Sanidad

Violencia obstétrica: Insultos, bofetadas y cesáreas no consentidas

El comité del Parlamento Europeo FEMM ha presentado un informe para definir y enfrentar la violencia obstétrica y ginecológica, que no se reconoce bajo la ley nacional de ningún país de la UE

Embarazada tocando su tripa

Una mujer embarazada Unsplash

Las mujeres en la Unión Europea siguen sufriendo abusos a manos de sus médicos, en lo que se califica como violencia obstétrica y ginecológica. Así lo describe el último y escalofriante informe del comité parlamentario FEMM, centrado en la prevalencia de estos abusos, el marco legal europeo, y su prevención. 

Es una forma de violencia de género que no se reconoce bajo la ley nacional de ningún país de la UE. Sin embargo, en una resolución de junio de 2021, el Parlamento Europeo urgió a los estados a definirla e integrar medidas para combatirla en las clínicas, hospitales, y consultas médicas. Se previene a través de procesos que garantizan el respeto y el consentimiento informado y protegen de tratos degradantes en entornos médicos.  

 ¿Qué es la violencia obstétrica y ginecológica?

La violencia obstétrica y ginecológica se refiere a las distintas formas de maltrato, abuso y desatención que se presentan durante la atención ginecológica y obstétrica. Puede ser tanto física como psicológica y tiene el potencial de degradar o violentar la integridad de las pacientes durante sesiones médicas. 

Por ejemplo, la falta de consentimiento informado implica no explicar claramente los procedimientos médicos a las pacientes o no obtener su consentimiento explícito antes de realizarlos. El maltrato físico puede incluir prácticas como cesáreas y episiotomías no consensuadas o innecesarias, además de cualquier forma de rudeza física durante la atención médica, según el informe de FEMM. 

Luego está la falta de atención adecuada que puede resultar en demoras en la administración de tratamientos necesarios o en la omisión de estos. La violación de la intimidad ocurre cuando no se respeta la privacidad de la paciente durante las consultas o intervenciones, y la discriminación puede manifestarse como un trato diferencial basado en características personales como edad, raza, orientación sexual, entre otras. 

Además, el abuso verbal puede incluir gritos, comentarios despectivos o culpabilización de la paciente. Estas prácticas se consideran formas de violencia porque contravienen los principios de respeto y dignidad que deberían regir la atención médica. Impactan negativamente tanto en la salud física como psicológica de las mujeres, y contribuyen al trauma, a la desconfianza hacia los sistemas de salud y al deterioro de la relación médico-paciente.

La UE, en cifras

El abuso obstétrico y ginecológico es una plaga mayor de lo que podría parecer. Un estudio de 2022 reveló que, en 12 países europeos, el 23,9% de las mujeres sintieron que no fueron tratadas con dignidad durante el parto y el 12,5% sufrió abuso. La misma investigación destacó que el 76.3% de las mujeres experimentaron violencia obstétrica en Alemania y en Países Bajos y, en Bélgica, re reportó que 1 de cada 4 mujeres sufrió violencia psicológica durante el parto. Además, el 6% de las mujeres informaron haber sufrido abuso verbal y casi el 3% abuso físico, como bofetadas o empujones por parte del personal de enfermería.

En 2017, un 21% de mujeres italianas declaró haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica durante su primera experiencia dando a luz. Se describió el caso de una mujer que, durante el parto, fue agarrada por el brazo y arrastrada hasta el paritario sin su consentimiento, mientras gritaba de dolor y angustia. Una vez allí, le pusieron un catéter sin su consentimiento y se le aplicaron descargas eléctricas para inducir el parto sin su consentimiento informado. Además, durante el proceso de parto, el personal médico y de enfermería no la trató con respeto y dignidad, y no respetaron su privacidad.

Otros dos casos, en Francia, están siendo investigados como violaciones. En septiembre de 2021 y mayo de 2022, dos ex ginecólogos de un hospital en París fueron acusados por varias mujeres de haber realizado penetraciones rectales y vaginales forzadas durante los exámenes sin el consentimiento de las pacientes o directamente en contra de su voluntad.

En el caso de R.R. v. Polonia, los médicos retrasaron el acceso a un examen genético para confirmar una posible malformación fetal hasta que fue demasiado tarde para que la mujer accediera legalmente a un aborto. En otro caso, P y S v. Polonia, una menor víctima de violación sufrió una serie de maltratos, estigmatización y abuso psicológico en un intento de convencerla de llevar a término el embarazo y negarle la atención que necesitaba de manera crucial, aunque legalmente tenía derecho a ella.

Medidas y desafíos

El informe de FEMM busca definir el problema y proponer una serie de medidas y comportamientos para prevenir este tipo de violencia. De esta manera, destaca que es crucial la capacitación profesional continua para fomentar la formación del personal médico en la sensibilización sobre la violencia obstétrica y ginecológica, con prácticas que sean respetuosas y empáticas hacia las pacientes. Además, enfatiza la importancia de implementar y seguir protocolos claros en las prácticas obstétricas y ginecológicas que respeten los derechos y la autonomía de las mujeres, asegurando que todas las intervenciones médicas se realicen con el consentimiento informado de las pacientes.

El informe también recomienda ofrecer apoyo y asesoramiento a las víctimas de violencia obstétrica y ginecológica, incluyendo servicios de asesoramiento psicológico y legal, para ayudar a las mujeres a recuperarse de las experiencias traumáticas y defender sus derechos. Se subraya la necesidad de mejorar la comunicación entre el personal médico y las pacientes, para que las decisiones médicas sean más transparentes y consensuadas, evitando así malentendidos y posibles situaciones de violencia.

Finalmente, el informe sugiere establecer sistemas de vigilancia y evaluación para identificar y abordar efectivamente los casos de violencia obstétrica y ginecológica y asegurar la rendición de cuentas del personal médico involucrado.