Hoy lunes se comenzará a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno de España a asumir la tutela de los menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo y que se encuentran en Canarias y en Ceuta. Con esta medida, los menores podrán ser trasladados a centros especializados en la Península, poniendo fin a la responsabilidad exclusiva que hasta ahora recaía sobre ambos territorios fronterizos españoles.
Ha sido un camino largo, marcado por peticiones de auxilio de los dos gobiernos autonómicos y por complejas negociaciones interministeriales, para dar cumplimiento a lo dictado por el auto del Tribunal Supremo: esos niños y niñas no pueden seguir en los recursos tutelados por las administraciones autonómicas en Canarias y Ceuta.
El proceso ha estado atravesado también por el tira y afloja con gobiernos autonómicos del Partido Popular que, en abierta confrontación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, han puesto obstáculos a la acogida de estos menores en sus territorios. Uno de los casos más visibles ha sido el de la Comunidad de Madrid. Ante la inminente llegada de niños al centro de Pozuelo de Alarcón —el mismo que hace cuatro años recibió con los brazos abiertos a menores y familias que huían de la guerra de Ucrania—, el Gobierno regional alegó que el edificio carecía de las licencias necesarias para acoger personas. Una objeción que, para organizaciones humanitarias, coincide de manera significativa con el hecho de que, en esta ocasión, se trate de menores procedentes de África subsahariana y del Magreb, muchos de ellos originarios de Malí, un país sumido en una grave crisis política y de seguridad.
La sentencia del Supremo, dictada en marzo y ratificada después, modificó de raíz la respuesta institucional: la atención de estos menores corresponde al Estado por tratarse de solicitantes de protección internacional. El fallo fijó un plazo breve para iniciar los traslados y advirtió de sanciones si no se cumplía. En Canarias, donde más de un millar de menores se encontraban en esta situación, el fallo supuso un alivio para una red de acogida desbordada desde hace años. El Ejecutivo central comprometió 1.200 plazas en centros peninsulares y 40 millones de euros para financiar los traslados.
El estatus de solicitante de asilo activa un procedimiento específico, regulado por la Ley 12/2009 y la Convención sobre los Derechos del Niño, que incluye tramitación individualizada, asistencia jurídica gratuita, intérprete, tutela efectiva y alojamiento adecuado hasta la resolución de la solicitud. En la práctica, esto implica su inclusión en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los preparativos para el primer envío se han cerrado a contrarreloj. El viernes 8 de agosto, el Estado remitió a Canarias el listado de los diez primeros menores, pero sin fecha de viaje ni identidad de los adultos acompañantes, lo que impedía firmar las autorizaciones individualizadas. La Dirección General de Infancia de Canarias niega haber solicitado retraso alguno y asegura que, una vez recibida la información a última hora, se dio luz verde para que el traslado se realice este lunes, condicionado a la disponibilidad de plazas de avión.
Según fuentes ministeriales, la mayoría de estos jóvenes son originarios de Malí, superan los 16 años y cuentan con protección internacional reconocida. El destino no se hará público para evitar bloqueos por parte de comunidades receptoras.
En julio, el Supremo constató avances en la tramitación de las solicitudes, pero advirtió de que solo un número reducido de menores ha sido integrado plenamente en el sistema estatal. Urgió al Gobierno a cumplir con la sentencia sin demoras, recordando que la falta de infraestructuras no exime de la obligación legal. En Ceuta, unos 60 menores están pendientes de traslado en el mismo marco operativo, con un plazo estimado de siete meses para completar todas las derivaciones.
El arranque será con un grupo de diez menores. Cada semana se prevén hasta dos traslados de un máximo de veinte, priorizando recursos pequeños y especializados. También hay niñas y adolescentes, para quienes se estudian fórmulas de derivación más individualizadas. Hasta ahora, 141 menores solicitantes de asilo han sido reubicados en el campamento Canarias 50, en La Isleta, donde la ONG Engloba realiza evaluaciones para garantizar que los traslados se hagan con plenas garantías.
Reproches al Estado
La directora general de Infancia y Familia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, declaró en la mañana del domingo que Canarias ha hecho todo lo que le correspondía para que los menores salgan la próxima semana. Explicó que el viernes por la tarde se recibió la petición de autorización con la información necesaria para llevarla a cabo y que, ese mismo día, se comunicó a la Secretaría de Estado de Migraciones la autorización para el traslado.
Rodríguez mostró su preocupación por el hecho de que, pese a tener ya valorados y evaluados de manera individual a 60 menores, además del compromiso ministerial de realizar dos derivaciones semanales acordado en la reunión del martes pasado, todavía no se haya trasladado el listado del segundo grupo que saldrá hacia la península. Según sus cálculos, con un mínimo de 30 traslados semanales, podrían derivarse 120 menores al mes; una proyección que permitiría completar la operación en unos pocos meses si se respetara el calendario, aún pendiente de recibir.
