En el centro del debate político por la gestión de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 aparece un nombre propio: Carmen Martínez. La diputada socialista preside en el Congreso la comisión de investigación creada para analizar qué falló antes, durante y después de uno de los episodios meteorológicos más devastadores de los últimos años.
Su perfil, su trayectoria y su forma de dirigir los trabajos explican por qué Carmen Martínez se ha convertido en una figura clave en una comisión que promete ser larga, tensa y políticamente determinante.
De médica a referente político en Valencia
Carmen Martínez Ramírez nació en Quart de Poblet (Valencia) y es licenciada en Medicina, con especialización en Medicina de Familia y Salud Comunitaria. Antes de dar el salto definitivo a la política, Carmen Martínez ejerció como médica en el sistema público, una experiencia que ella misma ha reivindicado en numerosas ocasiones como decisiva para entender la gestión de crisis y la toma de decisiones en situaciones límite.
Su carrera política comenzó a finales de los años ochenta en el ámbito municipal, donde fue creciendo hasta convertirse en una de las alcaldesas con mayor continuidad de la Comunidad Valenciana. Carmen Martínez fue alcaldesa de Quart de Poblet durante más de dos décadas, un periodo que le permitió consolidar un perfil de gestión pegado al territorio y con fuerte implantación local, una característica que hoy pesa en su papel al frente de la comisión de la DANA.
Una trayectoria marcada por la gestión pública
Tras su etapa municipal, Carmen Martínez dio el salto a la política autonómica como diputada en Les Corts Valencianes, donde ocupó responsabilidades en la Mesa y se especializó en materias vinculadas a la sanidad y los servicios públicos. Esa línea de trabajo se mantuvo cuando, en 2023, fue elegida diputada en el Congreso por la provincia de Valencia.

En la Cámara Baja, Carmen Martínez es portavoz socialista en la Comisión de Sanidad. Un cargo coherente con su formación y con una trayectoria centrada en la gestión pública. Desde ese espacio ha defendido el refuerzo del sistema sanitario y la importancia de la coordinación institucional, dos ideas que ahora reaparecen con fuerza en su discurso sobre la DANA.
El papel de Carmen Martínez en la comisión de la DANA
La comisión de investigación sobre la gestión de la DANA fue constituida en el Congreso con el objetivo de analizar las decisiones adoptadas por las distintas administraciones y depurar posibles responsabilidades políticas. Carmen Martínez fue designada presidenta de la comisión en un contexto ya marcado por la confrontación entre bloques.
Como presidenta, Carmen Martínez dirige las sesiones, ordena los debates y decide sobre cuestiones clave como los turnos de palabra o el desarrollo de las comparecencias. Su papel no es menor: de su forma de conducir la comisión depende en gran medida el tono de los trabajos y la percepción pública de su imparcialidad.
Desde el inicio, Carmen Martínez ha insistido en que la comisión debe servir para esclarecer los hechos y ofrecer respuestas a las víctimas, evitando —al menos en el discurso— que se convierta en un mero escenario de desgaste partidista. Sin embargo, los enfrentamientos vividos en algunas sesiones evidencian la dificultad de mantener ese equilibrio.
Un perfil bajo presión política
La exposición mediática de Carmen Martínez se ha disparado desde que asumió la presidencia de la comisión. Cada gesto, cada llamada al orden y cada cruce verbal son analizados al detalle por unos y otros. Para el PSOE, Carmen Martínez representa una figura con experiencia y conocimiento del territorio afectado; para la oposición, su presidencia es vista con recelo por su adscripción política.

En ese contexto, Carmen Martínez se mueve entre dos exigencias contrapuestas: garantizar el funcionamiento institucional de la comisión y defender un relato político que no perjudique a su partido. El resultado de esa tensión marcará no solo las conclusiones finales de la investigación, sino también el futuro político de una dirigente que ha pasado del ámbito local al primer plano del Congreso.
