Yolanda Díaz traslada a Moncloa su indignación por el plan de vivienda: “Es una deslealtad”

Yolanda Díaz advirtió a Pedro Sánchez hace más de un año de que las dificultades para acceder a la vivienda pueden “llevarse por delante” al Gobierno. Y este lunes, el jefe del Ejecutivo ha incendiado a sus socios al anunciar un real decreto ley con medidas como una bonificación del 100% del IRPF para los caseros que no suban el precio a los inquilinos, que en Sumar consideran un “regalo a los rentistas”. Sus socios están dispuestos a boicotear un texto que consideran “una deslealtad” del ala socialista. “No va a salir”; “No lo vamos a apoyar”.

Fuentes del entorno de la vicepresidenta segunda aseguran a Artículo14 que ya han trasladado su “enfado mayúsculo” a La Moncloa. Díaz y Sánchez no habían hablado en persona a primera hora de la tarde, pero desde las filas de la líder de Sumar advirtieron de que incluso en el ala socialista del Gobierno “saben que se han equivocado”.

Su “error” no sólo ha generado una cascada de críticas entre los ministros de Sumar, sino también entre aliados parlamentarios como ERC y Bildu, además de hacer estallar a Podemos. Las fuentes citadas sostienen que la decisión no la ha tomado la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, sino La Moncloa, “el equipo de Sánchez”. “Entendemos que Sánchez quiera renacer, pero así no”; “No van a salvar a Sánchez con estas medidas, se han quedado solos”, advierten.

Públicamente, las presiones más directas para aprobar un real decreto ley que prorrogase 600.000 contratos de alquiler que vencerán próximamente, comenzaron hace exactamente tres meses. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, abanderó en octubre la propuesta de un real decreto ley que sirviese para estos fines.

En diciembre, ante la inacción del socio mayoritario del Ejecutivo, la propia Díaz aseguró en conversación informal con periodistas que forzaría su debate en el seno del Gobierno, llevando directamente este decreto a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) antes de culminar 2025. Como adelantó este medio, finalmente la vicepresidenta optó por apurar la negociación y no cumplió con su amenaza.

Estas conversaciones, con Bustinduy y con el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, a la cabeza, ni siquiera habían concluido. Arrancaron en verano, y según el socio minoritario de la coalición, había previstas nuevas reuniones “esta semana”.

Sin embargo, “10 minutos” antes del anuncio de Sánchez, recibieron una llamada para comunicarles esta “decisión unilateral”, que genera un profundo malestar. Que deben digerir en un momento de particular debilidad parlamentaria, aún a un par de semanas de que vuelvan a necesitar votos en el pleno. Y sin haber sido capaces de reconstruir los puentes con Junts per Catalunya.

Para Sumar, en palabras de Bustinduy ante los medios, sólo queda que el PSOE “recapacite” sobre esta medida “ineficaz” e “injusta”. “No la vamos a apoyar en ninguna de las instancias”, incidió. “Nos infravaloran, pero si lo llevan al Congreso no saldrá”, insisten desde su espacio político.

Este martes, ambos socios de coalición se verán de nuevo en un Consejo de Ministros que se anticipa tenso. Los ministros de Sumar “mantendrán las formas”, pero tienen presente que sus socios “saben del enfado” que les han generado una receta que consideran “más próxima a las del PP” que a las que ellos enarbolan.

“No se está poniendo el foco en quien está sufriendo, que no son los propietarios, sino los inquilinos. Hay que protegerlos”, afirmó la coordinadora del partido de Díaz, Lara Hernández, en línea con otros portavoces de la alianza Sumar.

Moncloa advierte: “Las competencias de vivienda las lleva Isabel Rodríguez”

“Estoy convencido de que los grupos parlamentarios aprobarán una medida que es buena para la gente, y que no enfrenta a propietarios e inquilinos, lo que hace es unirlos”. En su rueda de prensa junto al primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, con el que se reunió durante la mañana, Sánchez ya afirmó que prevén aprobar la norma “en las próximas semanas”.

Y que para ello trabajarán “con todos los socios”. Pero dejó claro que necesitan “crear herramientas y políticas que nos permitan contener una revisión al alza” de estos contratos, 1.6 millones en total en el año 2026.

Fuentes de Moncloa deslizan que no es posible prorrogar por ley, directamente, todos los contratos. Así se hizo durante la pandemia, pero recuerdan que hoy no cuentan con el respaldo legal de la declaración del estado de alarma, aplicado para combatir la Covid-19. Se abren a aprobar otras medidas “complementarias”, sin especificar cuáles son.

Y dejan claro que lo habitual, ante recetas que afectan a una cartera determinada, es que sea el titular del departamento concreto quien legisle: “A no ser que tengan compartidas, no se negocian”. “Las competencias de Vivienda las lleva la ministra Isabel Rodríguez”, insisten.

Además, sostienen que es habitual que no se “avisen” entre los Ministerios sobre las iniciativas que van a adoptar y que no competen directamente al resto, incluso entre los ministros con carnet socialista. Y restan hierro al malestar por la escasa anticipación sobre el anuncio, ya que la mayoría de ministros del PSOE se han enterado “a la vez”. Así, encuadran las críticas públicas de Sumar en el “derecho a expresar una opinión”, y defienden que estas son medidas “al alcance del Gobierno” y “sencillas de implementar”.

Rodríguez, bestia negra de Sumar

Rodríguez es una de las ministras más cuestionadas por Sumar. En octubre, la portavoz de Díaz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, deslizó que la responsable de Vivienda debería dimitir, para que después los ministros de su espacio desautorizaran este planteamiento. Ella misma tuvo que matizar y rebajar sus posiciones.

A la misma alianza de partidos que pide desde el mes pasado a Sánchez una crisis de Gobierno no le gusta la idea de reclamar relevos concretos.“No es una cuestión de la cartera, es una cuestión de las políticas públicas”, de “a quién se sirve”, insistió Bustinduy el lunes. “Y el Gobierno progresista debe servir a las familias trabajadoras”.

Las discrepancias con el rumbo adoptado en materia de vivienda, en cualquier caso, va más allá de sus socios de coalición. Por más que en Moncloa precisen que, quienes consideran “insuficientes” estas medidas no tienen “motivos” para votar en contra.

“¿Qué puede llegar a pensar un trabajador sin casa de que alguien pague un total de 0 impuestos por tener casas? Pues que este gobierno le ha fallado y que a la próxima en lugar de votar esperanza votará odio. O se legisla para que con la vivienda no se especule o la izquierda se va al carajo para lustros. Una familia, una casa”, escribió en redes sociales el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Oskar Matute (EH Bildu), consideró “una tomadura de pelo” que desde el Gobierno  “pretendan librar de pagar impuestos a quienes ya cobran alquileres desorbitados”. “Lo que debe hacer el Gobierno es prorrogar automáticamente los contratos de alquiler que vencen este 2026, no regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más”, afirmó en su perfil en X, la misma red social que usaron Rufián o Ione Belarra.

“La solución del Gobierno a la brutal crisis de vivienda es MÁS REGALOS FISCALES A LOS CASEROS. En serio, basta ya. Esto es para que ardan las calles en movilización social”, replicó la secretaria general morada. Sánchez, a diferencia de lo ocurrido en varias jornadas del mes de diciembre, volvió a ser capaz de marcar la agenda informativa. El coste fue la ira generada incluso entre sus aliados parlamentarios más fieles. Y hasta en su propio Consejo de Ministros.