“Algunos utilizan la vivienda para enriquecerse sin escrúpulos. Eso no es libertad, es abuso. Una parte importante de la población, especialmente la gente joven, vive de alquiler”. Con estas palabras, Pedro Sánchez anunció el lunes que aprobará un real decreto ley con tres medidas “urgentes” y “contundentes” en vivienda, uno de los principales problemas que atraviesa el país. El presidente insistió en esas personas y familias que se enfrentan a dos problemas, “cuando finalizan sus contratos de alquiler” y cuando “buscan pisos para alquilar”. Subrayó que seguirán “construyendo más vivienda” e interviniendo “el mercado del alquiler.
A continuación, Sánchez desplegó un sistema de incentivos para propietarios como la diputada socialista Mercè Perea, que, de acuerdo con su Declaración de Bienes y Rentas de Diputados, dispone de trece inmuebles en Cataluña y la comunidad valenciana. Nueve viviendas de naturaleza urbana, adquiridas mediante donación, y otras cuatro mediante compraventa (dos de ellas al 50%, una al 70% y otra al 100%). Dos están ubicadas en Barcelona, una en Tarragona y el resto se reparte en los municipios catalanes de Castelldefels y Hospitalet de Llobregat (su localidad natal) y uno de ellos en Torre Endoménech (Castellón).
18.415 euros de ingresos anuales por arrendamientos
Según la información aportada, declara 18.415 euros de ingresos anuales por arrendamientos de inmuebles, por lo que no parece que tenga alquiladas la mayoría de esas esas propiedades. El documento no menciona contratos de arrendamiento y tampoco hay referencias fiscales o patrimoniales habituales de una vivienda alquilada. En ausencia de referencias expresas en esta descripción patrimonial a arrendamientos, arrendatarios o más ingresos por rentas inmobiliarias, puede deducirse que parte de las propiedades no está siendo explotada en régimen de alquiler.
Perea, abogada y madre tres hijos, es diputada en el Congreso desde 2016. En algunas de sus entrevistas ha insistido en que “dice mucho de nosotros como sociedad haber marcado objetivos que nos hacen mejores como país”. Entre ellos menciona “lograr el acceso a la vivienda real y efectiva de las personas”. En su discurso público prioriza la protección de inquilinos vulnerables sobre intereses privados.
Mientras los 350 diputados del Congreso suman unas 615 viviendas en propiedad, la oferta inmobiliaria ha caído de forma abrupta en los últimos meses. En Cataluña, la disponibilidad de inmuebles en alquiler permanente se ha reducido hasta un 26% después de la introducción de controles de precio y otras regulaciones. Esta escasez hace que la competencia por cada piso disponible sea muy alta: hay muchos posibles inquilinos para cada vivienda en el mercado. En Barcelona se ha alcanzado un máximo histórico de hasta 444 interesados por cada inmueble, según el Observatorio del Alquiler. 140, en Girona.
Según datos de plataformas inmobiliarias, los precios del alquiler en Cataluña han aumentado entre un 10 % y más de 18 % interanual en 2025, situando a la región entre las más caras de España. Cataluña fue pionera en aplicar controles de alquiler y límites en zonas consideradas “mercado tenso”. Esto provocó la reducción de la oferta de alquiler permanente. Los propietarios retiran pisos del mercado o los destinan a otros usos.
Compartir piso, una opción creciente
Como consecuencia, casi la mitad de los jóvenes trabajadores en Cataluña no pueden acceder al mercado de alquiler a precios de mercado debido a la elevada carga económica, de acuerdo con el informe anual del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB). Esto se traduce en que muchas personas jóvenes o con salarios medios tienen que compartir piso, aceptar condiciones precarias o desplazarse a zonas más alejadas.
No dejan de ser una paradoja política patrimonios como el de Perea, diputada socialista de un gobierno que defiende públicamente el alquiler como solución estructural al problema de la vivienda y anima a los propietarios a poner más viviendas en el mercado. No existe obligación legal de alquilar, pero sí tensiona el discurso por la incoherencia entre lo que se defiende y lo que se practica en un tema tan sensible como la vivienda. Al mismo tiempo, podría ser un síntoma más de lo poco convincente que estaría resultando el sistema actual de incentivos en España, con riesgos personales como impagos, rigidez normativa, inseguridad jurídica… Ni siquiera para quienes la ven como solución colectiva parece una opción especialmente atractiva.
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