Sacrificarse significa renunciar a algo valioso. No es simplemente trabajar más, esforzarse o cumplir con nuestras obligaciones. Es perder algo en nombre de un propósito que consideramos superior. Una distinción que podría parecer lingüística, pero que adquiere una dimensión muy diferente cuando la palabra sale de la boca de alguien que aspira a gobernar.
El término procede del latín sacrificium, relacionado con sacer, «sagrado», y facere, «hacer». En su origen designaba una ofrenda religiosa: se entregaba algo de valor a una divinidad, por devoción, agradecimiento o para obtener su favor. Había una pérdida, un destinatario y una finalidad. Quien realizaba el sacrificio esperaba que aquella renuncia tuviera algún sentido.
La palabra ha sobrevivido a los altares y continúa ocupando un lugar privilegiado en el lenguaje político de una sociedad aconfesional. Cambian los escenarios, pero permanece la idea de que, para alcanzar un bien superior, alguien debe desprenderse de algo que le pertenece.
Recientemente hemos vuelto a escuchar que habrá que pedir sacrificios a los ciudadanos. La expresión se ha acompañado de referencias al trabajo, la responsabilidad y la cultura del esfuerzo. Sin embargo, no son conceptos equivalentes. Podemos trabajar intensamente, cuidar de nuestra familia o comprometernos con un proyecto sin que todo ello implique necesariamente una pérdida. El esfuerzo requiere dedicación; el sacrificio, una renuncia.
Una renuncia exige explicaciones.
España conoce bien el vocabulario de las crisis. Austeridad, ajustes, contención del gasto, reformas inevitables. Palabras que en diferentes momentos se tradujeron en congelaciones salariales, restricciones presupuestarias y pérdida de poder adquisitivo. Las medidas podían presentarse como necesarias para recuperar la estabilidad, pero sus consecuencias no se distribuyeron por igual.
No es lo mismo renunciar a unas vacaciones que renunciar a encender la calefacción. Tampoco afecta igual una reducción de servicios públicos a quien dispone de alternativas privadas que a quien depende exclusivamente de ellos. Hablar de sacrificios compartidos puede resultar convincente desde una tribuna, pero las renuncias tienen un coste muy diferente según la posición económica de quien las soporta.
La palabra «todos» no convierte en iguales a quienes no lo son.
Hay, además, una cuestión que rara vez ocupa el centro de estos discursos: ¿se nos piden sacrificios para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad o para evitar que determinados sectores tengan que renunciar a sus privilegios?
La diferencia es considerable. Un esfuerzo colectivo puede estar justificado si permite afrontar una emergencia, sostener servicios esenciales o corregir desigualdades. Otra cosa es exigir privaciones a quienes ya viven con dificultades mientras determinadas ventajas económicas, fiscales o institucionales quedan fuera de discusión.
Antes de reclamar nuevas renuncias convendría examinar quién contribuye, cuánto contribuye y qué intereses se protegen. No se trata de cuestionar el éxito económico, sino de impedir que la austeridad se convierta en una obligación para unos y en una excepción para otros.
Pero el sacrificio tiene otra particularidad: hemos aprendido a admirarlo.
Nos educan para sacrificarnos por los hijos, por el trabajo, por la familia o por una carrera profesional. Celebramos a quien soporta jornadas interminables, a quien nunca descansa y a quien parece capaz de responder a todas las exigencias. El sufrimiento ha adquirido un prestigio extraño, como si el valor de nuestras acciones dependiera de cuánto nos cuestan.
Y esa cultura también se escribe en el cuerpo.
Llevo décadas trabajando con personas que han aprendido a sostener responsabilidades hasta ignorar sus propias necesidades. Profesionales que no consiguen desconectar, mujeres que compaginan el trabajo remunerado con buena parte de los cuidados familiares y también personas que consideran el descanso una pérdida de tiempo. La exigencia ha dejado de ser una circunstancia para convertirse en una manera de vivir.
No siempre somos conscientes de cómo las condiciones sociales y económicas participan en nuestra experiencia corporal. El cuerpo no es un recipiente que soporta pasivamente lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestro sistema nervioso interpreta y anticipa continuamente las demandas del entorno, organiza respuestas y ajusta nuestra manera de movernos, respirar y relacionarnos con el mundo.
