“No han estado nunca tan cerrados”. Fuentes del ala socialista del Gobierno reconocen su sorpresa por la actitud de Sumar en los últimos días, ante la crisis abierta en el seno de la coalición por sus diferencias sobre cómo combatir los problemas de acceso a la vivienda. Si el martes Moncloa insistía en que negociarán, aunque estaban dispuestos a aprobar un real decreto ley sentenciado a caer, el jueves daban señales de su voluntad de reconstruir puentes.
La norma, que ni siquiera ha llegado a la mesa del Consejo de Ministros, aún tiene que ser aprobada, entrar en vigor y después ser sometida a votación de convalidación en el Congreso de los Diputados, en un máximo de treinta días desde su aterrizaje en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Que la herida siga abierta durante varias semanas, o incluso meses es una posibilidad que no quieren contemplar.

De hecho, aunque fuentes del Ejecutivo mantienen que las bonificaciones del IRPF para los caseros que no aumenten los precios a sus inquilinos son “interesantes”, hoy se abren a “hacer algo” para acotarlas. Esto es, a rebajar el anuncio del propio Pedro Sánchez, que garantizó bonificaciones del 100%, para contemplar la posibilidad de reducir este porcentaje.
“Por poder hacer, se puede hacer”, conceden. También plantean, siempre de forma preeliminar, acotar estas bonificaciones únicamente a los pequeños tenedores, las personas físicas con menos viviendas en propiedad.
Y, aunque no se cierran por completo a nuevas medidas sobre los fondos de inversión, aseguran que estos “se han ido yendo” del mercado inmobiliario español. Por eso venden que actuar en este frente tendría un efecto muy limitado.
Lo que no están dispuestos a asumir es la prórroga automática de los 630.000 contratos que vencen en los primeros meses de este año, la medida que Sumar plasmó en un borrador de real decreto ley de su cosecha, y que los socialistas han obviado desde octubre. La misma que defiende con uñas y dientes el socio minoritario.

“Que digan que es darle dinero a los rentistas es muy de Podemos”
“No se puede decir ‘o se prorroga, o nada'”, insisten los socialistas. Más allá de defender su convencimiento de que no sería legal hacerlo -otro de sus focos de conflicto con Sumar-, en las filas del socio mayoritario se muestran irritados por el “error” que creen que han cometido sus socios al mostrarse tan vehementes. E interpretan que, si están tan “cerrados”, es porque son vulnerables a la presión política que ejerce Podemos.
“Muchas veces Sumar está demasiado atrapada por el espacio de la izquierda”; “Que digan que [las bonificaciones] es darle dinero a los rentistas, es muy de Podemos”, insisten. En las filas de Díaz, sin embargo, recuerdan que una de las grandes discrepancias con el PSOE desde el arranque de la legislatura tiene que ver con su enfoque sobre la vivienda.
Discrepan con buena parte de las políticas de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, a la que han acusado de arrastrar los pies y de negarse a actuar en la dirección adecuada. En octubre, la portavoz del grupo parlamentario, Verónica Martínez Barbero, deslizó que la titular de Vivienda debía dimitir, para después verse corregida por los ministros de su propio espacio.
Ni están dispuestos a exigir el relevo de la ministra en público, ni atribuyen esta última receta a Rodríguez, sino a Moncloa.La orden política es que el equipo que pilotan los ministros Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun siga negociando, mientras ejercen toda la presión política y mediática que pueden.
El jueves, sorprendieron con el anuncio de una recogida de firmas para avalar su propuesta de prorrogar los alquileres. El viernes, está previsto que Bustinduy comparezca en rueda de prensa desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para informar de nuevas actuaciones de su departamento en relación con la vivienda. En sus filas deslizan que presentará una “investigación” sobre esta materia, sin aportar más detalles.
Están enfadados por el fondo y por las formas. De hecho, tenían previstas más reuniones con el PSOE esta misma semana, y no han digerido que sus socios les avisaran del anuncio con apenas unos minutos de margen. Como adelantó este diario, Díaz trasladó a Moncloa su indignación por esta “deslealtad” con el plan de vivienda.
“Financiar a los caseros”, una “línea roja”
Fuentes de Sumar en el Ejecutivo trasladan que la propuesta de “financiar a todos los caseros” es una “línea roja” que no contemplan sobrepasar. Confirman que mantienen las conversaciones para “cambiar la orientación” del real decreto ley. Y reconocen que no hay un precedente en el que el ala socialista asumiera un giro de 180 grados tras un anuncio de Sánchez, pero sostienen que “siempre hay una primera vez”.

Además, recuerdan que tampoco estarían ante la primera ocasión en la que se anuncia una norma que finalmente no llega a la mesa del Consejo de Ministros. “No tiene sentido financiar a los que cobran rentas”, insisten. Independientemente de si son grandes o pequeños tenedores de vivienda.
Por no hablar de sus esfuerzos para desmontar la idea de que una prórroga como las que ya se han aprobado al menos en seis ocasiones -sin que operase la declaración del estado de alarma- pueda ser considerada ilegal o inconstitucional. No existe un informe ad hoc sobre esta materia, pero en el ala socialista insisten en que han tomado una “decisión política”, e inciden en que para ello ostentan las competencias en Vivienda.
Es habitual que ambos socios discrepen sobre la línea a seguir, pero no tanto que una de las partes señale que una medida del otro supone ir en dirección contraria a sus postulados. Díaz ha intensificado estos días su agenda mediática con dos entrevistas, una en televisión y otra en radio, y todos los interlocutores de Sumar consultados afirman que no están dispuestos a aprobar este decreto. Incluso si el PSOE volcase sobre él muchas de sus recetas, afirman, votarán en contra si se mantienen las bonificaciones del 100% en el IRPF.
La pelea va más allá de un duelo con sus socios que pueda saldarse con días de titulares sobre una nueva humillación a Díaz, y con Sumar asumiendo a regañadientes su imposición, como explican en las filas del socio minoritario. Hace un año ya advertían de que la vivienda, como en su día la reducción de la jornada laboral, que ya naufragó en el Congreso, son dos asuntos que pueden “llevarse por delante” a la ya maltrecha coalición.
Cuestiones como la subida del salario mínimo interprofesional y si debía quedar exento de tributación por IRPF han tensionado en el pasado al Gobierno. Hoy, en el ala socialista del Ejecutivo venden que hay acuerdo sobre la subida del SMI, que volverá a quedar exento. Y avalan la cifra propuesta por Díaz, 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, a la espera de que los sindicatos -quizás también la patronal- den su apoyo a este incremento.
Los socialistas no contemplan la indexación del SMI a los contratos públicos, como reclaman Díaz y los agentes sociales, y por eso han retrasado la reunión que aspiraban a celebrar este viernes. El umbral de decibelios alcanzado en estas conversaciones, sin embargo, no tiene nada que ver con el nivel conquistado con el pulso por el camino a seguir con la vivienda. Y este enfrentamiento amenaza con enquistarse.


