España se convertirá en apenas 20 años, a partir de 2045, en el país de la OCDE que más porcentaje de su PIB deberá destinar a las pensiones si no se implementan reformas, y mantendrá esa posición al menos hasta 2060, según las últimas proyecciones del ‘think tank’ de economías avanzadas.
En su informe ‘Panorama de las Pensiones 2025‘, la OCDE calcula que el porcentaje del PIB destinado a sostener las pensiones pasará del 13,7% en 2025, el tercero más alto de los 32 países analizados, hasta convertirse en el mayor de todos en 2045, con un 16,9%. A partir de ese momento, el gasto seguirá creciendo hasta alcanzar un máximo del 17,3% en 2050, para luego estabilizarse ligeramente en 2055 con 17,2% y cerrar en 2060 con un 16,9%.
Actualmente, España ocupa la tercera posición, por detrás de Italia (16,1%) y Francia (14,2%), pero para 2045 superará a Italia (16,5%) y a Portugal (15,1%), convirtiéndose en el país que mayor esfuerzo relativo al PIB deberá realizar para pagar las pensiones. En el conjunto de los 32 países de la OCDE, el gasto promedio se incrementaría del 9% en 2025 al 10,3% en 2060. Para entonces, solo Bélgica (15,4%), Austria (14%) e Italia (13,7%) quedarían por detrás de España.
El gasto aumentará 3,2 puntos
La OCDE advierte de que, en España, la brecha entre el gasto en pensiones y las cotizaciones a la seguridad social se ampliará en las próximas décadas si no se adoptan nuevas reformas, a pesar de las elevadas cotizaciones actuales. El informe recoge también las proyecciones de la AIReF, que estiman que el gasto en pensiones aumentará 3,2 puntos porcentuales del PIB entre 2023 y 2050, generando un déficit persistente y un volumen creciente de pasivos implícitos no provisionados.
A nivel global, la OCDE alerta de que el envejecimiento demográfico, provocado por la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, seguirá incrementando la presión fiscal sobre los sistemas de pensiones, justo en un contexto de alta deuda pública y demandas contrapuestas de gasto. Según el informe, la población de la OCDE envejecerá rápidamente en los próximos 25 años y, en 2050, habrá 52 personas de 65 años o más por cada 100 personas entre 20 y 64 años, frente a las 33 en 2025 y solo 22 en 2000. Este aumento “es especialmente acusado en Corea, de casi 50 puntos, así como en España, Grecia, Italia, Polonia y la República Eslovaca, donde supera los 25 puntos”.
Asimismo, se prevé que la población en edad de trabajar (20-64 años) se reduzca un 30% en España, Estonia, Corea, Grecia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Polonia y República Eslovaca durante los próximos 40 años. Por otro lado, la OCDE destaca que Colombia, Costa Rica, Francia y España son los únicos países que utilizan menos de 35 años para calcular el salario de referencia de sus pensiones de beneficios definidos.
Efectos del envejecimiento
“El envejecimiento de la población es un desafío estructural clave para los países de la OCDE, con importantes implicaciones económicas, tributarias y sociales“, subrayó el secretario general, Mathias Cormann, recordando que se estima que la población en edad de trabajar disminuirá un 13% en los próximos 40 años y que, como consecuencia, el PIB per cápita se reducirá un 14% de aquí a 2060, “lo que ejercerá una presión a la baja sobre los ingresos públicos, mientras que el gasto relacionado con el envejecimiento irá en aumento”.
“Dado que vivimos más tiempo y llegamos a la vejez con mejor salud, necesitamos prolongar la vida laboral”, añadió Cormann, recomendando aumentar la edad de jubilación efectiva y promover las oportunidades de trabajo de las personas mayores para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, la seguridad económica en la vejez y un crecimiento económico sólido.
El informe también recoge que en 2025 España ha flexibilizado las normas para la conciliación de la vida laboral y la pensión. Anteriormente, la conciliación solo era posible para personas con trayectoria laboral completa (36,5 años en 2024) que aplazaran su cobro al menos un año más allá de la edad legal de jubilación. Tras la reforma, la conciliación está abierta a cualquier persona con derecho a pensión, aunque sigue siendo necesario aplazar previamente la percepción durante al menos un año, ahora acompañado de una bonificación por aplazamiento.