Pedro Sánchez ha enfadado este lunes a sus socios de Gobierno y a parte de sus aliados con su nuevo paquete de medidas en materia de vivienda. Después de tres meses presionando al PSOE para prorrogar por ley los casi 600.000 contratos de alquiler que están a punto de vencer, para evitar subidas abusivas, Sumar ha anticipado su oposición a la receta de bonificar el IRPF a los propietarios.
“Regalar dinero público a los rentistas es un grave error. En estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo. La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal”, advirtió en redes sociales la vicepresidenta segunda y referente de Sumar, Yolanda Díaz.
En concreto, Sánchez ha anunciado un real decreto ley con medidas de vivienda que incorporará una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos de alquiler sin incrementar el precio.
Las diferencias sobre cómo afrontar el problema del acceso a la vivienda han sido habituales en la coalición; Sumar lleva tiempo enmendando la actuación de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. Reclamando ahondar en la intervención de los precios, no en la de “regalar dinero público a los rentistas”, en palabras de Díaz.
El endurecimiento de los contratos de temporada o las limitaciones para los alquileres por habitaciones, por otra parte, son líneas de actuación con las que presionan casi desde el inicio de la legislatura, mientras criticaban que sus socios han ido arrastrando los pies durante dos años y medio. “La prórroga de los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros; tiene que ser un derecho de los inquilinos e inquilinas”, escribió el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Su departamento es responsable del borrador de real decreto ley que plantearon hace meses al PSOE para prorrogar automáticamente los contratos, como se actuó durante la pandemia de Covid-19. Díaz amagó con forzar el debate de esta iniciativa en el seno del Gobierno antes de comenzar 2026, pero incumplió su propio órdago y no llevó este decreto a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).
Podemos pide que “ardan las calles en movilización social”
El malestar también es considerable en las filas de algunos de los aliados parlamentarios de izquierdas del Ejecutivo. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado en sus redes sociales que la “solución” que plantea el Gobierno a la “brutal crisis de vivienda” consista en “más regalos fiscales a los ricos”. “En serio, basta ya. Esto es para que ardan las calles en movilización social”, escribió desde su cuenta en X.
“Estamos indignadas, pensamos que este Gobierno en materia y política de vivienda no tiene perdón y que las calles tienen que arder de movilización social hasta conseguir resolver la gravísima crisis de vivienda que estamos atravesando”, la secundó la eurodiputada y candidata de Podemos a las próximas generales, Irene Montero.
Sánchez anunció estas iniciativas durante el acto por el inicio de los trabajos de demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid, para la construcción de 10.700 viviendas asequibles en estos terrenos, que pertenecen al Ministerio de Defensa.
En septiembre, cuando el presidente anunció una ayuda de 30.000 euros a los más jóvenes, para alquilar vivienda protegida con opción a compra, sus aliados y su socio de coalición reprocharon que se quedaba muy corto. Ahora, directamente, discrepan del rumbo, no sólo del alcance de esta batería de normas.



