Este viernes, agentes de la Policía Autonómica Canaria irrumpieron en dos centros de menores de Gran Canaria gestionados por la asociación Quórum Social 77. El operativo, dirigido por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia nº 3 de Las Palmas, se saldó con seis registros, dos detenciones —la presidenta de la entidad, Delia García, y el director de centros, Enrique Quintana Ramos— y el desalojo inmediato de 148 menores del centro de primera llegada José García I, ubicado en la playa de El Cabrón, en el municipio de Agüimes.
La intervención, que continúa bajo secreto de sumario, se enmarca en una investigación abierta en mayo por presuntos delitos de lesiones, amenazas, odio, omisión del deber de impedir delitos y atentados contra la integridad moral. Las diligencias han sido instruidas directamente por el magistrado Tomás Martín, titular del juzgado especializado, y suponen un nuevo golpe judicial contra la estructura de acogida gestionada por esta entidad, que en mayo ya había visto clausurado su centro de Monte Lentiscal, en Santa Brígida.
La Fiscalía y el juzgado investigan testimonios coincidentes de menores que denuncian un patrón de malos tratos, insultos, humillaciones reiteradas y una gestión marcada por la ausencia de profesionales cualificados. Varios jóvenes afirman haber encontrado cámaras de videovigilancia en sus habitaciones, una práctica expresamente prohibida por la legislación de protección de la infancia. Las acusaciones apuntan, además, a una dinámica institucional de coacción y abandono, que podría haber vulnerado de forma sistemática los derechos fundamentales de niños y adolescentes acogidos.
Fuentes cercanas a la investigación consultadas por Artículo14 subrayan la gravedad del caso: “No se trata de incidentes aislados, sino de indicios suficientes de un modelo de gestión negligente e incluso violento que podría haberse sostenido durante años”.
Las múltiples violaciones de derechos de menores por parte de personal de Quórum 77
La entidad Quórum 77 gestiona centros de acogida distribuidos en varias localidades de Canarias, entre ellas Firgas, Moya, Teror, Tamaraceite, Salinetas, Almatriche, Vecindario, La Aldea, Los Hoyos, Casa del Marino y Las Mesas. Según su página web, Quórum Social 77 se define como “una asociación no lucrativa que cuenta con una amplia experiencia en la intervención y el seguimiento de niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro del sistema de protección”.
En septiembre del año pasado tuvimos conocimiento del caso de un menor alojado en un centro de El Hierro que había huido de Senegal tras sufrir una grave agresión relacionada con un conflicto entre comunidades pesqueras de la zona. El joven presentaba lesiones oculares severas que le impedían la visión y denunciaba no haber sido atendido por un especialista, algo que solo habría sido posible con su traslado a Tenerife. A través de un contacto conseguimos localizarlo para intentar concertar una reunión. Sin embargo, durante la organización del encuentro, fue un educador del centro quien respondió a los mensajes en nombre del menor, advirtiéndonos de que no volviéramos a comunicarnos con él porque “estaba prohibido”. Esta intervención no solo impidió que el joven pudiera expresarse libremente, sino que vulneró su derecho al secreto de las comunicaciones, reconocido legalmente con independencia de la edad.
Según nos reveló posteriormente un extrabajador del centro, el educador que bloqueó el contacto carecía de la formación necesaria para trabajar con menores en situación de alta vulnerabilidad. Este testimonio se suma a otros que apuntan a que la Asociación Quórum 77 priorizaba perfiles sin capacitación específica, favoreciendo un modelo de control basado en la coacción más que en la protección.
Menores en la calle en Tenerife
A esta actuación se suma un episodio ocurrido en Tenerife el pasado viernes, que ha encendido todas las alarmas. Responsables de los centros gestionados por Quórum y Coliseum trasladaron a 14 jóvenes desde las instalaciones hasta una comisaría de Policía para que fueran sometidos a pruebas óseas. Los resultados concluyeron que todos eran mayores de edad, a pesar de que algunos de ellos presentaban documentos oficiales de nacimiento que acreditaban su minoría de edad. Tras la práctica de las pruebas, la Policía los dejó en libertad y, desde entonces, los jóvenes se encuentran en la calle. Las entidades gestoras se han negado a reingresarlos en el sistema, alegando que ya ha transcurrido el periodo legal de seis meses para acoger a personas migrantes en situación administrativa irregular.
El Gobierno de Canarias trabaja en las derivaciones de menores a centros de la Península
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha confirmado que los menores han sido reubicados en otros dispositivos de urgencia, y que no se descarta el cierre definitivo de los centros implicados. En un comunicado oficial, el Ejecutivo autonómico reiteró su compromiso con el interés superior del menor y anunció una revisión de todos los convenios de colaboración con entidades privadas que gestionan recursos de acogida.
El presidente canario, Fernando Clavijo, declaró públicamente que “lo ocurrido apunta a delitos de una gravedad muy importante”. En su intervención, reconoció que el volumen sostenido de menores atendidos “dificulta enormemente los controles” y reclamó al Gobierno central mayor corresponsabilidad. “Es evidente que una comunidad fragmentada como Canarias no puede seguir asumiendo en solitario la tutela de los más de 5.400 menores que tenemos actualmente a nuestro cargo”, afirmó. Clavijo también exigió revisar el calendario de aplicación del nuevo decreto de redistribución estatal de menores no acompañados, aprobado el pasado 22 de julio, y lamentó la actitud “insolidaria” de varias comunidades autónomas que han bloqueado su puesta en marcha.
Este nuevo escándalo se produce apenas un mes después del cierre del centro La Fortaleza, en Santa Brígida, tras descubrirse que la entidad Quórum Social 77 había instalado cámaras de vigilancia en las habitaciones privadas de los menores. La clausura fue ordenada entonces por la Consejería de Derechos Sociales, y varios trabajadores fueron imputados por presuntos delitos de odio y vejaciones.
Actualmente, Quórum Social 77 mantiene recursos activos en distintos municipios de Gran Canaria, como Firgas, Moya, Teror, Vecindario o Almatriche. La organización, que se presenta como una asociación sin ánimo de lucro con amplia experiencia en el ámbito de la protección infantil, había recibido más de 62 millones de euros en los últimos ejercicios para la gestión de estos servicios. Su página web subraya una supuesta “coordinación estrecha” con las administraciones públicas, hoy bajo el foco de las sospechas.
La operación policial realizada por el subgrupo de investigación adscrito al Juzgado de Violencia contra la Infancia supone un avance en la investigación abierta por la fiscalía en enero. Según han confirmado fuentes del Gobierno canario, el centro de Arinaga podría ser clausurado en las próximas horas si se confirman los indicios de delito. Por su parte, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias ha anunciado una revisión del conjunto de contratos de gestión y ha reiterado que se priorizará el acompañamiento a los menores reubicados.
Este conjunto de hechos ha desatado una fuerte preocupación institucional. Desde el Gobierno de Canarias se ha insistido en la necesidad de proteger el interés superior del menor y se ha reiterado la urgencia de activar los traslados hacia otras comunidades autónomas. La comunidad autónoma alberga actualmente a más de 5.400 menores extranjeros no acompañados, muchos de ellos hacinados en centros temporales sin condiciones adecuadas.
Estos casos han vuelto a poner en evidencia los límites del actual sistema de acogida y el peso desproporcionado que soportan territorios como Canarias en la gestión de los menores extranjeros no acompañados. El desamparo institucional, la externalización de la tutela pública en entidades sin supervisión suficiente y la falta de coordinación estatal alimentan una crisis que, como advirtió el propio presidente canario, “podría derivar en situaciones tan graves como la que ahora se investiga”.