El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto una sanción de 3,6 millones de euros contra Alquiler Seguro por vulnerar los derechos de los consumidores. La medida, adelantada por Facua, se enmarca en el expediente abierto tras las denuncias presentadas por organizaciones de inquilinos que acusan a la compañía de imponer prácticas abusivas en la gestión de arrendamientos en toda España.
La propuesta de sanción sitúa a Alquiler Seguro en el centro del debate sobre el mercado de la vivienda y las condiciones que enfrentan los inquilinos. El Ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, asegura que reforzará la vigilancia sobre las grandes empresas inmobiliarias para garantizar el cumplimiento de la ley.
La multa a Alquiler Seguro: una cifra sin precedentes
Según la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador, la sanción propuesta contra Alquiler Seguro asciende a 3.600.902 euros. Una de las multas más elevadas impuestas hasta la fecha por Consumo en el sector inmobiliario.
El expediente se originó tras una denuncia presentada en noviembre de 2023 por Facua, que acusó a la empresa de cobrar honorarios a los inquilinos. Una práctica prohibida por la actual ley de vivienda. Dicha norma establece que los gastos de gestión y formalización de los contratos deben ser asumidos por el arrendador, no por el arrendatario.
Fuentes del Ministerio consultadas por La Vanguardia confirman que la investigación sigue abierta. No obstante, la cuantía de la sanción refleja la gravedad de los hechos detectados. Si finalmente se confirma, supondría un golpe significativo para Alquiler Seguro, que opera en decenas de ciudades españolas y gestiona miles de contratos de arrendamiento.
Consumo acusa a Alquiler Seguro de prácticas abusivas
En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha intensificado su vigilancia sobre grandes compañías del sector inmobiliario. A principios de año, el departamento que dirige Bustinduy anunció un expediente sancionador contra una “gran agencia inmobiliaria” por vulnerar los derechos de los inquilinos. Poco después, Facua confirmó que se trataba de Alquiler Seguro.
Las denuncias apuntan a que la empresa habría exigido pagos indebidos, vulnerando los derechos reconocidos por la legislación actual. Según el ministro, “buscar un piso se ha convertido en una competición desigual, donde los inquilinos están en situación de indefensión y se violenta el derecho constitucional a una vivienda digna”.
Bustinduy ha asegurado que su Ministerio “pondrá todos los recursos disponibles para garantizar que ninguna empresa esté por encima de la ley”. En este sentido, el caso de Alquiler Seguro se convierte en un ejemplo de la nueva línea de acción del Gobierno contra las malas prácticas en el mercado de la vivienda.
Las reacciones del sector y el impacto en el mercado
La propuesta de sanción contra Alquiler Seguro ha generado una fuerte reacción en el sector inmobiliario. Algunas asociaciones de propietarios han expresado su preocupación por lo que consideran una “demonización del arrendamiento”, mientras que colectivos de inquilinos celebran la medida como un “precedente histórico”.
El Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones denunciantes, considera que la sanción demuestra que “las grandes agencias llevan años actuando con impunidad, cargando a los inquilinos costes que no les corresponden”. En cambio, desde el entorno empresarial se advierte del riesgo de que este tipo de medidas “ahuyente la inversión y reduzca la oferta de vivienda en alquiler”.
Alquiler Seguro, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial. Aunque fuentes cercanas a la empresa, recogidas por La Vanguardia, aseguran que “colaborará con las autoridades para aclarar cualquier malentendido”.
La postura del Gobierno: proteger a los inquilinos
El ministro Pablo Bustinduy ha defendido que el expediente a Alquiler Seguro forma parte de una estrategia más amplia para equilibrar las relaciones entre propietarios e inquilinos. Entre sus propuestas destacan la congelación de los precios del alquiler y la prórroga automática por tres años de los contratos vigentes.
Según sus cálculos, más de 300.000 contratos finalizarán en los próximos meses. Eso podría derivar en aumentos del 30% o 40% en algunas zonas. “Hay familias que viven con la angustia de no saber si podrán seguir en su casa”, señaló el ministro, que también aboga por endurecer la fiscalidad para quienes acumulan más de cuatro viviendas y prohibir la compra especulativa en zonas tensionadas.
El Ministerio de Consumo mantiene abiertos otros expedientes contra empresas de pisos turísticos y grandes plataformas digitales. En los últimos meses, estas investigaciones han obligado a Airbnb a retirar 65.000 anuncios y a Booking a eliminar 4.000 viviendas que no cumplían la normativa.