GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha pasado de las buenas palabras a la acción judicial en la batalla frente a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo que solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a Indra y EM&E.
En el centro de la contienda, dos megacontratos millonarios de artillería terrestre del Ministerio de Defensa, que aseguran la carga de trabajo a su adjudicatario durante la próxima década. Los elegidos para desarrollar los nuevos sistemas de artillería autopropulsada de cadenas y ruedas –6.736 millones de euros en total– han sido las Uniones Temporales de Empresas (UTEs) entre Indra y EM&E. Defensa firmó estos contratos el pasado 30 de diciembre ‘in extremis’ para cumplir con la inversión exigida por la OTAN.
Indra y EM&E pasan a liderar la artillería terrestre
Indra y EM&E, presididas por Ángel y Javier Escribano, respectivamente, también han conseguido la adjudicación de 116 lanzapuentes por casi 350 millones. Todos estos contratos se han negociado sin publicidad y al amparo del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite la adjudicación directa para proteger los intereses esenciales de su seguridad nacional. Así en la justificación de la adjudicación, Defensa reconoce que es “la única empresa capacitada técnicamente para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico y se han negociado mejoras de interés para la administración”.
El trasfondo de estas adjudicaciones es mucho mayor. Indra, a través de su filial Indra Defence Vehicles, con el apoyo de EM&E, se posiciona como el nuevo líder en artillería terrestre en el mercado nacional. En la práctica, esto supone desplazar a GDELS-Santa Bárbara, que hasta la fecha venía gozando de esta posición derivada de sus orígenes como empresa estatal. A GDELS-Santa Bárbara, Defensa le ha adjudicado la modernización de los vehículos de combate de infantería Pizarro por 264 millones.
Una de las claves a favor de Indra en estas adjudicaciones es la propiedad intelectual de la tecnología, ya que el Gobierno tiene como objetivo asegurarse la autonomía estratégica. Así, se busca primar la producción nacional o que la tecnología esté transferida a las empresas nacionales.
Del perfil conciliador a los tribunales
Hasta ahora, GDELS-Santa Bárbara había mantenido públicamente un perfil conciliador, buscando el apoyo del Ejecutivo fuera del Ministerio de Defensa. En plena negociación de los megacontratos de artillería, a finales de octubre, visibilizó su voluntad de poner a disposición su tecnología y capacidades inmediatas “para que el programa del obús autopropulsado se desarrolle en España”. Entonces, en un encuentro con el ministro de Industria, Jordi Hereu, el presidente de GDELS, Antonio Bueno, y el director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, abordaron el plan industrial de la compañía en España y su proyección internacional.
El ministro @jordihereub se ha reunido con la dirección de @GDELS_Official
➡️Se ha abordado el plan industrial de la compañía en España y su proyección internacional
✔️Ambos han destacado la importancia de fortalecer el tejido productivo nacional en el ámbito de defensa pic.twitter.com/sqyHLoujXS
— Ministerio de Industria y Turismo (@minturgob) October 22, 2025
Su interés por participar en los programas de los obuses sobre cadenas y ruedas ha sido patente desde el inicio. Es bien conocido por Defensa, ya que el pasado verano presentó una propuesta no solicitada durante la negociación previa sin publicidad de los programas. Pero tras quedar confirmadas las adjudicaciones y ante la perspectiva de que Indra y EM&E no cuenten con sus capacidades en el desarrollo del Plan Industrial para producir los nuevos sistemas de artillería autopropulsada, los estadounidenses han decidido mover ficha y llevar a sus rivales ante el Tribunal Supremo.
Créditos al 0%
GDELS-Santa Bárbara, empresa con sede en España pero cuyas acciones están controladas por la multinacional estadounidense General Dynamics, ha conseguido que el Tribunal Supremo admita a trámite un recurso contencioso-administrativo que reclama, como medida cautelar, la paralización de 3.000 millones de euros en préstamos estatales concedidos a la UTE formada por Indra y EM&E, según informa Europa Press. Los créditos, otorgados a un interés del 0%, están destinados a prefinanciar los programas de obuses de ruedas, por importe de 1.181 millones, y de obuses de cadenas, que suman 1.821 millones.
La eventual suspensión cautelar de estos préstamos -una cuestión que todavía debe resolverse- se enmarca en el recurso presentado por Santa Bárbara Sistemas, filial de General Dynamics European Land Systems, contra su concesión a las UTEs entre Indra y Escribano. Estos créditos figuran en el real decreto aprobado el 14 de octubre de 2025, por el que se regulan las normas de concesión directa de préstamos para el desarrollo industrial de los programas especiales de modernización militar. En virtud de esa norma, el Gobierno ha concedido a Indra casi 7.000 millones de euros (6.890 millones) al 0%. Fuentes de Indra rehusaron hacer comentarios al respecto.
Santa Bárbara busca “proteger la tecnología española”
Por su parte, fuentes de Santa Bárbara afirmaron a Artículo14 que tratan de proteger la tecnología española. “El objetivo es proteger la tecnología española, a los trabajadores y suministradores de la empresa e impulsar las capacidades actuales industriales del sector de Defensa en España”, señalaron. En España, cuenta con unos 1.200 empleados. Además, puntualizaron que mantienen conversaciones con el ecosistema industrial nacional de defensa con el objetivo de “cumplir con los objetivos del Gobierno” en el desarrollo de los programas de modernización militar.
Desde su privatización en 2001 y venta a General Dynamics, Santa Bárbara Sistemas tiene al Ministerio de Defensa español como su principal cliente. En 2024, la sociedad quintuplicó su beneficio, hasta los 106,84 millones. Ese año, obtuvo unos ingresos de 265,57 millones, un 15,7% menos por la caída de las ventas a su filial en Reino Unido. Además, logró renovar la concesión demanial con el Ministerio para sus fábricas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Trubia (Asturias) por 487.000 euros anuales. Esta concesión vencerá el 21 de julio de 2031, aunque existe la posibilidad de una prórroga de cinco años más en las mismas condiciones.
A la espera de la decisión del Tribunal Supremo, el conflicto entre Indra y GDELS-Santa Bárbara escala a los tribunales. Y mientras tanto la disputa en el plano industrial tiene al gigante alemán Rheinmetall al acecho. Indra firmó el pasado mes de mayo una alianza estratégica y ambas ya han explorado las posibilidades de colaboración en proyectos vinculados a plataformas terrestres.