Al productor Javier Pérez Santana le han condenado a cuatro meses de prisión y libertad vigilada por agresión sexual.
Lograr esta pena no ha sido sencillo, no porque los hechos fueran difíciles de probar, sino por el enorme desgaste que el proceso judicial ha supuesto para su víctima, la actriz Jedet.
Ella misma lo ha explicado a través de sus redes sociales tras conocerse la condena. “Hoy, después de tres años, una sentencia judicial pone fin a un proceso que ha marcado profundamente mi vida”, escribió. Un camino que, según relata, ha ido mucho más allá del propio juicio: “He sostenido un proceso largo, duro y profundamente desgastante”.
Jedet ha puesto el foco en el impacto personal del procedimiento judicial. “No ha sido fácil. Estos tres años han tenido un impacto real en mi salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal”, explicó, describiendo ese tiempo como “una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes”.
“Denunciar también tiene un precio”
En su comunicado, la actriz también dijo entender por qué muchas mujeres desisten de acudir a la justicia. “Empatizo profundamente con el por qué muchas mujeres deciden no denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque tienes que revivir una y otra vez lo sucedido”. Y concluyó con una idea que atraviesa muchos otros relatos similares: “Porque denunciar también tiene un precio”.
La experiencia de Jedet no es un caso aislado. Otras mujeres que han denunciado violencia sexual han explicado cómo, al entrar en los tribunales, la violencia no terminaba, sino que adoptaba otras formas. La francesa Gisèle Pelicot describió con claridad esa inversión de papeles durante el juicio: “En este tribunal tengo la impresión de que soy yo la que está siendo juzgada, no los hombres que me violaron. He tenido que justificar mi comportamiento, mis decisiones, mi vida. A veces parecía que yo era la acusada”, se lamentó.
“Me fui de España llena de culpa, de vergüenza y de miedo”
En España, Nevenka Fernández, pionera en denunciar el acoso sexual de un político, ha contado durante años el coste personal de sostener su denuncia frente a un sistema que no la protegió. Tras el juicio, explicó que tuvo que abandonar el país: “Me fui de España llena de culpa, de vergüenza y de miedo”. Relatos distintos, en contextos distintos, pero atravesados por una misma idea: para muchas mujeres, denunciar supone enfrentarse no solo al agresor, sino también a un proceso judicial que las expone, las cuestiona y las deja profundamente marcadas.
Algo parecido a lo que contó la víctima de La Manada de Pamplona que llegó a decir que «lo peor vino después del portal», en alusión a todo lo que implicó el proceso judicial. Y también la víctima del caso de Dani Alves, que tras la condena y la posterior absolución —pendiente de revisión por parte del Tribunal Supremo— aseguró que aquello fue “como volver al cuarto de baño”.
“Son procesos larguísimos en los que se trata fatal a las víctimas”
Sabemos también que solo alrededor del 10 % de las mujeres que sufren una agresión sexual denuncian, según la Macroencuesta de Igualdad. Quienes lo hacen suelen atravesar procesos muy similares. Isaac Guijarro, del bufete Olympe Abogados, cree que estas situaciones responden a cómo está configurado el sistema judicial. “Los procedimientos más duros que hay en España son los que tienen que ver con los delitos contra la libertad sexual”, explica. “Son procesos larguísimos en los que se trata fatal a las víctimas: te niegan pruebas, testigos, no quieren prorrogar los plazos de instrucción y tienes que estar recurriendo todo constantemente”.
Ese desgaste explica, según Guijarro, que muchas causas acaben, por ejemplo, en acuerdos a la baja. Cuando se llega al juicio oral, señala, la víctima suele estar exhausta: “Después de cuatro o cinco años, pensar en volver a contarlo todo, en que te traten mal y escuchar a la defensa sacar ‘trapos sucios’ de tu vida es un mundo”.
La Ley del solo sí es sí introdujo medidas para reducir ese daño —como limitar las preguntas sobre la vida íntima de la víctima—, pero la magistrada Victoria Rosell advierte de que no basta con cambiar la ley. “Es un cambio cultural: dejar de responsabilizar a la víctima de su propia agresión y dejar de juzgarla a ella en vez de al agresor”.
“Las mujeres llegan desinformadas, desprotegidas, asustadas y muy revictimizadas”
El interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Elisa Mouliaá evidenció, una vez más, que la letra de la ley no siempre se traduce en un trato digno. “Por mucho que la ley prometa respeto y protección, las mujeres no somos tontas: dejamos de confiar”, apunta Rosell, que cree que la filtración de imágenes del interrogatorio buscaba disuadir a futuras denunciantes.
La jurista y experta en violencias machistas María Naredo va más allá y sostiene que estas conformidades suponen “un trato de favor a los agresores que no se da en otros delitos”. En su experiencia, “las mujeres llegan desinformadas, desprotegidas, asustadas y muy revictimizadas”.
Naredo insiste en que se puede hacer bien, y recuerda haber acompañado procesos en los que se ha tratado a las víctimas con respeto, se ha valorado la prueba sin prejuicios y se han dictado sentencias proporcionales. “Eso es transformador, pero sigue sin ser la norma”, concluye. “Mientras sigamos pensando que ‘quizá no fue para tanto’ y que con una condena mínima basta, la cultura de la violación seguirá presente en los tribunales”.
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