María Jesús Montero plantea a las comunidades autónomas que el nuevo modelo de financiación autonómica tendrá carácter voluntario. Esto es, que los territorios, en su mayoría gestionados por el PP, podrán elegir entre implementar su sistema, o apostar por mantener el que se encuentra actualmente en vigor, informan fuentes de la vicepresidencia primera.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda se ha reunido entre las 10.30 y las 14.30 horas con los consejeros del ramo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Fuentes del Ministerio recuerdan que esta prerrogativa ya aparece contemplada en la ley de financiación hoy en vigor, que fue aprobada en 2009 y debería haber sido actualizada en 2014.
Además, Montero ha abierto una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en el modelo con los respectivos territorios. La cita ha llegado marcada por las tensiones entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas, incluso las socialistas, por la influencia que atribuyen a ERC en la redacción de esta propuesta.
El pasado jueves, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, anunció un acuerdo con Moncloa que reportaría a la financiación catalana que reportaría casi 4.700 millones de euros más para su territorio. Montero presentó su propuesta un día después, confirmando esta cifra, y añadiendo que el total extra que percibirán el conjunto de territorios sumará 21.000 millones. Y sin negociación previa con los territorios.
Si Montero mantiene el rumbo, la norma será aprobada en Consejo de Ministros en los próximos meses, con la idea de que su tramitación en el Congreso de los Diputados arranque después de verano. Para su aprobación, requieren de una mayoría absoluta de la que hoy carecen.
Las CCAA del PP creen que la oferta es “un paripé”
Al filo de las 13.30 horas la reunión continuaba, pero desde los territorios gobernados por el PP ya advertían de que la oferta de Montero es un “paripé”. “Seguimos sin tener información”, denunciaron a este diario. No se levantaron de la mesa, eso sí. Querían escuchar la propuesta de Hacienda, y exigir, sobre todo, explicaciones ante un sistema que, denuncian, solo beneficia a Cataluña.
Su desconfianza es total ante un sistema “cocinado” entre el Gobierno y ERC. Antes de comenzar la reunión, buena parte de los territorios ya criticaron la forma de actuar del Ejecutivo. “Es un plato precocinado”, denunciaban al unísono.
Desde Murcia, el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Marín (PP), advertía de de que es un plan recalentado en un “microondas”. Se quejó de que el Ejecutivo pretendía que las comunidades “mendigasen”. Tachó la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de un mero “vodevil” para “escuchar lo que dice Junqueras”.
El consejero de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, también coincidió en denunciar que el pacto que buscaba Hacienda con las comunidades era “precocinado” entre el Gobierno y ERC. “Cuando los que elaboran la propuesta de modelo son parte, también el resultado tiende a atender las necesidades específicas de esa parte, pero a veces se olvida de los demás y parece que es lo que está lo que está pasando”, denunció.
Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Hacienda, Carolina España, afirmó que el “modelo Montero” busca “darle champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas el menú del día, pero sin postre. Y lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo”.
Enfado en las comunidades del PSOE
La falta de transparencia también ha sido muy criticada por algunas de las comunidades socialistas, como Castilla-La Mancha. Su consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, calificó de “inaudito” que hayan tenido que abordar esta reunión sin tener datos previos.
“En la historia de la financiación autonómica, nunca antes se había abordado una reforma sin disponer de datos precisos”, denunció. Asturias, también gobernada por el PSOE, se unía a las críticas de las comunidades populares y hablaba de un sistema de financiación “precocinado”.
“No nos han gustado las formas; y no nos gusta que nos pidan que nos adhiramos a un pacto que ya existe y que aceptemos un plato precocinado”, denunció su vicepresidenta, Gimena Llamedo. Cataluña, gestionada por el PSC, era la única que cerraba filas con la vicepresidenta.
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