“Nos preocupa que, con la llegada de los meses de buena mar, las entradas a Canarias puedan volver a aumentar, y la derivación ordinaria vía Real Decreto-ley todavía no se ha puesto en marcha”, advirtió. Señaló, además, que tampoco se ha avanzado con la celeridad que exigen los autos del Supremo para aliviar la presión sobre el sistema de acogida. Subrayó la necesidad de fijar pautas claras para agilizar el traslado de los menores con protección internacional y evitar errores como los cometidos esta semana —la falta de comunicación sobre quiénes serían los educadores acompañantes o la fecha exacta de salida—, que podrían haberse prevenido si se hubieran tenido en cuenta las sugerencias de Canarias.
“La competencia es del Estado y debe dar una respuesta más ágil y certera”, concluyó.
Una experta jurista opina para Articulo 14
Sara Rodríguez, abogada y activista por los derechos humanos en Tenerife, que ha asumido la defensa de numerosos casos de personas migrantes, considera que la medida anunciada por el Gobierno de España para acoger a los menores no acompañados solicitantes de protección internacional en Canarias plantea varios puntos que deben ser aclarados. A su juicio, no se trata de una simple transferencia de tutela, sino de un proceso de colaboración en el sistema de acogida que requiere definir con precisión los términos y competencias de cada administración.
Rodríguez advierte que el actual sistema estatal de acogida para solicitantes de asilo no está adaptado a las necesidades específicas de niños y niñas no acompañados, lo que puede derivar en situaciones de riesgo si son alojados en recursos compartidos con personas adultas o en centros que no cuenten con personal y servicios especializados. “Esta medida parece orientada más a descongestionar la red de acogida de Canarias que a garantizar el interés superior del menor”, señala.
En su opinión, el problema no radica tanto en la cifra de menores con protección internacional, que considera asumible con una buena gestión, sino en las carencias estructurales para formalizar las solicitudes de asilo y garantizar el acceso a recursos jurídicos de calidad. Rodríguez subraya que la solución no pasa únicamente por el traslado, sino por reforzar la asistencia letrada, preparar adecuadamente las entrevistas de protección internacional y asegurar que las condiciones de acogida cumplan con los estándares legales y de dignidad.
También recuerda que el auto del Tribunal Supremo que obliga al Estado a asumir la tutela de estos menores no resuelve de manera definitiva el reparto competencial y, a su entender, actúa más como un parche temporal que como una estrategia integral. “Está por ver si este mecanismo podrá garantizar realmente el interés superior de los menores y ofrecerles una acogida digna y estable”, concluye.
Ceuta a la espera para poder trasladar a menores
En Ceuta, la mayoría —por no decir la totalidad— de los menores migrantes no acompañados han llegado a nado por la frontera del Tarajal y son de origen marroquí, por lo que no solicitan protección internacional y quedan fuera del procedimiento derivado de la sentencia. Esperan que lo anunciado de traslados forzosos comiencen a partir del 28 de agosto.
La ciudad ya ha lanzado varias llamadas de atención al Gobierno central ante la saturación de sus recursos de acogida. El presidente Juan Vivas aspira al traslado de unos 400 menores marroquíes a la península. “La capacidad ordinaria de Ceuta, según el Real Decreto-ley 2/2025 de 18 de marzo, es de unos treinta menores, así que el excedente está en torno a esa cifra”, señaló el presidente de la Ciudad a los medios a finales de julio.
Vivas se aferra, como ocurre en Canarias, a la posibilidad de salida de menores, aunque esta no sea compartida por otros territorios bajo gobiernos del Partido Popular. El presidente ceutí mantiene una posición clara sobre lo que considera beneficioso para la ciudad, incluso cuando no coincide con la línea marcada por la dirección nacional del partido. “No comparto esa apreciación de que al resto de mis compañeros del Partido Popular les importe poco lo que pase en Ceuta. Además, no han sido solo autonomías del Partido Popular. Hay una comunidad autónoma que no es del PP y que también ha manifestado su desacuerdo con los criterios y con la financiación. Por tanto, no es una cuestión exclusiva del Partido Popular”, ha subrayado.
Mientras en la frontera del Tarajal continúan los intentos de entrada de personas migrantes, se observa un número significativo de menores que tratan de cruzar equipados con aletas y trajes de neopreno desde las playas contiguas a la línea de separación. En los últimos días, la Guardia Civil, junto a efectivos de distintos cuerpos de seguridad y la Marina Real marroquí, ha rescatado a personas que apenas lograban mantenerse a flote en las aguas agitadas de este tramo del litoral mediterráneo. La cooperación con el país vecino resulta esencial para evitar, en primera instancia, que niños pequeños, adolescentes, mujeres y adultos pierdan la vida antes de alcanzar la orilla ceutí. Desde el 29 de julio, alrededor de un centenar de menores ha conseguido entrar en Ceuta. Paralelamente, se han intensificado los accesos por la valla del perímetro fronterizo, lo que ha elevado la ocupación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) hasta rondar las 800 personas.