El conflicto laboral que ha terminado en los tribunales vuelve a situar a Renfe en el foco informativo. La compañía ferroviaria ha visto respaldada su decisión de despedir disciplinariamente a una trabajadora que se apropió de indemnizaciones por retrasos de trenes que los viajeros no habían llegado a solicitar. El caso, que afecta a cerca de 2.000 euros, ha sido avalado en última instancia por la justicia andaluza.
La sentencia confirma que Renfe actuó conforme a derecho al considerar que los hechos suponían una quiebra grave de la confianza laboral, un elemento esencial en una empresa que gestiona fondos públicos y privados a diario.
La investigación interna que activó Renfe
El origen del caso se remonta a una alerta interna detectada en la estación de Sevilla. Desde allí se informó a responsables territoriales de Renfe de que una misma persona había solicitado, en distintos días, indemnizaciones por retrasos correspondientes a varios trenes de forma simultánea.
Lo que levantó las sospechas no fue solo el volumen de reintegros, sino el patrón: billetes de diferentes trayectos, adquiridos por canales distintos y reclamados aproximadamente 50 días después del viaje. Para Renfe, ese comportamiento apuntaba a alguien con acceso privilegiado a los sistemas internos de información.
Acceso indebido y uso de claves internas
A partir de ese momento, Renfe abrió una investigación interna para determinar cómo se estaban localizando esos billetes. La compañía concluyó que el responsable debía tener acceso a aplicaciones con un alto nivel de visualización de datos y capacidad para imprimir justificantes a través del sistema MOL.
Durante una reunión informativa en la que se explicó que existía una investigación abierta, la trabajadora acabó reconociendo los hechos. Admitió haber utilizado claves de otros empleados —algunas compartidas y otras ajenas— para consultar los billetes, imprimirlos y posteriormente cobrar las indemnizaciones. Tras asumir su responsabilidad, devolvió el importe total obtenido: 1.994 euros.
El despido disciplinario y su encaje legal
Una vez reconocidos los hechos, Renfe dio por concluida la investigación y activó el procedimiento disciplinario. La empresa notificó a la trabajadora su despido por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, amparándose en el Estatuto de los Trabajadores y en su normativa interna.
El caso llegó al Juzgado de lo Social número 1 de Sevilla, que declaró procedente el despido. La empleada recurrió la decisión alegando que Renfe podría haber optado por una sanción menos severa, pero la justicia no le dio la razón.
El respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó íntegramente la sentencia. En su resolución, el tribunal pone el acento en la intencionalidad y la planificación de la conducta.
Según los magistrados, no se trató de un error puntual, sino de un plan estudiado: localizar trenes con retraso, comprobar qué billetes habían sido pagados en metálico, verificar que no se habían reembolsado y, finalmente, tramitar las indemnizaciones utilizando accesos indebidos. Todo ello, subraya el tribunal, exigió tiempo, reiteración y conocimiento del sistema.
Un precedente claro para Renfe y sus trabajadores
El tribunal también avala la decisión de Renfe desde una perspectiva organizativa. En una empresa con miles de empleados y manejo constante de fondos, tolerar este tipo de conductas supondría un riesgo grave para el funcionamiento interno y la confianza del sistema.
La resolución deja claro que la devolución posterior del dinero no elimina la gravedad de los hechos ni la ruptura de la confianza laboral. Para Renfe, el fallo refuerza su capacidad de actuar con firmeza ante usos fraudulentos de sus herramientas internas.