Dotar de derechos protege. No es una consigna ni una metáfora: es un hecho. Eso es precisamente lo que hará el decreto de regularización de inmigrantes, una medida con una derivada tan evidente como decisiva: permitirá que muchas mujeres migrantes que viven relaciones de violencia puedan hacer algo tan básico como acudir a una comisaría, pedir ayuda y decir, sin miedo, que están en peligro.
Muchas de estas ellas llegan a España sin conocer la legislación ni los recursos de protección existentes. No es una percepción subjetiva: distintos estudios y organismos especializados coinciden en que las mujeres migrantes sufren violencia de género en mayor proporción que las nacidas en España, pero denuncian menos.
El miedo a la deportación, la inseguridad jurídica y el desconocimiento de sus derechos actúan como barreras determinantes. Según entidades que trabajan con víctimas, la situación administrativa irregular es uno de los factores que más retrasa —o directamente impide— la denuncia, incluso cuando la violencia es grave y continuada.
Permite romper la dependencia del agresor
Más allá de facilitar la denuncia, la regularización rompe la dependencia del agresor. La irregularidad administrativa refuerza su control, especialmente cuando él sí tiene nacionalidad o permisos de residencia. Contar con una situación regular permite a las mujeres acceder a un trabajo legal, disponer de ingresos propios, alquilar una vivienda y abandonar el círculo de dependencia económica y emocional que sostiene muchas relaciones violentas. Sin papeles, escapar no solo es más difícil: en muchos casos es inviable.
La regularización también facilita el acceso real a derechos y recursos que ya existen en el sistema, pero que sin documentación quedan limitados o bloqueados. Ayudas sociales, atención psicológica continuada, casas de acogida, asistencia jurídica especializada o prestaciones vinculadas a la maternidad y a la violencia de género son recursos fundamentales que solo pueden desplegarse plenamente cuando la mujer tiene garantizada su situación administrativa.
Otro efecto directo es la protección de las hijas e hijos. La regularización refuerza la capacidad legal de la madre para ejercer la custodia, tomar decisiones médicas y educativas y actuar con rapidez ante situaciones de riesgo, como la sustracción de menores. Esta seguridad jurídica resulta clave cuando el agresor utiliza a los hijos como una herramienta más de control y coerción.
Previene la violencia machista
Además, contribuye a evitar la revictimización institucional. Las mujeres migrantes en situación irregular sufren a menudo una doble violencia: la ejercida por el agresor y la que proviene de la desconfianza, los prejuicios o el racismo institucional. La regularización reduce esa segunda violencia y favorece que su testimonio sea escuchado, creído y tratado en condiciones de igualdad.
Todo ello mejora la eficacia del sistema de protección. Cuando una mujer puede denunciar y sostener el proceso judicial sin miedo a consecuencias administrativas, hay más pruebas, más seguimiento y más medidas de protección efectivas. Esto no solo mejora la respuesta institucional, sino que contribuye a prevenir agresiones futuras, feminicidios y daños a menores.
Por último, la regularización no es solo una medida de reparación cuando la violencia ya ha ocurrido: es también una herramienta de prevención. Reduce situaciones de vulnerabilidad extrema, disminuye la exposición a relaciones abusivas y evita que el estatus migratorio sea utilizado como un arma más de control por parte de los agresores.
Por eso, el decreto de regularización no puede leerse únicamente en clave migratoria. Tiene efectos directos sobre la protección de derechos fundamentales y, en particular, sobre la capacidad del Estado para garantizar que ninguna mujer tenga que elegir entre su seguridad y su situación administrativa. Dotar de derechos no es una concesión: es una forma efectiva de proteger, de prevenir la violencia y de reforzar un sistema que solo funciona cuando llega a todas.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.