El Ministerio de Igualdad ha anunciado un cambio importante en el sistema de seguimiento telemático de agresores de violencia de género. Las pulseras antimaltrato que hasta ahora se colocaban en la muñeca de los maltratadores serán sustituidas por tobilleras, un dispositivo que el Gobierno considera más fiable y menos manipulable. El anuncio llega acompañado de un nuevo contrato que puede oscilar entre los 71 y los 111 millones de euros y que, para muchas organizaciones, evidencia que el sistema anterior llevaba tiempo sin dar la respuesta que se esperaba.
La decisión se produce después de las advertencias por parte de jueces, fiscales y organizaciones que trabajan directamente con víctimas. También llega tras las alarmas lanzadas por la Fiscalía General del Estado, que en su Memoria de 2024 alertó de “múltiples fallos” en el Sistema Cometa, encargado de monitorizar estos dispositivos. Fallos que no eran solo técnicos y que, como recuerdan las asociaciones, se traducían en riesgos reales para la seguridad de las mujeres.
Desde la Fundación Ana Bella recuerdan que la vigilancia telemática sigue siendo una de las herramientas más eficaces cuando existe una amenaza previa. “La medida que se ha demostrado que es más eficaz para evitar que el maltratador que ha amenazado a su pareja o expareja no la asesine son este sistema telemático de seguimiento”, señalan. Por eso consideran que las mejoras técnicas son necesarias: “Cualquier mejora que se haga y que evite que el maltratador se la pueda quitar o la pueda manipular o la descargue redunda en más protección para las mujeres”.
No son los dispositivos, son los protocolos
Sin embargo, la fundación insiste en que el problema va más allá del dispositivo. “Sería importante que no solamente se avanzara en la tecnología, sino que también se invirtiera más presupuesto en que todos los maltratadores que están en el sistema Viogen y que hayan amenazado a sus parejas tengan esta medida para prevenir que las asesinen”, subrayan, apuntando a una aplicación todavía insuficiente del sistema.
Una crítica más dura llega desde la Asociación Mujeres Víctimas Volaera. Su portavoz, María Martín, cuestiona tanto el momento como el planteamiento del nuevo contrato. “Van a destinar de 77 a 111 millones de euros al nuevo dispositivo. Esto es hacer las cosas mal y tarde”, afirma. En su opinión, el foco no debería ponerse únicamente en la tecnología, sino en cómo se gestiona.
“Desde 2024 estamos denunciando que los protocolos no funcionan. No los dispositivos en sí, sino los protocolos asociados a los dispositivos antiguos”, explica Martín. A su juicio, estos procedimientos deberían gestionarse “a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con profesionales muy cualificados, con mucha empatía y mucha formación en violencia machista”, y no dejarse “en manos de trabajadores o trabajadoras sin esa especialización”.
Para Volaera, lo que está en juego es demasiado grave como para improvisar. “Estamos hablando de la vida de mujeres y de sus hijos y de sus hijas. Estamos hablando de la mitad de la población de este país. Estas personas que llevan estos dispositivos están en riesgo extremo”, advierte. Por eso insiste: “No podemos dejarlo en manos de cualquiera”.
El pliego de condiciones
La asociación también reclama más transparencia sobre el nuevo contrato. “Queremos saber en qué se ha basado esta nueva ejecución del concurso y cuál ha sido el pliego de condiciones para contratar esta nueva empresa, que no sabemos ni el nombre”, señala Martín, que teme que, sin cambios estructurales, el anuncio se quede en “una foto y un titular”.
Desde la asociación Alanna, Chelo Álvarez valora positivamente que se modernice el sistema, pero recuerda que las deficiencias eran conocidas desde hace años. “Durante años, profesionales y organizaciones hemos señalado las limitaciones de los dispositivos existentes: fallos técnicos, incidencias en la geolocalización, problemas de cobertura, tiempos de respuesta insuficientes o carencias en la coordinación entre sistemas”, afirma. Y añade: “Cada fallo no es un error abstracto: es un riesgo real para mujeres y para niñas y niños”.
El nuevo contrato contempla tobilleras con mecanismos antivandálicos, sensores de movimiento y temperatura corporal, mayor autonomía de batería y tarjetas eSIM no extraíbles. También incorpora geoposicionamiento autónomo para evitar que el agresor pueda eludir el control dejando el móvil en casa, además de nuevas alertas de proximidad y mejoras en la seguridad criptográfica.
Asimismo, se prevé un refuerzo de la Sala Cometa, con más personal, mejor coordinación y apoyo psicológico, un número 900 exclusivo para víctimas y un stock mínimo de dispositivos que permita sustituirlos en menos de 24 horas en caso de fallo o manipulación.
Pese a ello, desde Alanna insisten en que la tecnología no puede ser un sustituto de una intervención integral. “La tecnología puede ser una aliada poderosa, pero ningún dispositivo sustituye a una intervención sostenida y centrada en las víctimas”, señala Álvarez Sanchis. En la misma línea, Volaera advierte de que, si no se modifican los protocolos y la forma de actuar, “no estamos haciendo nada”.
El paso de las pulseras a las tobilleras supone un intento de reforzar la protección, pero también deja al descubierto una pregunta incómoda: si las advertencias llevaban años sobre la mesa, ¿por qué las correcciones llegan ahora? Para las organizaciones que trabajan con las víctimas, la respuesta no está solo en la tecnología, sino en la voluntad de poner la vida de las mujeres en el centro, más allá de los anuncios y las cifras.
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