El Consejo de Administración de Indra se ha reunido este jueves para avanzar en el proceso de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Un proceso que lleva más de un año buscando una salida y que, a día de hoy, sigue estancado. Según ha podido saber este medio a través de fuentes presentes en la reunión, la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) no ha mostrado su apoyo, sino que ha abogado por una opción alternativa a la fusión.
La cita ha estado enmarcada, además, por las dudas respecto a la conveniencia de la operación, dado el litigio abierto por General Dynamics a través de su filial, Santa Bárbara, y el cese de su directora de Comunicación, Carmen Pérez, tras siete meses en el cargo. Según ha podido saber este medio, este movimiento ha generado un gran malestar en Presidencia del Gobierno. Anteriormente, Pérez fue directora de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación de Moncloa. El Ejecutivo no quiere dejar de tener control sobre la empresa, y el cese de Pérez ha aumentado sus recelos.
El respaldo de Amber Capital
El Consejo de Indra está formado por el presidente Ejecutivo, Ángel Escribano; el consejero delegado, José Vicente de los Mozos; cinco consejeros independientes, y seis consejeros dominicales, entre los que se encuentra la SEPI.
Entre los accionistas, Amber Capital, el cuarto mayor de la empresa, con un 7,24% del capital, es quien más ha respaldado la operación de fusión. Según su posición, las partes deben estar alineadas para crear un “campeón nacional” de la defensa, según explicó el consejero delegado de Amber Capital, Camilio Azzouz, en declaraciones al diario Cinco Días.
Amber tendría así una posición contraria a la que muestran miembros del Consejo, especialmente los independientes, que encuentran un claro conflicto de intereses en la operación al estar los dos hermanos en ambas empresas. Ángel, es presidente de Indra, y Javier lo es de EM&E Group, y además tiene una participación del 14,3% en la empresa que lidera su hermano. EM&E es el segundo mayor accionista de Indra después del Gobierno, que posee un 28% de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
La batalla judicial con General Dynamics
La batalla judicial con General Dynamics ha empañado el encuentro. La filial Santa Bárbara no está a favor de la adjudicación de determinados contratos militares por parte del Ministerio de Defensa a Indra y Escribano, ejemplo de ello son los obuses. Santa Bárbara considera que dicho contrato se lo ha adjudicado el Ejecutivo a Indra sin contar con que SBS está especializada en la fabricación de dicha artillería.
En concreto, el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso contencioso-administrativo en el que se solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y EM&E para prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno, informa Europa Press. Se trata de la concesión de los créditos para los programas de los obuses de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones de euros).
El proyecto en el punto de mira
El Gobierno ha invertido 31.800 millones de euros, una inyección que integra 31 Programas Especiales de Modernización (PEM) que se firmaron el pasado año en aras de cumplir con el 2% del gasto en Defensa exigido por la OTAN. Del total, Indra se adjudicó el 45%, más de 14.400 millones, tanto en solitario como en UTE con otras empresas, como EM&E.
El más importante es el proyecto de los obuses autopropulsados. Un desarrollo que implicaría el desarrollo de piezas de artillería que disparan proyectiles de trayectorias altas en dos plataformas: ruedas y cadenas, por más de 7.000 millones de euros. Y, según explican desde la compañía, también específicamente sobre camiones.
No obstante, Santa Bárbara también ha confirmado su intención de iniciar los trámites administrativos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) para interponer un recurso de alzada contra la adjudicación de los propios contratos, cuyo importe conjunto se sitúa en 7.240 millones de euros.
Algunos militares, disconformes
Fuentes de Defensa informan a este medio que militares de larga trayectoria en el Ejército de Tierra no estarían satisfechos tampoco con la adjudicación, ya que Indra estaría interesada en que la surcoreana Hanwha Defense entrara en la ecuación. La compañía asiática ha mostrado una alta disposición para transferir tecnología, el objetivo final de la compañía.