En la semana que busca concienciar sobre una de las realidades más dolorosas de nuestra sociedad hemos sabido que un derecho garantizado para las víctimas de violencia sexual no se está cumpliendo: su atención integral, especializada y accesible para todas. La que debería ofrecerse en los conocidos como centros de crisis. Los 24/7.
Con casi tres millones de niñas y mujeres residentes en España víctimas de violencia sexual, según apuntan desde Amnistía Internacional, resulta tan preocupante como incomprensible que no se busquen soluciones inmediatas para dar respuesta a unas promesas que hace tres años se convertían en Ley.
Un derecho garantizado que no se cumple
La Ley Orgánica 10/2022, la Ley del solo sí es sí, reconoce en su artículo 33 el derecho a la asistencia integral de las víctimas con el objetivo de “superar las consecuencias físicas, psicológicas, sociales o de otra índole, derivadas de las violencias sexuales”. Y para hacerlo, el Gobierno, a través de las Comunidades Autónomas y la Unión Europea, establecieron que debía abrirse, al menos, un centro de crisis por cada provincia de nuestro territorio.
Eran las Comunidades y los Ayuntamientos los que debían (y deben) garantizar, como mínimo, el acceso a los tres pilares fundamentales de estos centros: permanecer abiertos 24/7/365 días del año, disponer de un teléfono gratuito todos los días de la semana a cualquier hora (para informar, derivar o atender a la víctima que contacte) y que estén gestionados por especialistas que sepan dar respuesta las necesidades de las supervivientes.
24/7 solo sobre papel
Sin embargo, tres años más tarde, y a pesar de que nos hartemos de leer y escuchar a nuestros políticos asegurar “que todas las víctimas son igual de importantes” solo las mujeres que hayan sufrido violencia sexual en Asturias o Galicia tienen garantizado una atención 24/7 todos los días del año.
El resto de las víctimas, las de Castilla y León, las de Extremadura, las de la Comunidad de Madrid, las de Cataluña…y así hasta once comunidades más y las dos ciudades autónomas, parecen ser menos importantes para quienes todavía no exigen que se garantice lo prometido: atención en uno de, posiblemente, los momentos más duros de gestionar en la vida de una mujer agredida sexualmente.
¿Creen que los agresores sexuales actúan con horarios?
Desde Amnistía Internacional, que ha analizado la situación dispar en la que se encuentran estos centros, aseguran que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, los centros de crisis tienen “un horario de atención de sus centros de 8 de la mañana a 22 horas, y están cerrados los fines de semana”. Asique, desde las diez de la noche hasta las ocho de la mañana del día siguiente y los sábados y domingos las autoridades castellanomanchegas deben entender que los agresores sexuales no actúan contra sus víctimas.
En Aragón aún mejor: las víctimas, deben entender quienes deben legislar, no necesitan ayuda de siete de la tarde a nueve de la mañana. Y mucho menos los fines de semanas…porque los centros de crisis en la comunidad tienen un horario de 9 a 19 horas.
¿En Andalucía? De 8.30 a 20.30, los días de diario. En Cataluña, “que ha optado por considerar centros de crisis a cuatro de los 21 Serveis d’intervenció especialitzada (SIE)”, mantienen un horario similar: de 9 a 19 horas.
Ni si quiera se garantiza atención telefónica
Al más que evidente incumplimiento del horario, hay que sumarle otros fallos que complican aún más garantizar este derecho: muchos de ellos, la mayoría, no se han dado a conocer de manera generalizada y “por lo tanto las mujeres se encuentran perdidas cuando sufren este tipo de violencias”, explican Amnistía Internacional.
Tampoco se garantiza la atención telefónica u online por personal especializado ni hay hay suficientes recursos para cubrir a todas las posibles víctimas. La situación se complica aún más para mujeres migrantes, mujeres de la comunidad gitana, mujeres con discapacidad o trabajadoras sexuales.
Si todo esto no se cumple imaginen los aspectos “recomendables” pero no obligatorios. Lo suyo sería que existiese un centro de crisis por cada 200.000 habitantes. Evidentemente, “ninguna comunidad garantiza la ratio”, apuntan desde el informe.
Víctimas de 12 años en la lista de espera
Al final, el no cumplir con todo ello, a quien perjudica, y a quien falla de manera directa es a las víctimas. Pero también a sus familiares. Madres o padres que tratan de gestionar, con todo lo que ello conlleva, la agresión sexual sufrida por una hija. Amnistía Internacional habló con la madre de una niña de 12 años víctima de abusos sexuales a la que tardaron en atender tres días.
“El primer día no me cogieron el teléfono, tuve que volver a llamar y me dieron cita tres días después. Me dijeron que la psicóloga estaba de baja, pero a los pocos días mi hija fue al centro y tuvo una reunión en la que estaban otras niñas. Le explicaron cómo decir que no y esas cosas”, explicó esta madre. Tres meses después de ese encuentro grupal la niña no había vuelto a recibir asesoramiento. Aún espera una nueva cita.
Los 24/7, desbordados
Este retraso, que puede parecer desinterés por parte de los centros de crisis, se da, entre otros motivos, porque los 24/7 están desbordados. Y no hay profesionales suficientes para atender todas las necesidades.
La mayoría de estos centros estudiados por Amnistía Internacional, “solo tiene una o dos psicólogas, o trabajadoras sociales o asesoras jurídicas”, lo que al final, aseguran, “condiciona la capacidad de atención”. Y, además, no todos los trabajadores de los 24/7 están formados en el ámbito de la violencia machista: “Solo Cataluña tiene como requisito estar acreditado”.
Cumplir con la Ley, como mínimo, para que no haya #NiUnaMás
Esta radiografía no deja más que en evidencia la falta de interés real por parte de las instituciones para que no haya ni una víctima más.
Cumplir con ese #hashtag del que tanto gusta alardear (#NiUnaMás) comienza, como mínimo, con cumplir con las víctimas. Y no exigir el cumplimiento de un derecho garantizado por Ley demuestra todo lo que queda aún por mejorar para vivir en una sociedad libre de violencia machista.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.