Una batalla política sin fin, con desplantes incluidos. El reparto de 4.400 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas continúa generando una tensión enorme entre el Gobierno central y el Partido Popular. Este jueves, coordinadas por la dirección nacional, las autonomías populares forzaron la suspensión de la Conferencia Sectorial de Infancia al no acudir sus consejeros a la reunión. Solo Ceuta -gobernada por el PP- quiso asistir.
Desde que Canarias diera hace meses la voz de alarma, ante la incapacidad de responder a la llegada de menores migrantes en cayucos, el Ejecutivo y el principal partido de la oposición se han mostrado incapaces de llegar a un pacto de Estado para el reparto de los mismos. Se han mantenido reuniones discretas y públicas hasta llegar al choque actual total, con las comunidades del PP en pie de guerra.
En paralelo, los populares tuvieron el mayor choque de la legislatura con Vox, que decidió salir de los gobiernos de coalición en distintas comunidades autónomas enarbolando un duro discurso en materia migratoria, como ha vuelto a demostrar a raíz de los incidentes en Torre Pacheco.
Este jueves en ese clima de enorme tensión política, la cita, convocada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tenía como objetivo aprobar el reparto territorial de los menores y una financiación de 22 millones de euros para facilitar su acogida. Sin embargo, la incomparecencia de las comunidades populares impidió la votación. Desde el Ministerio insisten en que este plante no paraliza el proceso. El real decreto será aprobado en el Consejo de Ministros el próximo martes y los traslados comenzarán a partir del 28 de agosto.
En la reunión suspendida sí participaron los responsables de Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha, Canarias y Ceuta. Todas ellas criticaron duramente la actitud del PP. La ministra Rego tildó la ausencia de “posición racista” y “falta de respeto”. Mientras, la consejera canaria, Candelaria Delgado, lamentó que “se está castigando a las regiones que más están sufriendo”. También alertó sobre la insuficiencia de los fondos previstos, “100 millones no bastan ni para tres meses”.
Desde la Generalitat de Cataluña, la consejera Mónica García calificó la postura del PP como “profundamente insolidaria e irresponsable”. Aunque Cataluña no está obligada a acoger menores según el decreto, ofreció voluntariamente 31 plazas, y destacó que, tras Canarias, es la comunidad que más menores migrantes tiene bajo tutela. En el mismo sentido, la consejera vasca Nerea Melgosa pidió al PP “altura de miras” y diálogo, recordando que Euskadi ha realizado un “esfuerzo continuado de acogida”.
La respuesta del PP fue tajante. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo defendió que “no funciona con chantajes, sino con principios” y criticó al Gobierno por intentar “imponer” el reparto sin consenso previo. También lamentaron el “orden del día impuesto” por Rego, aunque esta última aseguró que cuenta con el aval del Consejo de Estado.
El PP sostiene que el reparto de menores ha sido diseñado como “peaje político” a sus socios nacionalistas. En este sentido, Cataluña y País Vasco quedan exentas de asumir nuevos menores, lo que ha alimentado el malestar entre las regiones populares. “Nuestra postura está entre la política de puertas abiertas del PSOE y la criminalización de la inmigración de otros partidos”, señalan desde Génova.
Nos negamos a ser cómplices de un reparto de menores no acompañados inconstitucional e inhumano.
Se trata de más corrupción, esta vez disfrazada de falsa solidaridad. @adavimu pic.twitter.com/4mSBly1Ve3
— PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) July 17, 2025
Vox, por su parte, acusó al PP de actuar por “interés electoral” y recordó que rompió con los populares en varios gobiernos autonómicos precisamente por este tema. “Feijóo obligó a sus barones a firmar que se harían cargo de todo lo que les mandaran”, denunciaron desde el partido de Santiago Abascal. Desde el PP respondieron que Vox “perdió el órdago” que lanzó a Feijóo y reiteraron su rechazo tanto a la “aglomeración callejera” como a una “España convertida en coladero para mafias”.
La ministra Rego advirtió que los 22 millones que debían aprobarse en la reunión no podrán transferirse a los territorios afectados y se destinarán a otros fines. También denunció que el PP no ha presentado ninguna propuesta en las 12 sectoriales celebradas el último año sobre este tema.
Mientras tanto, el calendario sigue adelante. El 26 de agosto se aprobarán los cupos autonómicos, el 27 se declarará la contingencia migratoria en Canarias y el 28 comenzarán los traslados. Con el enfrentamiento político más latente que nunca, el Gobierno se dispone a seguir adelante con un reparto urgente que no cuenta. De momento, con el respaldo de casi la mitad del mapa autonómico.