Circula con fuerza un bulo persistente: que hoy basta la palabra de una mujer para que un hombre acabe en prisión. Que la presunción de inocencia ha desaparecido. Que denunciar es sinónimo de castigo automático. La realidad, sin embargo, es exactamente la contraria. En España, incluso después de una paliza, incluso cuando hay ingreso hospitalario, cuando el riesgo es evidente, los agresores siguen quedando en libertad.
La última mujer asesinada por violencia de género desmiente ese bulo con una crudeza insoportable. Se llamaba Carmen Díaz Delgado, tenía 78 años, era madre y abuela. El 9 de enero, su marido, Pedro, de 81 años, la golpeó en el domicilio familiar de Badajoz con tal violencia que tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital.
Carmen ingresó ese mismo día. Y aun así, el sistema decidió que bastaba con devolverla a casa. Fue dada de alta de madrugada el sábado 10, todavía frágil, todavía bajo amenaza. Al día siguiente, su hijo la encontró tendida en el suelo, incapaz de valerse por sí misma. Volvió a ingresar en el hospital el domingo 11. Murió el lunes 12, a última hora de la tarde, a consecuencia de las lesiones.
Pedro quebrantó la orden y se presentó en el hospital
Tras la paliza, el juzgado optó por medidas cautelares. No prisión. Una orden de alejamiento. Una barrera de papel para una violencia salvaje. Carmen no fue protegida. Y la prueba es que el agresor quebrantó la orden y se presentó en el hospital donde ella estaba ingresada. Solo entonces, cuando ya había desobedecido a la justicia, fue detenido de nuevo y enviado a prisión.
No estamos ante un error aislado ni ante una desgracia imprevisible. Estamos ante una decisión concreta, tomada con información suficiente, que optó por minimizar el riesgo. Y conviene decirlo sin rodeos: la ley permitía protegerla mejor.
La prisión provisional en casos de violencia de género no es un castigo anticipado; es una medida de protección cuando el riesgo es grave. Y una agresión con ingreso hospitalario a una mujer de 78 años por parte de su pareja, según los criterios de valoración policial y judicial, es uno de los indicadores más claros de riesgo extremo. El posterior quebrantamiento de la orden de alejamiento no hizo sino confirmar lo que ya era evidente desde el primer momento.
El sistema responde mejor al cadáver que a la amenaza
Sin embargo, el sistema penal español sigue atrapado en una lógica perversa: mientras la mujer vive, el caso se reduce a lesiones; cuando muere, se habla de homicidio. La respuesta más contundente llega cuando ya no sirve para nada. El sistema responde mejor al cadáver que a la amenaza.
Frente al relato reaccionario que insiste en que la palabra de una mujer basta para arruinar una vida, los hechos muestran lo contrario: ni siquiera una paliza con ingreso hospitalario garantiza una protección efectiva. Denunciar no abre automáticamente la puerta de la cárcel al agresor. Lo que suele abrirse, en cambio, es un periodo de riesgo para la víctima.
La prisión provisional no garantiza la vida. Pero la ausencia de protección garantiza el riesgo. Y cada vez que una mujer muere después de que se optara por no verla, no falla una persona concreta: falla el sistema entero, falla la cadena de decisiones que prefirió esperar, minimizar o confiar en medidas claramente insuficientes.
Carmen Díaz Delgado no es un caso aislado. En lo que va de año, al menos cuatro mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España: Pilar, de 38 años, en Quesada (Jaén); Czarina, de 43, en Las Palmas de Gran Canaria; y María Isabel, de 58, asesinada en Olvera (Cádiz). A ellas se suman otros casos extremos que aún no han terminado de escribirse: una joven permanece en situación de muerte cerebral y su madre se encuentra grave tras una agresión con una olla por parte de su pareja.
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