“Más de un juez ha visto pinchadas las ruedas de su coche”

Este jueves, asociaciones de Guardias Civiles han mantenido una reunión en el Ministerio del Interior para poner sobre la mesa una petición que se acumula en el tiempo -71 prórrogas en la Cámara Baja, tras aprobarse en el Senado-: el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo.

Entre otras peticiones. La muerte de dos Guardias Civiles durante la persecución a una narcolancha ha reavivado la sensación de indefensión que siente la Benemérita. Junto a la solicitud de que la Guardia Civil sea considerada profesión de riesgo se une la urgencia a Marlaska de que les dé más medios -como revisar el protocolo de seguridad que limita el uso de sus armas reglamentarias para defenderse-, o la solicitud de los togados que trabajan en las zonas afectadas de que el Consejo de la Fiscalía apruebe un mayor número de plazas para asumir los casos por narcotráfico. Un colapso judicial que provoca incluso rebajas en las penas por dilación indebida, como ya informara este medio. Según ha podido saber, además, a esta coyuntura se une otra no menos urgente: amenazas y presiones que sufren los jueces de provincia, por las que instan a que los casos se trasladen a la Audiencia Nacional.

Miguel del Castillo del Olmo, magistrado de la sección 7ª de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Algeciras, y coportavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en Andalucía, analiza para Artículo14 la situación que viven los jueces provinciales. Del Castillo del Olmo ha pasado más de siete años en Marbella, donde asumió competencias en materia de cooperación internacional penal, y más de 9 en el Campo de Gibraltar, de los cuales, casi 3, han sido en la Audiencia Provincial.

¿Cuál es el principal sentimiento que se le aparece cuando cae un caso de narcotráfico en sus manos?

Más que un sentimiento, es un pensamiento profundo. Descubres que la droga no elige al consumidor por razón de procedencia, nivel adquisitivo, sexo, o religión. Está ahí casi siempre, sobre todo en las noches, desde Puerto Banús al puerto de Tarifa, pasando por los pueblos de interior, y hay muchas personas que viven directa o indirectamente de ello. Es una forma rápida y fácil de ganar dinero para algunos jóvenes. En algunos niveles compruebas la existencia de patrimonios multimillonarios basados en el aprovechamiento de las circunstancias sociales que propician decantarse por este modo de vida, y se tiene la sensación de que a muchos individuos, en la cúspide de este tipo de organizaciones, no les pesa el dolor que provocan en tantas familias. Muchos no están en España, por otra parte.

¿Qué tipo de amenazas o presiones han sufrido?

Algunos fiscales o jueces instructores han visto pinchadas las ruedas de su coche o rayados los laterales, pero al narcotraficante le interesa más una sociedad indiferente y un contexto de tranquilidad que un territorio inundado policialmente. Más que amenazar directamente, les interesa saber cómo somos, posiblemente, por otras vías, a la busca de un punto débil.

¿Podría describirme las situaciones más duras que le ha tocado vivir?

Lo más duro ha sido recibir al padre de un toxicómano delincuente habitual al que quise escuchar una mañana para saber de sus circunstancias personales, y que me dijo en la cara, con una desesperación infinita, que o metía a su hijo en la cárcel, tras ser detenido, o esa misma noche cogería su camión de reparto y se suicidaría con su hijo en el mismo vehículo. Obviamente, no le diré lo que hice.

También lo ha sido comprobar que hay muchos traficantes de baja escala que por aplicación del Código Penal deben ir a la cárcel cuando los más culpables, que en parte lo son también de que ellos hayan cometido un delito, son otras personas que hablan en otro idioma, de apariencia impoluta, que se pasean en yate por la costa en verano, sin complejos.

¿Se puede erradicar la droga?

En esta franja de unos 150 kilómetros de largo, que es la que mejor conozco, hay tanta diversidad de consumo, y de aprovechamiento de las circunstancias que rodean al narcotráfico, que es muy difícil alcanzar una conclusión unívoca o simple, más allá de que es indiscutible que erradicar la droga del todo es casi imposible, pero sí que lo es atenuar sus terribles efectos, si sabemos organizarnos adecuadamente, invertir con inteligencia, y elaborar leyes procesales que, sin merma de derechos fundamentales, no transformen la instrucción y la ejecución penal en una especie de ciénaga adhesiva que convierte a los procesos en auténticas pesadillas, si se me permite la expresión…

¿Confía en que se deriven a la Audiencia Nacional estos casos para que se enjuicien con independencia y sin presiones? ¿Cree que el juicio que viene ahora por los Guardias Civiles las tendrá?

Confío plenamente. No solo está en manos del legislador, También del Tribunal Supremo. Me atrevería a decir que incluso más en manos de la Sala 2ª.

La literalidad de la legislación actual en materia de competencia para investigar delincuencia organizada es, en mi opinión, bastante clara, aunque colisiona claramente con la dotación de medios de la Audiencia Nacional, los cuales deberían multiplicarse, sin complejos, para que se asumiera por este órgano un número muy superior de procedimientos. Esto ayudaría a agilizar los procedimientos, porque sería un órgano especializado quien los investigaría y enjuiciaría, siempre.

Lo que no tiene sentido es que haya un juez o una jueza que desde un pueblo de 20000 habitantes esté llevando asuntos de la misma complejidad que los de la Audiencia Nacional, y a la vez, sin medio alguno, y con mucho más riesgo personal, se le obligue a resolver divorcios, pleitos bancarios, herencias, todo tipo de delitos… por no hablar del reconocimiento retributivo.

¿Cree que esta situación va a desmotivar a futuros jueces?

Da la sensación de que el sistema está inventado para quemar a los jueces y juezas jóvenes, que como es lógico abandonan a la primera oportunidad que tienen, en muchos casos, los primeros destinos de costa, en los que no solo carecen de medios para la instrucción criminal, sino que, además, están discriminados laboralmente, con jornadas semanales en muchos casos de más de 60 0 70 horas e insisto, con una evidente discriminación en muchos sentidos. A este respecto, Andalucía es un claro ejemplo de semiolvido institucional, si me permite la expresión, y desde el máximo respeto.

Estamos preparados para soportar las presiones, porque nuestra formación es casi única en el mundo, muy dura, y aprendemos a convivir con ella, también porque hay una enorme dosis de vocación, al igual que ocurre en la generalidad de la función pública, y por lo que yo sé, en Justicia. Ojalá a nadie se le ocurra otra manera de acceder a esta carrera. Sería una especie de suicidio democrático.

Confío, sin duda, en nuestra capacidad para afrontar los nuevos retos de la lucha contra la delincuencia organizada, y reivindico la empatía de los demás Poderes del Estado. Estoy seguro de que nos escucharán.