El Gobierno prepara una nueva vuelta de tuerca a las zonas de bajas emisiones en España. El objetivo es que las restricciones al tráfico de los vehículos más contaminantes dejen de existir únicamente sobre el papel y se traduzcan en controles y sanciones efectivos. La reforma afectará especialmente a los 151 municipios de más de 50.000 habitantes obligados a disponer de estas áreas, aunque la legislación también contempla otros territorios y localidades en determinadas circunstancias.
Según publicó este martes 3 de noviembre El País, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha impulsado una modificación del Real Decreto 1052/2022 cuya aprobación estaba prevista para el Consejo de Ministros. Su propósito es corregir las deficiencias detectadas desde que las zonas de bajas emisiones comenzaron a implantarse de forma obligatoria.
La novedad fundamental no consiste en crear una multa nueva, sino en exigir que los ayuntamientos hagan cumplir las limitaciones que establecen sus propias ordenanzas. Durante estos años, algunas ciudades han aprobado perímetros restringidos sin acompañarlos de controles suficientes o han prolongado los periodos de aviso sin imponer sanciones.
El problema figura en la documentación oficial de la reforma. En el expediente sometido a información pública en 2025, el propio ministerio identificó moratorias excesivamente largas, excepciones demasiado amplias y zonas situadas en espacios donde el tráfico ya estaba limitado. En estas condiciones, una delimitación administrativa no garantiza por sí sola una reducción de la contaminación.
Qué tendrán que hacer los ayuntamientos
La modificación prevista obligará a los consistorios a demostrar que sus zonas de bajas emisiones funcionan realmente. No bastará con aprobar un plano o colocar señales en determinadas calles: deberán acreditar la entrada en vigor de las restricciones, el funcionamiento de los sistemas de control de acceso y los mecanismos utilizados para supervisar sus resultados.
El departamento que dirige Sara Aagesen pretende, además, impedir que los periodos transitorios se conviertan en una suspensión indefinida de las consecuencias por incumplir las normas. La reforma exige incorporar y aplicar el régimen sancionador correspondiente, según la información adelantada por El País, sin recurrir a fórmulas que retrasen injustificadamente su eficacia.
La Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, obligó a implantar estas zonas antes de 2023 en los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y determinadas poblaciones de más de 20.000 habitantes que superen los límites legales de contaminación. Sin embargo, su desarrollo ha sido desigual, tanto por los calendarios escogidos como por el alcance de las restricciones.
Multas de 200 euros: qué cambia para los conductores
Incumplir una prohibición de circulación en una zona de bajas emisiones ya constituye una infracción grave conforme a la Ley de Tráfico. La sanción general es de 200 euros, con la posibilidad de acogerse a la reducción legal por pronto pago cuando proceda. Por tanto, el decreto no introduce por primera vez esa cuantía ni establece automáticamente una multa para todos los vehículos antiguos.
Su impacto dependerá de las ordenanzas locales. Las etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico sirven como referencia para clasificar vehículos, pero cada ciudad determina las restricciones concretas, el perímetro, los horarios y las excepciones que resulten aplicables dentro de los límites de la normativa estatal.
Esto significa que un coche sin distintivo ambiental no tiene necesariamente prohibida la circulación por todas las calles de los 151 municipios. Antes de desplazarse, el conductor debe consultar las condiciones vigentes en el ayuntamiento de destino. El Ministerio para la Transición Ecológica ofrece, además, un mapa oficial con información sobre la implantación de estas zonas.
Tampoco cabe interpretar que todas las ciudades comenzarán a multar en una misma fecha por el mero anuncio de la reforma. Su aplicación efectiva dependerá del contenido definitivo del decreto, de su publicación oficial y de las actuaciones necesarias en cada municipio. Mientras tanto, siguen siendo exigibles las restricciones que ya estén en vigor.
El acceso a fondos públicos también está en juego. La reforma tiene una dimensión económica que trasciende a los automovilistas. El Gobierno quiere utilizar la acreditación del funcionamiento real de las zonas de bajas emisiones como referencia para determinados mecanismos de financiación del transporte urbano. Así, declarar un área restringida sin hacerla operativa podría tener consecuencias al solicitar o mantener ayudas sujetas a estos requisitos.
Esta cuestión resulta especialmente relevante para las redes de transporte público y para los proyectos financiados con fondos europeos. No obstante, la pérdida o devolución de subvenciones no será automática por cualquier deficiencia: deberá atender a las condiciones de cada programa y al procedimiento administrativo correspondiente.
El Gobierno busca mejorar la calidad del aire y reducir el ruido. Los consistorios deberán explicar las reglas con claridad y preservar las excepciones justificadas para los servicios esenciales.
El cambio de enfoque es claro: no bastará con contabilizar zonas de bajas emisiones. Habrá que demostrar que funcionan y evaluar sus resultados.