La Fiscalía ha informado a favor de que se abra una investigación sobre la gestión del Consell de la Generalitat Valenciana, dirigido por Carlos Mazón, en la DANA del 29 de octubre que ha dejado un balance de 223 víctimas mortales, tres desaparecidos, 80 pueblos de la provincia de Valencia afectados y daños materiales millonarios.
Según ha avanzado El País, el Ministerio Público se muestra partidario de que se abra una investigación sobre la posible responsabilidad del presidente de la Generalitat en la gestión de la DANA. Señala este medio que sobre el órgano competente para investigar los hechos, la Fiscalía considera que debería ser un juzgado de instrucción el que lleve a cabo “una completa investigación judicial sobre los hechos acaecidos concretando la intervención, o, en su caso, inacción, de cada uno de los querellados y denunciados”. Ya en el caso de que existan indicios de criminalidad suficientes contra el líder popular, se podría elevar una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), dado el aforamiento del que goza el presidente.
De esta forma se ha pronunciado ante la petición de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la cual le trasladó la pasada semana una providencia en la que le daba dos días de plazo para emitir un informe sobre la competencia del TSJCV en este caso y la admisión
La Sala acordó acumular en la misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas hasta el pasado viernes 13 de diciembre contra Mazón por la gestión de la DANA al considerar que tratan “sobre los mismos hechos”. El Ministerio Público considera que la investigación debe ser única y conjunta, según el citado medio.
Sobre ello, fuentes del Ejecutivo autonómico señalan a Artículo14 que la Fiscalía “ni atribuye ni señala ninguna conducta concreta contra Carlos Mazón”. Es debido a ello por lo que pide que la causa “la instruya un juzgado ordinario y no el TSJCV, que es el único competente para juzgar al president“.
Otras denuncias
En este caso se trata de una denuncia interpuesta por Manos Limpias contra responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, AEMET y la Agencia Valenciana de Emergencias, que recayó inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 15, que se inhibió a favor de otra instancia, el 20, por ser este órgano el primero que abrió diligencias previas por el fallecimiento de una persona en la capital durante las inundaciones.
Este último juzgado rechazó la inhibición por considerarla “prematura” y no apreciar en este momento procesal “nexo causal” entre los hechos que relata la denuncia y el fallecimiento de un vecino del barrio de La Torre durante la noche de la inundación. Será, por tanto, la Audiencia de Valencia el órgano que resuelva sobre a qué instancia le corresponde la instrucción.
Por último, también constaba a mediados de noviembre una querella interpuesta por la organización Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, recaída en el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, que la ha inadmitido por un defecto formal, al no presentar un poder especial sino general. En este caso, según explicó en su día el TSJCV, la querella está inadmitida por defecto procesal subsanable relativo al apoderamiento, una decisión que fue recurrida por la parte querellante.