Cuando la incertidumbre económica, la presión laboral o la sobrecarga de responsabilidades se prolongan, pueden aparecer alteraciones del sueño, fatiga, tensión muscular y dificultades para recuperarse. No existe una postura del sufrimiento ni una respuesta corporal idéntica para todos. Pero sabemos que el estrés mantenido puede afectar a nuestra salud.
La precariedad no se queda en la cuenta bancaria. También puede instalarse en el cuerpo.
Este aspecto debería ocupar un lugar más importante en las decisiones políticas. Hablamos de recortes, reformas y ajustes como si fueran operaciones contables, pero detrás de cada cifra existen personas que necesitan comer, descansar, cuidar, moverse y sentirse seguras. La inseguridad material puede traducirse en una vigilancia constante, en una dificultad para desconectar y en una sensación de amenaza que no desaparece al terminar la jornada laboral.
Muchas de las personas que conozco profesionalmente no necesitan aprender a sacrificarse. Necesitan recuperar la posibilidad de vivir sin estar permanentemente respondiendo a una nueva exigencia.
La filósofa Simone Weil, que trabajó en fábricas para conocer directamente las condiciones de los obreros, reflexionó sobre la relación entre la necesidad, el trabajo y la libertad. Su pensamiento permite plantear una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto podemos considerar voluntaria una renuncia cuando las circunstancias apenas ofrecen alternativas?
Porque no es lo mismo elegir sacrificarse que verse obligado a hacerlo. Quien decide dedicar parte de su tiempo a un proyecto personal conoce el sentido de su elección. Quien pierde poder adquisitivo, ve reducidos sus servicios públicos o debe trabajar cada vez más para mantener el mismo nivel de vida no siempre tiene la posibilidad de decidir.
Tampoco ayuda reducir la sociedad a una división entre quienes se esfuerzan y quienes supuestamente viven del esfuerzo ajeno. Combatir el fraude y los abusos es necesario, pero la contribución social no se mide exclusivamente mediante una nómina. Cuidar a una persona dependiente, afrontar una enfermedad o buscar empleo sin encontrarlo no convierte a nadie en un ciudadano menos responsable. Y los privilegios injustificados no son exclusivos de ningún estrato social.
Gobernar implica administrar recursos limitados y tomar decisiones que, en ocasiones, pueden resultar impopulares. Nadie debería negar esa realidad. Pero precisamente por eso cada renuncia que se solicite a la ciudadanía tendría que acompañarse de una explicación rigurosa: qué se pretende conseguir, qué alternativas existen, quién asumirá los costes y qué beneficios recibirá la sociedad.
Lo que no debería aceptarse es que el sacrificio se presente como una virtud suficiente para justificar cualquier decisión.
Una sociedad no progresa porque sus ciudadanos aprendan a soportar cada vez más dificultades. Progresa cuando el trabajo permite vivir dignamente, cuando cuidar no significa empobrecerse, cuando los servicios públicos ofrecen protección y cuando el bienestar deja de considerarse un privilegio reservado a quienes pueden pagarlo.
El esfuerzo puede ser necesario y satisfactorio. El sacrificio implica una pérdida. Y el sufrimiento, por sí mismo, no garantiza ningún progreso.
Volvamos a la palabra con la que empezamos. En aquel antiguo sacrificio religioso había una ofrenda, una pérdida y un destinatario. Siglos después, cuando desde el poder se anuncian sacrificios colectivos, seguimos teniendo derecho a conocer esos tres elementos.
¿Qué tendremos que entregar? ¿Para conseguir qué? ¿Y quién saldrá beneficiado?
Antes de pedir nuevas renuncias, quizá convendría revisar los privilegios que se mantienen y los sacrificios que podrían evitarse con una distribución más justa de los recursos y las responsabilidades.
El progreso de una sociedad no debería medirse por cuánto sufrimiento es capaz de soportar su población, sino por cuánto sufrimiento innecesario consigue evitar.
Porque contribuir al bien común es una responsabilidad compartida. Que siempre sean los mismos quienes paguen su precio es una cuestión de justicia.