A la Manada de Castelldefels le pedían 196 años de cárcel. Cinco hombres que, según el fiscal, se aprovechaban de la “baja autoestima” de sus víctimas para captarlas, someterlas, agredirlas sexualmente y grabarlas contra su voluntad. La jueza instructora describió su modus operandi como “depredación sexual”. Sin embargo, no habrá juicio. Las partes decidieron llegar a un acuerdo y, finalmente, cumplirán en total menos de 33 años. Algunos incluso podrían quedar en libertad tras estas penas. ¿Cómo se pasa de solicitar 196 años a acabar en apenas 33?
“Los procedimientos judiciales más duros que hay en España”
El escrito de conformidad lo explica: “ha pesado mucho la necesidad de proteger a las víctimas, así como la voluntad de no ser revictimizadas sometiéndoles a la presión de este juicio”. Es decir, las jóvenes han preferido un mal acuerdo antes que enfrentarse al trauma de declarar en una sala de vistas.
No es un caso aislado. Hace un mes, un tribunal de la Audiencia de Pontevedra redujo a la mitad la pena a un violador mediante otro acuerdo judicial. Le pedían casi once años y fue condenado a cinco. En Logroño, un hostelero aceptó cuatro años de cárcel por dos delitos de abuso sexual a una joven, frente a los catorce años que solicitaba la Fiscalía.
¿Son los acuerdos judiciales en delitos sexuales un síntoma de un sistema que revictimiza a las mujeres?
Isaac Guijarro, del bufete Olympe Abogados, cree que estas situaciones responden a cómo está configurado el sistema. Afirma que “los procedimientos judiciales más duros que hay en España son los que tienen que ver con los delitos contra la libertad sexual. Las agresiones sexuales son procedimientos larguísimos en los que se trata fatal a las víctimas, hay que estar peleando porque te niegan pruebas, testigos, no quieren prorrogar los plazos de instrucción y hay que estar recurriendo todo constantemente”.
“Prefieren asegurarse una condena, aunque sea irrisoria, para poder pasar página”
Añade que, cuando se llega al juicio oral, la víctima suele estar exhausta: “la víctima lo ha pasado tan mal que pensar en ir a juicio, volver a contarlo todo, volver a que la traten mal, escuchar a la defensa mentir o sacar ‘trapos sucios’, entre comillas, de su vida pasada es un mundo. Después de cuatro o cinco años, solo quieren acabar con el procedimiento como sea. Prefieren asegurarse una condena, aunque sea irrisoria, para poder pasar página”.
La magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, considera muy preocupante que se ofrezcan a las mujeres acuerdos a la baja, “incluso por debajo de las penas previstas en la ley, porque ese es el problema”. Sostiene que “si la víctima estuviera protegida, bien cuidada y atendida, no huiría del proceso a toda costa, y eso es lo que está sucediendo; suelen sufrir una revictimización brutal”.
La Ley del “solo sí es sí” introdujo medidas para reducir ese daño, como limitar las preguntas sobre la vida íntima o privada de la víctima, convirtiendo lo que antes era norma en excepción: solo se permiten si la presidencia del tribunal las autoriza de forma motivada. Pero, como advierte Rosell, “aún falta mucho porque es un cambio cultural, no solo legal: dejar de responsabilizar a la víctima de su propia agresión sexual, dejar de juzgar a la víctima en vez de al agresor”.
El ejemplo de Adolfo Carretero con Elisa Mouliaá
El reciente interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaá demostró que la letra de la ley no basta para garantizar un trato digno. “Por mucho que la ley, en teoría, te garantice respeto, dignidad, protección integral y acompañamiento, las mujeres no somos tontas: dejamos de confiar y creo sinceramente que quien filtró esas imágenes pretendía echar para atrás a más denunciantes, no solo del mismo agresor, sino de cualquiera”, apunta Rosell.
La jurista y experta en violencias machistas, María Naredo, va más allá y sostiene que estas conformidades suponen “una vez más, un trato de favor a los agresores, algo que no sucede con otros delitos”. Afirma que “en todas las conformidades que he podido documentar, las mujeres estaban desinformadas, desprotegidas, asustadas y muy revictimizadas”. Por eso subraya la importancia de analizar cómo se informa a la víctima de sus derechos y cómo es tratada durante todo el proceso hasta la apertura de juicio oral, y se pregunta: “¿y la Fiscalía? ¿Qué rol ha tenido en estos acuerdos? ¿Entiende que así se garantizan los derechos de las víctimas a un juicio justo y a una pena proporcional al daño?”
Se puede hacer bien
Naredo alerta de que “que las mujeres sigan teniendo miedo a un juicio por violencia sexual significa que el sistema no está avanzando como debería en adaptarse a estas víctimas con reconocimiento, respeto y rigor”.
Recuerda un comentario que le hizo un operador jurídico, quien sostenía que pasar por la justicia “es consustancial a la violencia sistémica”, que es normal pasarlo mal en el proceso, pero ella discrepa. “He acompañado a víctimas en procedimientos judiciales donde se ha hecho bien: poniendo en su sitio al acusado, tratando con respeto y escuchando con garantías a las mujeres, valorando la prueba sin prejuicios y dictando una sentencia proporcional al daño. Eso es transformador, pero sigue sin ser la norma, a pesar del marco jurídico y de los avances en formación”.
Y concluye: “Todavía no estamos ahí. Seguimos con la cultura de la violación; la impunidad social está presente. Se sigue pensando ‘quizá no fue para tanto, con un acuerdo ya está’. La constante minusvaloración de los impactos de la violencia sexual —incluso frente a la física— hace que muchos operadores jurídicos impulsen la conformidad como si fuera suficiente con que haya condena”.
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