La jueza que investiga la gestión de la DANA que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia en octubre de 2024 ha acordado citar a declarar como testigo al expresidente valenciano Carlos Mazón.
La magistrada señala que Mazón puede aportar voluntariamente al procedimiento su listado de llamadas entrantes y salientes de fecha 29 de octubre de 2024, así como sus mensajes de wasap u otro tipo de mensajería, relacionados con la emergencia.
Así lo ha decidido en una resolución judicial la magistrada, quien argumenta que el auto emitido recientemente por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, después de que ella elevara una exposición razonada para solicitar que Mazón fuera investigado, “excluye” su “responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante”, según ha informado el TSJCV en un comunicado.
La instructora precisa que “no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa” (en el envío del ES-Alert). De este modo, “no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales de Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical”, concluye.
Cabe recordar que pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó el lunes 16 por unanimidad investigar al líder del Ejecutivo valenciano al no apreciar un “fundamento sólido y objetivo” de que los hechos descritos en la exposición elevada por la magistrada “revistan carácter de delito”.
Los cinco magistrados que integran el órgano judicial descartaron por tanto declarar su competencia para abrir una causa penal contra Mazón y basaron su decisión principalmente en que éste no ostentaba la posición de garante de un deber u obligación específicos que exige para ser perseguido, entre otros requisitos, el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión.
Marino y alcaldes
En la misma resolución la jueza acuerda la declaración testifical de la que fuera portavoz del Gobierno en esa fecha, Ruth Merino, así como requerir a diversos alcaldes para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29-O con distintas autoridades y miembros del CECOPI.
Finalmente, en una providencia, la jueza acuerda, entre otras cosas, citar de nuevo al subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, para que realice aclaraciones a su declaración testifical anterior, así como a la exconsejera de Justicia investigada, Salomé Pradas, para realizar un cuerpo de escritura para hacer una prueba pericial caligráfica respecto de un documento manuscrito aportado por el citado subdirector general.
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