El retorno de Carles Puigdemont se dirime estos días en las más altas esferas de la Justicia tanto española como europea. Este martes, el Tribunal Constitucional tumbará la última maniobra de su abogado Gonzalo Boye, según avanzan las fuentes consultadas por este periódico.
Ante la negativa del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía a Puigdemont por el delito de malversación, el abogado presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional argumentando que “la voluntad del legislador” era limpiar el historial delictivo de los líderes independentistas. En el recurso, solicitó que mientras se discutía este amparo, decayera la orden de busca y captura contra el que fuera presidente catalán.
“La ejecución de la orden de detención comprometería directamente su libertad física y sus derechos políticos, todo ello sin haber mediado juicio penal alguno en territorio nacional”, argumentó Boye en julio de 2025.
Esta cuestión es la que se debate este martes en el Tribunal Constitucional junto con la misma petición de los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig, también fugados de la Justicia.
Los tres ponentes de esos recursos son los magistrados Laura Díez Bueso, Enrique Arnaldo y César Tolosa. Optan por tumbar la petición de Puigdemont para no interferir en la acción jurisdiccional del Tribunal Supremo. Esto es, para no contradecir al Alto Tribunal.
Una decisión que se tomará casi por unanimidad en el Constitucional. Solo uno de los magistrados, el progresista Ramón Saéz Valcarel, discrepa de la decisión, y las fuentes consultadas prevén que presente un voto particular con su desacuerdo.
Fuentes del Tribunal de Garantías explican a Artículo 14 que levantar la orden de detención y permitir a Puigdemont volver sin haber decidido sobre si es constitucional aplicar la ley de amnistía al delito de malversación “supondría de facto amnistiar a Puigdemont y avanzar la decisión final sobre su amparo”.
Es decir, el expresident, hoy por hoy fugado de la Justicia, tendrá que esperar a que se resuelva el recurso de amparo para ver qué pasa con la orden de detención. El Tribunal de Garantías tiene pendiente de decidir si el delito de malversación que se le imputa entra dentro de la ley de amnistía de Pedro Sánchez que perdonaba los delitos a los líderes independentistas en pro de la mejora de la convivencia en Cataluña.
El grueso de esta ley ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, pero aún duda si cabe en la norma amnistiar también la malversación. De ahí que Puigdemont aún no haya podido volver a España.
El Supremo consideró que ese delito no podía ser amnistiado porque, en la redacción de la norma, se introdujo la excepción de que no sería perdonada aquella malversación cuando se hubiere actuado con un “propósito personal de carácter patrimonial”.
El alto tribunal determinó que los imputados usaron dinero público ahorrándoselo de su bolsillo. “Endosaron sus gastos a la administración autonómica, sin que la iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público. Y lo hicieron aprovechando sus responsabilidades en la Generalitat de Cataluña, no para proporcionar enriquecimiento a otras personas, sino para no tener que atender ellos el coste inherente”, alegaron en el Supremo. Por tanto, consideraron que no podía aplicarse la amnistía a Puigdemont.
A la espera del TJUE
Así las cosas, la defensa de Puigdemont también acudió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre amnistiar la malversación. A ese fallo esperan precisamente en el Tribunal Constitucional para resolver el amparo del prófugo.
La sentencia podría llegar este mismo febrero, y un mes después podría estar resuelto el futuro de Puigdemont según afirman fuentes del Constitucional: “A la mayor brevedad posible”, apuntan.
Si el TJUE falla a favor de amnistiar el delito de malversación, abriría el camino para que el Constitucional conceda el amparo a Puigdemont, borre su historial delictivo y, en consecuencia, decaiga su orden de arresto y pueda volver a pisar suelo español.
De lo contrario, el tribunal de garantías tendría muy difícil conceder la amnistía a Puigdemont: “No se puede separar una decisión de otra. Sería una prevaricación”, afirman las fuentes consultadas.
Las fuentes consultadas hablan de hermetismo en Luxemburgo sobre esta decisión. El abogado general de la UE emitió en verano un informe previo al fallo final en el que se inclinaba por permitir amnistiar la malversación: “La protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la Ley de Amnistía”, arguyó. Sin embargo, fuentes del Constitucional no descartan ningún.
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