La Eurocámara ha votado a favor de recurrir el acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero eso no lo convierte en papel mojado. Que el texto se judicializara era un escenario plausible y Bruselas cuenta con instrumentos para aplicarlo una vez que sea ratificado por los parlamentos de Brasil, Paraguay, Uruguay o Argentina. España y Alemania ya han pedido a la Comisión que se aplique en cuanto sea posible. Eso lleva el calendario hasta marzo: ese es el plazo estimado por el que Paraguay podría dar luz verde al tratado.
A partir de ahí, Bruselas podría empezar a aplicar el tratado. El recurso ante el TJUE no lo paraliza, sino que cuestiona algunos de sus elementos. A pesar de que Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo han instado públicamente a Bruselas a no demorar más su aplicación, los Veintisiete se van a un nuevo choque. Francia ya ha dicho que una aplicación provisional del acuerdo sería “inaceptable”. Madrid, por su lado, espera que el tratado permita que las exportaciones españolas al bloque latinoamericano crezcan en un 37% con este en vigor. Un impacto de más de dos décimas del PIB nacional, en juego. ¿Qué va a pasar?
El acuerdo con Mercosur alumbra un potencial mercado de 700 millones de habitantes, 450 millones de la Unión Europea y casi 300 millones del bloque de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. El tratado da oxígeno al Viejo Continente, que constata estos días el cambio de paradigma geoeconómico, con las tiranteces y amenazas de EEUU y el auge de China. Sin embargo, el tratado también pone en pie de guerra al campo europeo. Los tractores vuelven a las carreteras de los Veintisiete.
Puede seguir adelante
Para entender por qué el acuerdo con Mercosur puede seguir adelante a pesar del Parlamento Europeo hay que leer su letra pequeña. Tras décadas de negociaciones, este tratado se convirtió en realidad a mediados de mes, después de que el Consejo Europeo diese su plácet. Se requería la conformidad de una mayoría cualificada de países, y votaron a favor todos salvo Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría. Bélgica se abstuvo y la Italia de Meloni, una de las más beligerantes en el pasado, dio finalmente su brazo a torcer.
La firma se escenificó una semana después en Paraguay. El documento estipula que se podrá aplicar con cada uno de los países de Mercosur cuando estos hayan ratificado el tratado en su parlamento. En esta fase está ahora. Paraguay podría estar lista para marzo, según un diplomático europeo consultado por Reuters. Brasil, por su parte, está acelerando todo lo posible el trámite. Además, la moción con la que la Eurocámara aprobó (con 334 votos a favor y 324 en contra) recurrir al TJUE el texto en realidad no bloquea su totalidad. Otra cosa es que Bruselas esté dispuesta a aplicar unilateralmente el acuerdo, como piden España y Alemania, sin tener el beneplácito del Parlamento. No parece el caso.
En los países del Mercosur esta moción de la Eurocámara no les ha pillado de nuevas. Asesores en el Gobierno brasileño de Lula da Silva ya contaban con que este escenario podría darse. De hecho, trabajan con la posibilidad de que la judicialización del tratado prospere y esto implique que no entre en vigor hasta dentro de unos dos años. Aun así, Brasilia trata de acelerar los trámites para que el documento llegue al Congreso Nacional lo antes posible, a fin de demostrar su “compromiso” con su contraparte europea.
Críticas en el campo
El acuerdo abre la puerta a eliminar aranceles en múltiples mercados, lo que favorece a sectores españoles clave, como el textil o la química.. También a que crezcan las compras al sector primario del Mercosur, lo que ha puesto en pie de guerra al campo en todo el continente, con protestas y tractoradas en diversos países. Los agricultores y ganaderos consideran que esto les hará sufrir una competencia desleal por parte de los productores americanos, al no tener estos que enfrentarse a los exhaustivos controles propios de la Unión, entre otras cuestiones.
En lo que a balance comercial se refiere, solo España tiene un déficit en el agroalimentario de 3.655 millones de euros con Mercosur. Las exportaciones del sector primario que van a esos países no superaron los 463 millones de euros en 2024. Las importaciones a España desde esos orígenes superaron los 4.118 millones en el mismo período. El bloque americano representa el 0,6% de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras españolas. En el intercambio, dos grandes protagonistas. El aceite de oliva español y el café brasileño.
Para tratar de salvar las resistencias sectoriales, la Comisión introdujo unas salvaguardas para proteger al campo. Son una suerte de ‘freno de emergencia’: el acuerdo con Mercosur ampara a la Comisión a volver a aplicar aranceles sobre importaciones “sensibles” (como carne de vacuno o pollo) si detecta que estas suben más de un 5% de media durante tres años. Inicialmente Bruselas propuso un margen del 10%, pero la Eurocámara logró bajarlo. Si se detecta ese fenómeno, Bruselas iniciaría una investigación rápida para analizar si se está perjudicando a los agricultores de la UE.
Sánchez se queda solo
Uno de los grandes puntos de fricción con el acuerdo vigente de Mercosur consiste precisamente en esas salvaguardas. El líder de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado al Gobierno de Sánchez y a Bruselas que no aplique el Mercosur mientras no existan “cláusulas de protección automáticas”, más ágiles que las propuestas en el tratado. A pesar de esa solicitud, los populares tienen mayoría en la Eurocámara y votaron en contra de recurrir el acuerdo al TJUE. Por otro lado, Sánchez se está quedando solo. Sumar considera que esas cláusulas son “un maquillaje, un paripé”.
Más allá del sector primario, el acuerdo del Mercosur sí apareja oportunidades para la industria. Que el acuerdo haya tardado un cuarto de siglo en tejerse solo se entiende si se tiene en cuenta qué tenía en juego cada bloque. La estrategia de Mercosur ha sido exportar alimentos y proteger su industria: si no fabricas dentro, no vendes. La de la UE ha sido justo la contraria: proteger la agricultura y exportar industria. Su eventual entrada en vigor, si se produce pronto, supondrá un soplo de oxígeno para sectores como el textil, la farmacéutica o la química.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, enfatizó el pasado jueves que “no hay tiempo que perder”. La principal voz del PP europeo en las negociaciones con Mercosur, el español Gabriel Mato, lo cree igual. Ambos citan un reciente informe del ECIPE que cifra en 4.400 millones de euros sobre el PIB y en 3.000 millones de euros en exportaciones los costes por cada mes adicional de retraso en aplicar el acuerdo con Mercosur en 2026. El Gobierno de España tiene además sus propios cálculos. Aplicar el acuerdo con Mercosur supondría que las exportaciones españolas al bloque crezcan un 37%. Este encontronazo europeo no ha hecho más que empezar.