Pedro Sánchez vuelve a concentrar varios anuncios a bombo y platillo en una misma semana. El jueves, prometió 40 millones de euros en ayudas para que autónomos y pequeñas empresas adquieran vehículos electrificados; el miércoles pregonó un real decreto para “blindar” la calidad de la formación profesional. Y el martes, desde Dubai, anticipó que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a los menores de 16 años.
Los dos primeros anuncios entran dentro de las competencias de Ministerios gestionados por el PSOE. El tercero, el que le ha hecho protagonizar portadas a nivel internacional, y le ha permitido confrontar con poderosos “tecno-oligarcas”, discurre en paralelo a un proyecto de ley promovido por el Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego (IU-Sumar). El departamento que, casi desde el inicio de la legislatura, ha propuesto legislar en esta dirección.
En las filas de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, sorprendió e “irritó” que el presidente vendiera como propia una idea ya recogida en una norma impulsada por Rego, que además está al borde de dar un nuevo paso en su tramitación en el Congreso de los Diputados. Fuentes de este espacio destacan que “no es la primera vez” que el jefe del Ejecutivo se hace con una de sus banderas. O que sus compañeros de Consejo de Ministros con carnet socialista se las disputan.
Una semana antes, el 30 de febrero, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, concedía una entrevista televisiva a la vez que Díaz, precisamente para celebrar el acuerdo con los sindicatos para incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI).
En 2026 crecerá un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Entre los diferentes partidos de Sumar molesta especialmente que, después de los choques con Economía o Hacienda por el SMI, o de que Cuerpo afirmara públicamente que el salario mínimo no podría subir más que la inflación de 2025, el ala socialista presuma de un incremento gestado en la mesa de diálogo social que lidera el Ministerio de Trabajo.
Está asumido que el presidente protagonice la escenificación del acuerdo para incrementar el SMI en La Moncloa, y que se “ponga la medalla” -en palabras de un dirigente-. Pero no deja de generar sorpresa y malestar que, mientras libran pulsos como el que definirá el nuevo real decreto ley sobre vivienda, donde plantean recetas casi antagónicas, el presidente se apropie de esta norma.
Que le permite seguir la estela de Francia y Australia, además confrontar con Elon Musk o Pavel Durov, dueño de X y fundador de Telegram: “Que quiten sus sucias manos de los teléfonos de nuestros menores”, les dedicó Sánchez el viernes, en el acto de cierre de campaña de Pilar Alegría, candidata a las elecciones del 8-F en Aragón.
Sumar reivindica que fueron ellos quienes promovieron la ley
Tras el anuncio de esta medida por parte del presidente, enmarcada entre otras cuatro promesas -entre ellas, la tipificación como delito de la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal-, Juventud e Infancia movió ficha. Recordó que la regulación del acceso a redes sociales a los menores de 16 años ya está contemplada en la ley en tramitación, aunque con una fórmula menos directa. La norma plantea fijar en los 16 años la edad con la que los menores pueden consentir el tratamiento de sus datos personales -sin permiso paterno-, y así registrarse como usuarios de estas plataformas.
También recoge la obligatoriedad para las multinacionales tecnológicas de implantar en todos los dispositivos un control parental por defecto -ahora es voluntario-. Y les impone la obligación de incorporar “sistemas efectivos de verificación de edad”. “En el entorno digital ha regido hasta ahora la ley de la selva, pero este ministerio y este gobierno van a regular este espacio para salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes, con el objetivo de evitar que la industria tecnológica siga haciendo caja con los derechos de las personas menores de edad”, afirmaron fuentes de Juventud e Infancia.
En su paquete legislativo, además, el presidente introdujo el compromiso de abordar junto a la Fiscalía “las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instragram”. Y desde el equipo de Rego ya recordaron que la ministra “solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigase si X (antes Twitter), a través de su herramienta de inteligencia artificial Grok, ha incurrido en delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia”.
Por si las dudas, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, reclamó al PSOE que “dejen de plantearse problemas por parte de otros ministerios”, ya que están “retrasando mucho la tramitación de la ley”. Entre los partidos de Sumar hay discrepancias sobre si es adecuado o no prohibir a los menores que accedan a las redes sociales antes de los 16 años, aunque es Rego quien gestiona sus competencias.
El miércoles, la ministra pidió ir un paso más allá. En un acto de Catalunya en Comú, uno de los partidos que componen la coalición Sumar, Rego abogó por “limitar y seguramente prohibir” el uso de la red social X, pero no sólo para los más jóvenes, sino también entre el conjunto de la población. En esta plataforma se dan “flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales”, justificó.
Casi en paralelo, su partido presentaba en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley -PNL-, una iniciativa no vinculante, para instar al Gobierno a que todas sus cuentas oficiales en esta red social, pero también las de las empresas y entidades que reciben dinero público, sean clausuradas. Los ministros de Sumar dejaron de usar X hace poco más de un año.
El protagonismo de Bolaños
Si bien la norma fue propuesta por la ministra de Juventud e Infancia, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pugnó por hacerse con el timón de este proyecto de ley. Es habitual que Justicia tenga un peso considerable o incluso lleve las riendas cuando una norma plantea modificar el Código Penal.
No es llamativo que el hombre fuerte de Sánchez ganara el pulso, pero sí que optara por escenificarlo. Bolaños compareció junto a Rego en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó la ley en segunda vuelta, en marzo de 2025. La imagen de dos ministros de distintos partidos presentando una misma ley es insólita. En primera vuelta, con su aprobación como anteproyecto (junio de 2024), fue Bolaños quien acaparó todos los focos.
Desde entonces, el socio minoritario ha reprochado al ala socialista los retrasos en su tramitación. En diciembre de 2025 se cumplieron dos años desde la que recién nombrada Rego anunció la creación de un grupo de expertos para limitar el uso del móvil entre los más pequeños. El proyecto de ley en el que cristalizan parte de sus esfuerzos acaba de superar el periodo de enmiendas, y no hay fecha estimada para su conclusión.
“El Gobierno protege a nuestros hijos. Por eso impulsamos esa ley hace dos años, que está en tramitación parlamentaria y en las próximas semanas, muy pronto, se va a constituir la ponencia y ese gran consenso social que existe en nuestro país se tiene que convertir en un consenso parlamentario para que salga adelante la ley”, presumió el miércoles Bolaños.
Las relaciones entre su departamento y el de Rego no pasan por su mejor momento, toda vez que ha habido tensiones entre los socios esta misma semana, con el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria. Y estas discrepancias han obligado a que el texto no llegue listo para su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes.
Hasta el jueves, los Ministerios de Igualdad, Justicia y Juventud e Infancia realizaban modificaciones sobre el texto. El último se desmarcó del grupo de trabajo, afirmando que Justicia no ha querido corregir “los riesgos advertidos por el movimiento feminista” en su redacción actual. En lo que toca al acceso de los menores de 16 años a las redes sociales no hay tantas fisuras, aunque moleste la voluntad de los socialistas de capitalizar prácticamente cada iniciativa de la coalición.
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