Las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) están finalmente identificadas. Era una de las circunstancias que el Gobierno quería zanjar antes de proceder a la depuración de cualquier tipo de responsabilidad política. Pero hay otras circunstancias más que llevan a pensar que tampoco hoy, martes, van a comunicarse destituciones de ningún tipo, a pesar de las presiones de los socios del PSOE para que no se dé carpetazo a la tragedia ferroviaria sin firmar dimisiones.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, sabe que necesita algún tipo de cortafuegos para aliviar la crisis política y piensa poner en la picota al presidente de Adif, Pedro Marco De la Peña. Es de sobras conocido que Puente ha señalado como único culpable del accidente al operador del Centro de Control de la estación de Atocha que dio la orden al AVE de reanudar la marcha con normalidad. El problema para él es que los socios del PSOE no aceptan esa versión tan reducida de las responsabilidades, así que Puente tendrá que ofrecer algún sacrificio.
Antes, sin embargo, el ministro de Trasnportes comparecerá esta tarde ante la Diputación Permanente del Congreso y ensayará nuevos matices de su conocida versión del accidente. Por el momento, no ha habido concesión para la autocrítica. Únicamente ha deslizado que caben reformas en la gestión ferroviaria, sea con nuevos protocolos subsiguientes a averías de los sistema de seguridad, sea con un manejo distinto de las obras de remodelación (¿frenar la circulación de la línea Madrid-Barcelona mientras se renueva el trayecto?).
“Hago muy bien mi trabajo”
Sea como fuere, su autopercepción es singularmente buena, aunque todavía no la ha alcanzado el nivel verbalizado en enero, once días después del accidente de Adamuz. “Les molesto porque hago muy bien mi trabajo”, le dijo a la oposición en el Senado. Nada hace pensar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté cuestionando a Puente por su desempeño, con lo cual hay que situar las eventuales destituciones en otro nivel del Ministerio de Transportes.
Y aquí es donde entra en el alambre el presidente de Adif, que trata de defender su actuación valiéndose de comunicados en los que niega haber rechazado las recomendaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y defiende haber aumentado el presupuesto para el mantenimiento de la red. Subraya Adif, por ejemplo, que este último gasto ha pasado de los 703 millones de euros en 2018 a los 1.375 millones en 2026.
La expansión de la alta velocidad
De las caídas del sistema LZB de detección y frenado automático de trenes y de los protocolos que se aplican en su sustitución hay menos énfasis por parte de Adif y de Transportes, al igual que de las instrucciones que se dieron a los seis trenes detenidos en la fatídica mañana del 28 de octubre. Existe una cuestión de fondo y es si el sistema de alta velocidad se ha expandido sin la necesaria consistencia a su alrededor; es decir, hay más trenes y de mayor tonelaje cruzando nuestros raíles y el gran punto en duda es si Transportes ha diseñado el acompañamiento imprescindible para que la red sea segura. La cuestión es para el ministro, pero la respuesta va camino del tejado de Adif.
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