Sánchez ignora a Yolanda Díaz e impondrá sus medidas de vivienda

Pedro Sánchez ha visto sumarse a las crisis abiertas en el plano internacional un nuevo frente en su propio Consejo de Ministros. La herida abierta con su anuncio de bonificaciones del 100% en el IRPF para los caseros que no disparen los precios a sus inquilinos amenaza con seguir abierta. Al menos, hasta que el Consejo de Ministros apruebe y después se vote la convalidación del real decreto ley de la discordia en el Congreso de los Diputados, dentro de varias semanas, o incluso meses.

Fuentes de la alianza de partidos de Yolanda Díaz se expresan tan rotundamente en privado como han hecho en público. Si el decreto sigue incluyendo las bonificaciones a los propietarios, plantearán objeciones, la fórmula por la que habitualmente protestan ante sus socios en el seno del Gabinete. Y votarán en contra en la Cámara Baja, 30 días después, a más tardar: “No vamos a pasar por el aro”, aseguran a Artículo14.

Sigue activa la mesa de negociación sobre vivienda que inauguraron oficialmente en octubre, cuando Sumar esbozó su propio real decreto ley con su propia receta: prorrogar automáticamente los más de 600.000 contratos de alquiler que vencerán en los primeros meses del año.

De hecho, había y aún hay previstas reuniones en los próximos días, pese al anuncio sorpresa del presidente del Gobierno, que en las filas del socio minoritario consideraron “una deslealtad”. Un “error” que no servirá a “Sánchez para “renacer”, como trasladaron desde el entorno de la vicepresidenta segunda.

No tienen intención de asumir la derrota: la propia Díaz concederá este miércoles una entrevista en TVE, y ahí ahondará en su propuesta, pero también en rechazar los planteamientos de sus socios. Creen que, socialmente, tienen ganado este debate. Y más, teniendo en cuenta que no prevén que sus compañeros de Consejo de Ministros vayan a contar con los votos necesarios para que el decreto, que entrará en vigor en cuanto lo aprueben, pueda lograr el aval del Congreso para seguir en vigor.

El portazo de Sumar, además de los de ERC, EH Bildu y Podemos, sumados a la previsible falta de colaboración del PP, garantizarían la defunción de esta norma, esgrimen. En Moncloa plantean que el resultado sería exactamente el mismo si sometieran a votación un real decreto ley que incluyera la prórroga automática de los contratos.

Aún asumiendo esta posibilidad, la diferencia, en opinión del socio minoritario, es que en el primer caso podrían señalar a la oposición como responsable del naufragio de una norma con el foco puesto en proteger a los inquilinos. Y no en el descarrilamiento de un “regalo con fondos públicos” para “los rentistas”.

Además de las bonificaciones, Sánchez vendió un freno al alquiler por habitaciones que va en línea de lo propuesto los de Díaz. Así como un régimen sancionador para quienes incumplan la duración estatal de alquileres de corta duración, o condiciones más estrictas para el alquiler de temporada.

En el Congreso, Sumar recuperó una proposición de ley para prohibir que las empresas compren viviendas, que ya fue tumbada con la abstención del PSOE hace un par de meses. Incluso si los socialistas incorporan otras recetas de la cosecha de sus socios, mientras se incluya la medida de la discordia, en Sumar están dispuestos a tumbar una norma del Ejecutivo del que forman parte.

Una “decisión política”: “Si nos la tumban, nos la tumban”

El martes, el debate público entre ambas partes giró en torno a las supuestas dudas sobre la legalidad y hasta la constitucionalidad de la medida planteada por Sumar. “Lo que aprobemos será dentro de la Constitución y dentro de la ley”, aseguró el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fue lo más parecido a una defensa abierta ante los micrófonos de que el plan de prorrogar los contratos no tendría amparo legal.

En privado, sin embargo, fuentes de Moncloa van más allá del debate jurídico, y reconocen que se trata de una “decisión política”. Que no están “de acuerdo” con el enfoque propuesto por Sumar, y sostienen que los inquilinos merecen “soluciones”, aunque no sean “ideales”. Esgrimen que lo habitual, cuando se conceden ayudas al alquiler, es que buena parte de esas inyecciones de dinero público acaben favoreciendo nuevas subidas del alquiler.

En esta tesitura, defienden haber optado por influir directamente en los bolsillos de los caseros, para incentivar así que no impongan nuevos incrementos. Esperan que los beneficiarios de estas bonificaciones en el IRPF sean mayoritariamente los pequeños propietarios (las empresas no pueden acogerse), aunque estas ventajas fiscales, en principio, estén pensadas para todas las personas físicas. Y defienden a capa y espada la “independencia” del Ministerio de Vivienda para proponer esta vía de actuación.

No contemplan la opción de retirar esta propuesta, y menos después de que la haya verbalizado Sánchez. Y afirman verse capaces de convencer “con datos” de que no se trata de un regalo de los caseros. La previsión es dialogar con Sumar antes de que el decreto salga del Consejo de Ministros, pero también abrirse a modificaciones cuando llegue a la Cámara Baja -requeriría su tramitación como proyecto de ley-.

“Intentaremos persuadir a todo el mundo para que salga adelante”, abundan. Incluso al PP; “debería” poder apoyarlo. La idea es “sudar la camiseta” hasta el final, aunque sus socios les adviertan de que el guion ya está escrito. “Si nos la tumban, nos la tumban”. Recoger cable no está en sus planes.

Sumar disputa el relato sobre la legalidad de la prórroga

Si algo tienen en común los dos socios en esta crisis, más allá de asegurar que defenderán sus posiciones hasta el final, es la convicción de que el otro “se ha equivocado”. Desde las filas de Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha celebrado desde el inicio de esta crisis que los anuncios evidencian un cambio en el modo de proceder de Sánchez.

“Por fin ha reconocido la existencia del problema y la necesidad de abordarlo por vía de urgencia, cosas a las que hasta ahora se negaba”, aseguró el lunes. Esa percepción de que algo ha cambiado en el diagnóstico de la situación que hace el presidente es compartida por otros integrantes de Sumar. La “fórmula” escogida, sin embargo, les ha indignado profundamente. Y en público se han mostrado dispuestos a pelear abiertamente el relato sobre la legalidad de esta medida.

Con su socio deslizando que la receta que propone Sumar no sería ajustada a Derecho, Bustinduy ha tirado de sus redes sociales para argumentar por qué, a su entender, no hay “ninguna disputa jurídica” sobre esta materia. “No se trata de una figura jurídica nueva”, argumentó, porque esta figura ya ha sido utilizada “hasta en 8 ocasiones”, sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en contra. En seis de estas ocasiones se actuó sin la cobertura legal del estado de alarma decretado durante la pandemia de Covid-19.

Desde Moncloa inciden en la crisis de inflación derivada por la invasión rusa en Ucrania, que sí apuntalaría la extraordinaria y urgente necesidad que deben justificar para actuar vía real decreto ley. En los sucesivos decretos en los que se amplió la prórroga de los contratos, sin embargo, la exposición de motivos abundaba en la enorme problemática de acceso a la vivienda, así como al incremento de los precios.

En el ala socialista del Ejecutivo no dejan de lamentar que el PP no utilice las herramientas que ya recoge la ley de vivienda en vigor. E insisten en que, además de que ostentan las competencias, su propuesta es la única que cuenta con opciones de ver la luz.