El Tribunal Constitucional ha avalado por seis votos frente a cuatro la amnistía de Sánchez, un escenario que pone la pelota sobre la decisión final del TJUE. La catedrática Teresa Freixes analiza el impacto de esta ley propuesta por el Ejecutivo de Sánchez en el tablero nacional.
¿Qué papel han jugado los independentistas?
Han acrecentado toda su presión para que se apruebe la Amnistía en las Cortes Generales, que veremos si se puede aplicar o no porque están las cuestiones prejudiciales, pero lo que está claro es que su objetivo es impulsar la realización del referéndum de autodeterminación, que le llaman ellos. Que ni es referéndum, ni autodeterminación, ni nada. No es compatible ni con la Constitución ni con el Derecho Internacional.
El Gobierno vendía que la ley de Amnistía abriría un escenario de conciliación y acuerdos y más bien parece que la ofensiva independentista ha ganado peso.
Estaba claro desde el principio. La ley de Amnistía ha servido para que la autodeterminación vuelva con más fuerza. Quedaba muy feo decir que con la ley de Amnistía se pretende conseguir siete votos para una investidura. Tenían que vestirlo de alguna manera. La misma comisión de Venecia en su dictamen lo explicita, al señalar que se ha aprobado esta ley sin ninguna valoración de impacto.
¿Cómo afecta la imagen de España en el extranjero?
La imagen de España en las instituciones europeas es penosa. Es penosa en foros internacionales, en muchos estados de la Unión Europea y de América también lo está siendo. Cuando las cosas no se hacen bien la imagen no puede ser buena. Y este Gobierno ha introducido en el país una imagen de confrontación, una dinámica de intento de dominio de la ciudadanía a través de un relato que varían en su conveniencia, no es un Gobierno enfocado en solucionar las necesidades reales que tenemos.
Usted ha dicho en ocasiones que el PSOE está negociando en el extranjero la autodeterminación.
Son ERC y Junts los que lo afirman. Para algo han montado dos mesas negociadoras sin ningún tipo de respaldo legal y formadas en clandestinidad en el extranjero, fuera de la UE en Suiza y con el apoyo de lo que llaman verificadores internacionales, lo cual es vergonzoso. Es algo alucinante que el futuro de un país se debata en este tipo de foros. ¿Qué pensaríamos si Alemania decidiera en Argelia el futuro de su nación?
¿Cree que con este Gobierno la autodeterminación podría llegar a producirse?
Nos venderán la moto a través de la perversión del lenguaje, diciendo que no será un referéndum de autodeterminación, sino una consulta. ¿Pero dónde se va a hacer esa consulta? Porque la quieren hacer sólo en Cataluña, pero el artículo 92 de la Constitución establece que debemos votar todos, porque la cesión de una parte del territorio no afecta sólo a ese territorio. Y va en contra totalmente de la Unión Europea, los tratados en el Artículo 4 obligan a que todos los Estados respeten los límites territoriales de cada uno de los Estados miembros y su propio sistema interno de Gobierno.
¿Cree que la ciudadanía tiene una sensación, permítame ser coloquial, de vivir el día de la marmota con el secesionismo catalán?
Es peor que el día de la marmota, porque el procés se ha trasladado a España. Entonces lo vivíamos en Cataluña, pero ahora lo vivimos en España. Y se puede trasladar a la Unión Europea. Las instituciones allí están muy preocupadas con esta deriva.
¿A qué política habría que volver?
Lo tendremos cuando las fuerzas constitucionalistas puedan tener la mayoría en el parlamento de Cataluña y formar gobierno. Tenemos que volver a la política de la centralidad, de la racionalidad y que sean los extremos los que dejen de estar presentes.
¿Si sumara una pinza PP-Vox sería una buena opción?
No lo sé, no me gusta escorar entre izquierdas y derechas. Siempre he trabajado de una manera transversal. Pero el Partido Socialista actual lo está imposibilitando. Ese mismo partido con el que hicimos la Constitución, la Transición…Y que nos había situado en la franja alta de lo que internacionalmente se conoce como las democracias consolidadas.
¿Juega la educación en los colegios un papel determinante en la expansión del independentismo?
Todo esto lleva programado desde hace tiempo con lo que se llamó “el programa 2000”, una hoja de ruta muy clara que hay que dar la vuelta. Pero si todo esto se ha llevado pergeñando desde los años 80 hasta la actualidad, pues vamos a necesitar mucho tiempo para rebobinar y volver a situarnos en el camino que no debimos abandonar.
¿La separación de poderes está viviendo el peor momento de la democracia?
Efectivamente. En la separación de poderes se basan las democracias y comportan que Legislativo y Ejecutivo tengan sus propios sistemas de control de uno sobre otro y que todos estén controlados por el poder judicial. No puede ser, como está sucediendo ahora, que el poder político quiera controlar al judicial, eso es una aberración. La Comisión de Venecia recoge que el Poder Judicial debe ser completamente imparcial e independiente para garantizar que el resto de poderes funcionen de una manera correcta.
¿Qué busca el Gobierno impulsando que la instrucción la lleven los fiscales y no los jueces?
En muchos países el tema de la instrucción la llevan los fiscales, pero tienen garantizada que no hay una dependencia respecto al Gobierno. Incluso se recomienda por los indicadores europeos, por los que se rigen casi todos los países, que no coincida el mandato del fiscal general del Estado con la legislatura. Aquí sería muy importante que pudiéramos reformar la Constitución en este sentido porque no se puede dar la instrucción a un fiscal dependiente del Gobierno.
¿Cómo valora el que se quieran rebajar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial?
Desde el GRECO -Grupo de Estados Contra la Corrupción- se repite hasta la saciedad que hay que reformar la ley reguladora para que en el conjunto del CGPJ haya unos miembros que estén nombrados por órganos políticos, pero que la mayoría sean jueces escogidos a través de los jueces. Esto lo teníamos en la primera ley reguladora, pero tras un pacto entre los socialistas y los nacionalistas cambiaron la ley y establecieron que todo el CGPJ fuera elegido a través de la negociación parlamentaria. Lo tenemos todo esto encauzado en la Comisión Europea, pero intuyo que hasta después de las europeas no se retomará el tema. Tenemos ahora una cantidad de vacantes que lo que hace es perjudicar al ciudadano porque origina muchos retrasos en los trámites.
¿El fiscal García Ortiz debería dimitir?
Yo desde luego ya habría presentado la dimisión. Por una cuestión de prurito profesional, que el TS te anule los nombramientos no es cosa menor, y en el caso del fiscal no es la primera vez. Y además es algo que ya ha pasado otras veces, el TS anuló el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. El Gobierno tendría que ser más fino cuando presenta los candidatos a los altos cargos de cualquier tipo de órgano, y pensar que son órganos que tienen que responder a las necesidades de la ciudadanía.
