El Ministerio del Interior bloqueó una cuenta de la Asociación de Mujeres de Militares y Policías que recibió “cuantiosas sumas económicas” tras el 23F. Así lo muestra un documento desclasificado este miércoles por La Moncloa, que apenas un mes después del intento de golpe de Estado, da cuenta de la decisión de congelar esta cuenta.
En una nota sobre la que se ha escrito con un rotulador verde “golpe de Estado” con fecha del 27 de marzo de 1981, se constata que esta asociación recibió, tras el 23F, “cuantiosas sumas económicas” en concepto de donativos para las familias de Guardias Civiles implicados en el golpe, así como para los herederos de víctimas de asesinatos.
Los fondos se encontraban a nombre de la Asociación en una cuenta del Banco Central que, por una orden del Ministerio de Interior, fue sido bloqueada, “y se impide a los titulares disponer del dinero”.
En aquel entonces el ministro del Interior era Juan José Rosón, que sustituyó el 27 de febrero de 1981 al militar Antonio Ibáñez Freire, y que estuvo en el cargo en el Ejecutivo de UCD de Leopoldo Calvo-Sotelo hasta que Felipe González empezó a gobernar el 3 de diciembre de 1982
Malestar en el Ejército
Una documento del 18 de marzo de 1981 ya había constatado que se había tenido conocimiento de que, “desde altas instancias castrenses”, se podría iniciar una campaña de ayuda económica para familiares de militares y agentes implicados en el golpe.
En este texto se daba cuenta del malestar en el Ejército por posibles persecuciones a familiares de implicados en el asalto al Congreso de los Diputados.
El rastro del apoyo a los familiares
Una tercera nota, posterior al acontecimiento, del 10 de mayo de 1983, de la Brigada de Información Interior, también aborda el apoyo económico de los implicados e informa de que, como consecuencia de que algunos de los procesados han perdido su condición de militares (con su consiguiente merma de ingresos) un grupo de empresarios, amigos y simpatizantes han formado un fondo común.
Estas personas aportaban todos los meses cantidades con las que buscan paliar “las necesidades económicas de algunas de estas familias”. En el texto aparece tachado el nombre de una de las “familias” que colaboraron en el fondo común.
El CESID alerta de un “rumor grave”
El seguimiento de lo que hacían militares fue constante. Otro de los documentos desclasificados es del CESID y muestra que el Centro Superior de Información de la Defensa, que fue sustituido por el CNI en 2002, avisó el 5 de febrero de 1982 de rumores fundados sobre contactos del Rey con Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada para no salir mal parado en el juicio.
La nota “Sobre entrevistas de S.M. El Rey con militares implicados en el 23F”, alertó de que altos mandos del Ejército daban por ciertas estas injerencias, lo que al CESID le parecía un “rumor grave”.
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