Un proceso judicial que puede acabar en una petición de extradición

Existe un tratado bilateral en vigor entre España y la República Dominicana que regula la entrega de personas reclamadas por la justicia

El cantante Julio Iglesias.
EFE

El futuro judicial de Julio Iglesias es incierto. El escándalo sobre los presuntos abusos y agresiones sexuales cometidos en 2021 en República Dominicana y Bahamas contra trabajadoras de su servicio doméstico ha abierto un abanico de posibilidades sobre qué podrá suceder con el cantante y qué consecuencias legales podrán derivarse de los supuestos hechos denunciados.

La investigación publicada por elDiario.es y Univision Noticias conocida en el día de ayer contra Iglesias ha activado un primer movimiento en los tribunales españoles. Alfonso Villagómez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, expone que la Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene abiertas diligencias de investigación penal preprocesales, una fase todavía preliminar y reservada, en la que se analiza si los hechos relatados tienen recorrido penal suficiente para judicializarse.

El cantante Julio Iglesias, en una imagen de 1987. Fotografía: EFE

Lo habitual en este tipo de procedimientos es que, si la investigación avanza, el artista sea citado a declarar. En ese momento, sus abogados podrían alegar “motivos por salud y edad” que impedirían a Iglesias realizar viajes y desplazamientos.

No obstante, Villagómez subraya que “no existe ningún límite de edad para ser juzgado ni para ingresar en prisión” y recuerda que “la creencia de que a partir de los 70 años no se cumple condena es un mito”.

El magistrado aclara que el caso se encuentra todavía en una fase muy inicial. Las diligencias que instruye ahora la Fiscalía son “parajudiciales” y, si prosperan, deberían desembocar en una denuncia o querella formal ante un juez. Las propias denunciantes podrían presentar esa querella directamente, a través de abogado y procurador con poder especial, ante el Tribunal de Instancia Central —la nueva denominación de los antiguos Juzgados Centrales— o mediante un escrito de denuncia en el que se detallen los hechos y se aporten indicios de prueba.

Julio Iglesias. Fotografía: EFE

Extradición y cárcel

Los supuestos delitos denunciados, expone, encajan en el artículo 178 del Código Penal, que define la agresión sexual como cualquier acto que atente contra la libertad sexual sin consentimiento. Tras la reforma introducida por la ley del “solo sí es sí”, estas conductas se castigan con penas de entre uno y cuatro años de prisión en su tipo básico, y de hasta cinco años si concurren circunstancias agravantes como violencia, intimidación o consentimiento viciado.

En este último caso, la intimidación se produciría por la agresión se comete con violencia o intimidación, cuando existe una situación de superioridad o dependencia sobre la víctima, si el consentimiento está viciado o anulado -por ejemplo por el consumo de alcohol o drogas- o cuando la persona agredida se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.

Asimismo, existe la posibilidad de una extradición. En el escenario de que Julio Iglesias sería viable, explica Villagómez, ya que existe un tratado bilateral en vigor entre España y la República Dominicana, firmado en 1981 y ratificado en 1984, que regula la entrega de personas reclamadas por la justicia entre ambos países.

Situaciones de poder y abuso

En los últimos años se han conocido casos de denuncias de mujeres contra figuras de gran peso en el ámbito cultural internacional. El caso de Julio Iglesias ha abierto una fisura en el mundo artístico español, que recuerda al estallido del caso del tenor Plácido Domingo.

Sin embargo, no son situaciones equiparables jurídicamente. En el caso del cantante de ópera, una veintena de mujeres lo denunciaron por comportamientos inapropiados, tocamientos y presiones para mantener relaciones sexuales, pero no se presentaron denuncias por abuso o agresión sexual como ahora sí está sucediendo con Julio Iglesias.

El cantante de ópera Plácido Domingo. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Tiempo después del estallido, una imagen pública mermada y la pérdida de reconocimiento profesional -dimitió como director de la Ópera de Los Ángeles y tuvo que cancelar actuaciones- Plácido Domingo pidió perdón públicamente “por el dolor causado”.

Su caso no conllevó denuncias penales y el asunto nunca llegó a los tribunales, algo que sí podrá ocurrir con Iglesias.

Por el momento, él no se ha pronunciado sobre ninguno de los hechos conocidos.

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