Ha pasado un mes y medio desde el apagón en toda España y todavía ni empresas ni Gobierno han explicado las razones por las que nos quedamos sin luz.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha presidido la reunión número 12 ya del Comité para el análisis de la crisis eléctrica sin una explicación clara sobre qué sucedió. Y, como consecuencia, no hay un responsable al que poder reclamar todos los daños surgidos de una jornada entera sin electricidad.
Subida del precio de la luz
Desde ese día, el precio de la luz ha subido debido a un mayor uso del gas para estabilizar el sistema eléctrico y evitar nuevos apagones. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), estas medidas para prevenir otra crisis energética han supuesto un encarecimiento de entre 5 euros y 8,50 euros en la factura de un hogar medio. En un momento en el que se cuestiona si es una buena idea cerrar paulatinamente las centrales nucleares que cumplen ya 40 años de vida porque, según las compañías eléctricas implicadas, son todavía valiosas para aportar energía al sistema español.
En total, hay 5 centrales nucleares operativas que suman 7 reactores. El calendario de cierre se realizará de forma escalonada entre el año 2027 y el 2035 y la primera en cerrar sus puertas será la central de Almaraz, en Cáceres, que en principio dejará de operar en noviembre de 2027. Le seguiría Almaraz II para octubre de 2028, Ascó, en Tarragona, en dos fases (Ascó I y II) entre los años 2030 y 2031, Cofrentes, en Valencia, en 2030 también y Trillo y Vandellón II que cerrarían las últimas para el año 2035.
Pero la presión de las tres compañías eléctricas para mantenerlas operativas es grande. Iberdrola, Endesa y Naturgy han presentado al ministerio de Transición Ecológica una propuesta para revisar ese calendario nuclear con una prórroga hasta 2030 de los dos reactores de la central nuclear de Almaraz. Pero quieren alargar la vida a cambio de algo: rebajas fiscales. Las compañías buscan que Gobierno y comunidades autónomas reduzcan los impuestos que pagan las centrales, especialmente la Tasa Enresa, que sirve para financiar la gestión de residuos y el desmantelamiento de las plantas.
Pero según han confirmado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica al Periódico de la Energía, la iniciativa no cumple los requisitos necesarios para ser tramitada como una petición formal porque no cuenta con el respaldo unánime de todas las empresas implicadas que también son propietarias de centrales nucleares y que han firmado el protocolo de cierre.
El Gobierno insiste en que deben garantizar la seguridad de las personas, del suministro eléctrico y que la medida no suponga un mayor coste para los ciudadanos. Según Enrique García, portavoz de la OCU, “es muy difícil valorar qué impacto tendría el cierre o la ampliación del plazo de vida de las nucleares. También es difícil ver en impacto en la garantía de suministro, un derecho de los consumidores que aunque no estaba muy presente, el 28 de abril se puso en evidencia que en materia de electricidad es fundamental. El plazo de cierre de las nucleares está previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En este plan se recoge el desarrollo de las medidas que acompañaran ese calendario (sobre todas gas y acumuladores, hidráulica con bombeo etc).
En la medida en que las previsiones del PNIEC no se puedan cumplir (demanda eléctrica) se deberán tomar decisiones para garantizar el suministro. Pero siempre teniendo en cuenta el coste, porque cerrar las nucleares tiene un coste, y ampliarlas también. Lo que no se puede renunciar es que el sistema garantice el suministro y que se cumplan todos los requisitos de seguridad que la ampliación del plazo de vida útil de las nucleares”.
Y entre reuniones y plazos, los consumidores están asumiendo una factura más cara desde el apagón y una indefensión sobre a quién reclamar todos los daños causados. Un socio de FACUA, de la Federación de Asociaciones de Consumidores en Acción, ha denunciado que Iberdrola le respondió ante una reclamación por los daños causados por el apagón, que ese 28 de abril no hubo ninguna incidencia y que, por lo tanto, no encuentra motivos para compensarlo económicamente. La compañía le ha negado la evidencia y el dinero perdido.