La Comisión Europea vuelve a señalar a España. En el informe sobre el Estado de Derecho publicado la semana pasada, Bruselas reclama que el país “continúe el procedimiento en curso para aprobar una legislación sobre los lobbies, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de lobistas”. Es la enésima vez que lo hace. Desde hace años, las instituciones europeas reprochan a España la ausencia de una normativa estatal que regule de forma clara la actividad de influencia sobre los poderes públicos.
De momento, la ley no llega, y el vacío legal se mantiene. “Sería importante regular con detalle cuál es la actividad de influencia que estos grupos pueden ejercer sobre las instituciones”, explican desde la Comisión, acostumbrados a registrar todos los grupos de presión, que, a favor de sus intereses, entran en instituciones europeas.
Esa huella permite saber qué grupos de presión han participado en cada trámite legislativo y en qué términos, además de obligar a publicar las agendas de reuniones políticas. Hoy por hoy, esa transparencia en nuestro país es una quimera.
Una lista demasiado larga…
España sigue sin registro estatal de lobbies ni normas claras sobre el tránsito entre cargos públicos y el sector privado. La lista de expolíticos que operan como lobistas desde sus consultoras es larga. El caso más reciente es el del exministro Cristóbal Montoro, imputado esta semana por supuestamente crear una red de influencias desde su antiguo despacho para beneficiar a empresas del sector energético. Pero no es el único.
El exministro de Sanidad, Alfonso Alonso, es hoy CEO de la consultora Acento, fundada por el también exministro socialista José Blanco. Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves en la Junta de Andalucía, es otro ejemplo: factura más de un millón de euros como lobista. Todos ellos se mueven con soltura en los entresijos de la administración pública, sin estar sometidos a ninguna obligación específica de transparencia.
Quién influye sobre qué
La Comisión también recomienda a España “reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaración de bienes de altos cargos” y “avanzar en la independencia y capacidad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses”, como parte de un paquete más amplio para reforzar la integridad institucional.
En Bruselas hay registrados más de 13.000 grupos de presión, y aunque la transparencia europea es aún limitada, existen normas comunes sobre acceso a reuniones, publicación de agendas e influencia en el proceso legislativo. En España, todo eso está aún pendiente. Ni el Congreso ni el Senado han activado sistemas eficaces para que la ciudadanía sepa quién influye sobre qué leyes.
La exigencia europea se ha convertido en un recordatorio cíclico. También forma parte del Plan de Recuperación y de las recomendaciones del Semestre Europeo. “La Comisión sigue esperando avances reales”, señalan en Bruselas. Pero el trámite no avanza y la regulación sigue metida en el cajón.
Las comparaciones son odiosas
En países como Francia, Irlanda o Lituania, los registros de lobistas son obligatorios y están gestionados por organismos independientes que supervisan tanto el acceso a las instituciones como la influencia ejercida en los procesos legislativos. En Alemania, la normativa se endureció tras varios escándalos y obliga ahora a identificar claramente a los grupos de presión en cada proyecto de ley. España, en cambio, sigue sin definir siquiera qué se considera lobby ni qué límites deben tener sus prácticas.
Tampoco hay un marco común que impida de forma efectiva las llamadas puertas giratorias. Los dos años de incompatibilidad que marca la ley pueden sortearse con facilidad, y no existe una fiscalización real de las actividades que desempeñan los ex altos cargos. La ausencia de controles permite que figuras con relevancia política acumulada durante años puedan influir en decisiones públicas sin dejar apenas rastro ni asumir obligaciones de transparencia.