El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, apunta, en su declaración ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la DANA, a una falta de agilidad en la toma de decisiones y a una alerta tardía a la población cuando ésta ya agonizaba entre los ahogamientos. Polo ha confirmado que fue él quien propuso al Cecopi el envío de un mensaje a la población para avisar del riesgo y pedir “que se subiera a los pisos altos”. Ha precisado también que en esa reunión se trasladó incertidumbre sobre la situación de la presa de Forata, pero no que iba a “colapsar”.
A las puertas de la sede judicial, decenas de familiares de víctimas exigían justicia: “229 vidas por vuestra incompetencia”, se leía en uno de sus carteles. Alguna de estas personas ha increpado al responsable de la CHJ para reprocharle las víctimas mortales registradas en la trágica barrancada. “¿Tiene miedo?”, le han preguntado los periodistas. “Ninguno“, ha respondido Polo, mientras los familiares insistían: “Cuenta la verdad, cuenta la verdad”.
En su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la barrancada, el representante de la confederación ha explicado que en el organismo se recibió un correo electrónico a las 16:23 horas en el que se convocaba el CECOPI para las 17.00 de manera presencial y telemática.
Polo ha detallado, según publica Europa Press, que al comenzar ese Cecopi, se empezó a hablar de las inundaciones de Utiel. Afirma que él “corto esas intervenciones” para referirse a la situación de la presa de Forata y el jefe de área de explotación comentó que para esos caudales sería necesario declarar algún escenario de emergencia de la presa. Ha recordado que oyó “media hora de reflexión” y que hubo “una pausa de desconexión“.
Mensaje a la población
En la siguiente conexión, la imagen era la misma, pero ya vio a la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas. Nada más conectarse, empezaron diciendo que no iban a evacuar, por lo que Polo pensaba “por qué decía eso, si nadie había hablado de eso”. En ese momento, él respondió que mandaran un mensaje a la población. Entonces, ha continuado, empezó a haber un debate sobre esta situación por parte de Emergencias, por parte de la consellera, que decía que “por qué se declaraba la emergencia”, algo a lo que en la CHJ “no daban crédito”.
Situación “tensa”
Por otra parte, Polo ha aseverado que se expuso la “incertidumbre” que había sobre la presa de Forata y ha recalcado: “Nunca se dijo que iba a colapsar“. Ha agregado que ellos veían que no se estaban tomando decisiones y que, por su parte, la situación fue “tensa” porque “no se tomaban decisiones”. En este sentido, ha declarado que escuchó al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, insistir “varias veces” a la ley la amparaba para tomar cualquier medida, porque ella “tenía dudas de si podía o no” hacerlo.
De acuerdo al relato de Polo, llegó un momento en que el jefe de explotación llevaba un hoja donde está el hidrograma de lectura y, al ver los datos de los calados, volvió a decir que enviaran un mensaje a la población diciendo que se subieran a los pisos altos. Para el dirigente de la CHJ, debían manejar otra información porque en ese momento decidieron enviar dos mensajes: uno acotado a la zona de la que se estaba hablando y otra al resto de la población. Sobre las 18:00 horas hubo una desconexión.
Ha relatado que en todas las presas hay personal con el que se está en contacto y la de Forata ese contacto era “permanente” y existía una tensión del personal muy fuerte porque “se juegan la vida”.
Polo habló por teléfono con varios alcaldes y ha señalado que la información que proporcionaba estaba a disposición de todos porque están en el Plan de emergencia de inundaciones, que incorpora la cartografía nacional, y el daba por hecho que Emergencias transmitía toda esta información porque es quien tiene que darla a los municipios.
“¿No habéis mandado el mensaje?”
Sobre las siete menos cuarto, subió alguien (que no ha especificado-) con el aviso del barranco del Poyo. Era un caudal importante, pero que congruente con todo lo que estaba pasando. Pasadas las 19.00 horas, Emergencias les vuelve a conectar al Cecopi y se dan cuenta de que no se ha enviado el mensaje. Entonces, ha dicho Polo, dan un grito: “¿Pero no habéis mandado el mensaje?“.
La consellera llegó a leer un mensaje y preguntó si les parecía bien, a lo que él dijo “no me parece bien, pero que manden algo, con el micro cerrado”. Vuelven a decir que van a enviar dos mensajes.
Esa conexión no debió durar mucho, ha comentado Polo, que ha referido que recibió una llamada del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a quien le trasladó “el problema” de que en ese Cecopi nadie tomaba ninguna decisión.
Imágenes del CECOPI
En paralelo, la juez ha pedido para dentro de tres días a À Punt y a Emergencias las grabaciones de imagen y sonido de la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024 de las que dispongan. En dos autos notificados hoy en la causa penal por la dana y facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la instructora se refiere a las alegaciones presentadas por la cadena pública para no haber difundido y aportado al procedimiento las grabaciones de sonido se sustentan en el secreto profesional de dicho medio de comunicación.
À Punt trasladaba a la magistrada que entregará los brutos de la cámara con el material grabado durante los días de la tragedia “siempre que así lo requiera”, ya que sostiene que la difusión voluntaria le podría hacer incurrir en responsabilidades penales, también para los trabajadores que grabaron la reunión del Cecopi.
Sin embargo, la jueza considera que “ha de ponderarse en el acceso a las grabaciones, el carácter de medio público de À Punt, la existencia de un procedimiento penal, la ponderación de los intereses en conflicto y el contenido de las grabaciones aportadas hasta el momento” y que la grabación emitida por RTVE sobre esa reunión “permite dar una información veraz de lo sucedido”.
Así, considera que “en esa ponderación entre mantener oculto el audio y la cooperación en la investigación de un procedimiento penal, ha de ceder de manera clara que dichas grabaciones que pertenecen a una sociedad de carácter público deben ponerse a disposición de este órgano judicial”.