Los primeros ocho solicitantes de asilo menores de edad que acoge el sistema de protección de Canarias llegarán a la península procedentes del archipiélago a partir de mañana lunes, según las previsiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Paralelamente, el Gobierno presentó en julio un calendario para el traslado de los menores al centro de acogida y derivación Canarias 50, en Las Palmas. Así, durante las pasadas semanas se completaron los primeros traslados, efectuados a partir de los listados remitidos por el Gobierno de Canarias, con un total de 80 menores.
El Gobierno da cumplimiento de este modo al auto del Tribunal Supremo, que dictaminó que el Estado debía hacerse cargo de casi 1.000 menores solicitantes de asilo llegados a Canarias y que, a fin de evitar su hacinamiento, muchos de ellos habían de ser trasladados a otras comunidades autónomas.
Fuentes del Ministerio confirmaron que los traslados se producirán de forma semanal a partir de este lunes y que, para empezar, “se dará prioridad a los recursos de pequeño tamaño”. Por tanto, estos ocho primeros menores –que viajarán a lo largo de esta semana—no recalarán en Madrid.
Sin embargo, la previsión es reubicar a estos solicitantes de asilo en distintos recursos de titularidad estatal a lo largo de todo el territorio.
Tanto el Gobierno central como el de Canarias han trabajado y trabajan con el fin de que la integridad, el bienestar y el interés superior de los menores que han de ser trasladados prevalezcan a lo largo de todo el proceso.
Todos ellos presentan un perfil de alta vulnerabilidad, indicaron, ya que son menores solos que huyen de guerras y conflictos. De hecho, casi el 90% de los que han entrado en el proceso de derivación proceden de Mali, un país que en 13 años ha registrado 3 golpes de Estado.
Fruto de reuniones periódicas entre el Ejecutivo central y el de Canarias, el proceso arrancó con las valoraciones individualizadas a los menores que manifestaron disposición a trasladarse a la península. Engloba, la entidad colaboradora en Canarias, se encarga de llevar a cabo estas entrevistas y valoraciones desde julio.
Según Inclusión, se trata de un trámite “clave para poder realizar con plenas garantías este procedimiento”. Una vez cumplimentados los expedientes, el Gobierno de España y el de Canarias efectuaron la selección de los primeros perfiles, en función de sus necesidades y del destino final.
“La valoración individualizada y pormenorizada de cada expediente“, que se realiza junto con el Ministerio Fiscal, resulta “fundamental para preservar en todo momento el interés superior del menor”, recalcaron desde Inclusión.
El Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones para dar cumplimiento al auto del Supremo y crear 1.200 plazas de acogida específicas para este colectivo en la península.