegos de palabras, Vox les retrata jactándose de provocar un destierro forzoso y anticonstitucional. Basta de cinismo. pic.twitter.com/47lKmC1dag
— Elma Saiz (@SaizElma) August 11, 2025
Sin efectos jurídicos
A este respecto, Ezcurra ha subrayado que la moción “no tiene efectos jurídicos” y que la resolución aprobada se limita a dos puntos: impulsar actividades que promuevan la identidad nacional y estudiar una posible reforma de la ordenanza de instalaciones deportivas. Según ha puntualizado, las exposiciones de motivos —donde se habría hecho alguna referencia religiosa— no se votan ni se enmiendan, ha informado Europa Press.
La dirigente popular ha asegurado que el PP “respeta la libertad de culto para todas las religiones” y “reivindica el bagaje católico mayoritario” de España, rechazando cualquier discriminación por nacionalidad o religión. “En la moción de Jumilla no se veta nada, porque ni siquiera se menciona ninguna confesión”, ha concluido.