Alejandro López de Miguel
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Miran en la misma dirección, pero el horizonte que perciben -o que dicen percibir- PSOE y Sumar es absolutamente distinto. El Consejo de Ministros dio este martes su segundo y definitivo aval al proyecto de ley de reducción de la jornada laboral de 40 a 37.5 horas semanales, y ahora la norma inicia su andadura en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno sabía de antemano que no tenía atados los apoyos para el proyecto estrella de Yolanda Díaz. Lo que quizás no esperaba es que la patronal catalana les declarase la guerra sin titubeos ni disimulo; que Junts despreciase este proyecto desde la tribuna de oradores de la Cámara Baja con una intervención ofensiva; o que anunciase una batalla parlamentaria contra una ley de calado, que obligatoriamente requiere de sus votos para ver la luz.
La enmienda de totalidad que han anunciado contra el texto, que aún no han desvelado públicamente -no consta ni si la han registrado-, se puede retrasar o incluso retirar en cualquier momento de la tramitación. Pero, si el Ejecutivo no logra desactivarla y se acaba votando, Junts, PP y Vox sumarán mayoría absoluta (177 escaños), y directamente sepultarán esta norma.
Que el partido de Carles Puigdemont haya optado por una medida de presión tan drástica, presentando un texto totalmente alternativo y no varias enmiendas para modificar el articulado del proyecto de ley, supone marcar una posición de máximos.
Y fuentes de La Moncloa admiten que les sitúa ante un escenario “más grave” que si simplemente hubieran reclamado algunas variaciones acotadas en el texto. “Todo es modificable”, afirman, pero no muestran excesiva confianza en que Junts dé un giro de 180 grados. Prácticamente ninguna.
De hecho, advierten de que la ofensiva anunciada por Junts “no es un paripé”. En pantallas anteriores, la formación de Puigdemont ya planteó órdagos que, con tiempo, paciencia y a cambio de algunas cesiones, acabaron desinflándose. Ocurrió con su presión a Sánchez para que se sometiera a una cuestión de confianza.
Registraron una iniciativa sin ningún valor vinculante y cuyo encaje legal fue discutido, y aceptaron retocar el texto para que su proposición no de ley (PNL) pasase de exigir a reclamar al presidente que “considerase la opción” de someterse a esta herramienta parlamentaria. Acabaron retirándola. Sánchez les hizo descartar otros escenarios.
En este caso, distintas voces del ala socialista del Ejecutivo asumen que Junts lleva mucho tiempo rechazando la reducción de la jornada laboral. Lo han hecho en público y en privado.
Los representantes de los empresarios catalanes, en particular Foment del Treball, los han dejado sin margen de maniobra. Y todas las partes, así como otros partidos del Congreso, reconocen la influencia de Foment en Junts.
La portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, optó el miércoles por la confrontación directa. Desde la tribuna de oradores, y cuando ni siquiera se estaba abordando esta cuestión. Nogueras despreció la norma porque Cataluña no es “un pueblo de subvenciones”, ni de “vagos”, e hiló todo esto con su rechazo a “ir por ahí mendigando”. “Nunca va a ver la luz si depende de Junts”, afirmó.
En privado, con menos bravatas y descalificaciones, sus compañeros de filas defienden lo mismo. En el ala socialista del Ejecutivo no quieren meter el dedo en la llaga con estas declaraciones, pero en el entorno de la vicepresidenta segunda, directamente, las obvian.
Díaz cree que la reducción de jornada está “ganada en la calle”
Díaz está convencida de que esta medida “está ganada en la calle”, y por eso interpreta que tiene opciones de ganarla también en el Congreso, a pesar de los ataques y del portazo de Junts.
Se han reunido con el partido de Puigdemont durante meses, conversa en privado con su líder, y ahora pone el foco en las reivindicaciones de una de las patronales catalanas, Pimec. “Son asumibles”, reconocen desde el equipo de la vicepresidenta segunda.
Es la organización que se ha mostrado más abierta a negociar, que aún plantea propuestas aunque rechace la norma. Estas pasan por incorporar mecanismos para la gestión flexible de la jornada laboral, como la distribución irregular o las horas extraordinarias, o por tener en cuenta el tamaño de las empresas para su adaptación a la nueva normativa.
Díaz intentará jugar esta mano, pero las esperanzas de sus compañeros de gabinete son escasas. Dejan claro que están dispuestos a arrimar el hombro si se les reclama, pero insisten en que la reducción de la jornada laboral es una bandera de la vicepresidenta segunda.
Es ella quien fía a esta medida la recuperación de su capital político, quien debe pilotar las negociaciones y pelear un acercamiento que sus socios de coalición ven más que improbable. En su entorno comparan la dificultad de estas conversaciones con la que ya tuvieron que afrontar con la reforma laboral. Obvian que ésta se aprobó por el error de voto del entonces diputado del PP Alberto Casero. Si no, habría naufragado.
“El Gobierno de la inestabilidad parlamentaria gana todas las votaciones”
Por otro lado, el Gobierno ha respirado aliviado después de superar las votaciones parlamentarias de mayor enjundia de esta semana. El foco estaba puesto en el real decreto ley del plan antiaranceles, que ha salvado por mayoría absoluta (176 votos), con la sorpresiva incorporación del diputado de UPN al bloque del “sí”. Habitualmente vota en sentido contrario al Ejecutivo.
La abstención de Podemos permitió a Sánchez garantizarse su aprobación, pero vistos los precedentes en Moncloa no suelen atreverse a vender la piel del oso antes de haberlo cazado.
Horas antes de que el timbre llamase a votar, un ministro presumía de que lograrían sacar al menos “el 90%” de las votaciones. Finalmente consiguieron que el plan energético del PP también decayera por su propio peso, con el único voto a favor del mismo diputado de UPN, Alberto Catalán. 138 votos a favor, 204 en contra.
Tuvieron que asumir que distintos aliados parlamentarios se sumasen al PP para apoyar una moción en la que reclamaron al Ejecutivo que presente los Presupuestos para 2025, que se resiste a llevar a la Cámara por falta de apoyos. ERC, Podemos, BNG y Coalición Canaria, la respaldaron. El impacto, visto que se trata de una iniciativa no vinculante, fue mínimo.
“El Gobierno de la inestabilidad parlamentaria gana todas las votaciones”, vaticinaban desde el Ejecutivo horas antes de votar. En esta ocasión casi se cumplieron sus presagios.