El plan del Gobierno de aprobar de nuevo este martes en el Consejo de Ministros los dos Reales Decretos-leyes que tumbó el Congreso el pasado viernes supone la vuelta al caos y la inseguridad jurídica para los alquileres, incrementado además porque, de entrada, se acaben convalidando o no, en octubre va a haber tres regulaciones distintas del alquiler: la de los Decretos que estuvieron en vigor el 1 y 2 de octubre; la anterior, que va a tener vigencia entre el 3 y el 7 de octubre; y las de los dos nuevos Decretos que se prevé que valide el cónclave ministerial esta martes, con cambios respecto a los que aprobó una semana antes, y que se aplicarán del 8 de octubre en adelante.
El Ejecutivo tiene de nuevo un mes para convalidarlos, esta vez, en la Diputación Permanente, y se espera que a diferencia de la semana pasada, en esta ocasión se apure el plazo, que vence en plena campaña electoral. En concreto, el 18 de noviembre, a once días de las elecciones, sería el último día para la votación. El único requisito es que los grupos tengan los textos 48 horas antes. Si los Decretos -o al menos uno de ellos- fueran convalidados, salvarían el parón legislativo que se abre por el periodo electoral, a lo que se pueden sumar las Navidades y la inactividad del Congreso en enero. Si gobierna la derecha, todo indica que serían derogados.
El foco, en el PNV
El foco está puesto ahora mismo en el PNV, que tiene el voto clave, ya que en la Diputación Permanente el PSOE, Sumar, Podemos, ERC y el PNV tienen 35 votos, por 34 de PP, Vox y Junts. Los jeltzales son de nuevo la llave de una medida clave, y podrían buscar que el primer Decreto -no se espera que el segundo lo aprueben- incorpore medidas más cercanas a los pequeños propietarios que las que llevaron el PSOE y Sumar hace siete días. A la presión de tener el voto decisivo sobre estas normas controvertidas, se añade que la decisión tenga que tomarse en periodo electoral. Los pequeños incentivos fiscales como guiño a Junts y ellos mismos se mantendrían.
Está por ver si habría modificaciones en la prohibición de los desahucios hasta 2030 y en la prórroga de dos años de los alquileres que acaben en 2028. Los pisos turísticos tendrán un IVA del 10% desde el 1 de diciembre, lo que se cambió in extremis en los Decretos que se aprobaron la semana pasada porque los borradores fijaban su vigencia desde el 1 de octubre. Como ha desvelado Artículo14 esto les ha librado de tributar en octubre.
Sin embargo, el Gobierno podría encontrarse con que Podemos intentara que estas iniciativas de corte conservador no se incorporen o mantengan o, incluso, que las que plantearon los socios de izquierda se radicalicen más. Todo ello, en un escenario de manifestaciones y acampadas y de llamada a una huelga general.
“Fraude de ley”
Hasta aquí, los planes del Ejecutivo. Juristas y distintos actores del sector inmobiliario alertan de la inseguridad jurídica que suponen, y cuando se espera que este proceder sea impugnado. Si bien la Constitución otorga a la Diputación Permanente capacidad para legislar cuando se disuelven las Cortes, hay muchas dudas sobre que se puedan llevar dos normas que ha tumbado la Cámara, lo que la oposición ha tachado de “fraude de ley”.
En este sentido, el responsable jurídico de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez, advierte de que “pretender que, pocos días después de ese rechazo, las mismas disposiciones sean sometidas de nuevo a votación ante un órgano cuya composición responde a una situación excepcional derivada de la disolución de las Cámaras plantea un evidente problema de legitimidad parlamentaria y de respeto al sentido de la decisión adoptada por el Pleno; lo que podría derivar -sin duda- en una grave situación de inconstitucionalidad de la medida”.
Para Carlos Sánchez, “la cuestión no es, por tanto, la existencia o la competencia constitucional de la Diputación Permanente -que, en caso de disolución de las Cámaras, tiene atribuidas por el artículo 78.2 de la Constitución las facultades que corresponden al Congreso en relación con los decretos-ley-, sino el contexto y la finalidad con los que se pretende utilizar ahora ese mecanismo”.
“Formalmente, la Diputación Permanente puede estar habilitada para ejercer esa competencia; pero esa habilitación constitucional no debería interpretarse como una vía para obtener una segunda oportunidad respecto de una iniciativa que acaba de ser rechazada por la Cámara”, señala Carlos Sánchez.
En suma, remacha: “La vivienda exige precisamente lo contrario: estabilidad, seguridad jurídica y acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo. Si el Congreso ha rechazado estas medidas y se han convocado nuevas elecciones, lo razonable es que sean las nuevas Cortes, una vez constituidas, las que determinen democráticamente el futuro de estas reformas. La Diputación Permanente debe garantizar la continuidad de las instituciones, no convertirse en una segunda oportunidad para sacar adelante aquello que el Pleno acaba de rechazar”.
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