El informe de la UCO a raíz de la investigación del caso Koldo ha destapado una presunta trama de cobro de comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación irregular de contratos públicos dependientes del Ministerio de Transportes. La investigación sitúa Santos Cerdán, el exsecretario general del PSOE, como el gestor último de las contraprestaciones económicas derivadas de las adjudicaciones públicas con la colaboración Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Esta investigación lleva a preguntarse ¿Existe fraude en la contratación pública?
El número de denuncias y recursos administrativos activos sobre contratos públicos apenas representa un 0,7% del total de expedientes de licitación tramitados en España. Es la conclusión a la que llegan los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir del análisis de los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon). Esta proporción contrasta con el crecimiento continuado del número de denuncias recibidas en los últimos años.
En 2023, las agencias y oficinas antifraude registraron 221 denuncias relacionadas con la contratación pública, un 18,2% más que en 2022 y un 51,36% que en 2018. Ese año se contabilizaron 146 y, desde entonces, el número ha aumentado de forma prácticamente constante. En total, se han acumulado 957 denuncias entre 2018 y 2023.
Sin embargo, Gestha advierte de que del total de denuncias presentadas, casi la mitad están aún en trámite (49,9%), el 22,7% han sido archivadas, el 12,9% han dado lugar a informes o recomendaciones, y solo un 5,4% se han trasladado a la Justicia, la Fiscalía o los tribunales de cuentas.
El contrato de servicios concentra las denuncias
Por tipo de contrato, los servicios concentran el mayor número de alertas. En 2023, el 64,3% de las denuncias se refería a esta modalidad, seguida de los contratos de obras (18,1%) y de suministro (9%), una distribución que se mantiene estable en el periodo analizado.
En cuanto a las causas de denuncia, las más habituales son las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos —que incluyen la tramitación del expediente y la licitación—, con un 32,6% de los casos registrados entre 2019 y 2023. Le siguen las supuestas prácticas corruptas, agrupadas por la OIReScon desde 2023 bajo un mismo epígrafe que también incluye el trato de favor, los conflictos de interés y el tráfico de influencias. Estas representan el 20,6% de las denuncias del último quinquenio.
Incremento de las prácticas corruptas
Dentro del epígrafe de prácticas corruptas, las denuncias crecieron un 34,4% en 2023, hasta alcanzar las 43. En el periodo 2019-2022, los casos de trato de favor a empresas y de conflicto de interés supusieron en torno al 42% cada uno, mientras que el tráfico de influencias representó el 15,6%.
También aumentaron las denuncias por irregularidades en la ejecución del contrato (prórrogas, modificaciones o cumplimiento). En 2023 se registraron 40, un 40% más que en los dos años anteriores, lo que la convierte en la tercera causa más frecuente de comunicación. El fraccionamiento de contratos (13,6% del total de denuncias), la ausencia de contrato (6%) y la vulneración de la normativa aplicable (3,6%) completan las causas más habituales, según la clasificación de la OIReScon.
Uno de cada cuatro recursos, estimado
La actividad de los tribunales administrativos de contratación pública también ofrece indicios sobre el funcionamiento del sistema. En 2023 se tramitaron 4.615 recursos especiales, de los cuales el 26,3% fueron estimados total o parcialmente, el 43,7% fueron desestimados y el 30,1% inadmitidos o archivados.
Los recursos más frecuentemente estimados son los que impugnan los pliegos de condiciones de la licitación y la valoración de los criterios de adjudicación. En ambos casos, el porcentaje de estimación ronda el 40% en los últimos seis años, según los datos de Gestha.
Proporción mínima frente al volumen total
A pesar de estos indicios, el volumen de denuncias y recursos activos sigue siendo residual en comparación con el total de expedientes gestionados. En 2024, las administraciones públicas tramitaron 206.210 contratos, por un importe de 113.091 millones de euros sin IVA. De ese conjunto, solo el 0,7% dio lugar a procedimientos administrativos activos, ya sea por denuncia o recurso.
Por tipo de administración, el 35,7% del volumen de contratación correspondió al Estado, el 33,5% a comunidades autónomas y el 30,9% a entidades locales.
Más protección al denunciante, más denuncias en el futuro
Gestha considera que el número de denuncias podría seguir aumentando en los próximos años como resultado de las medidas introducidas por la Ley 2/2023, de protección al denunciante.
Esta norma prohíbe expresamente las represalias contra quienes informan sobre infracciones y establece sanciones económicas que pueden alcanzar el millón de euros en el caso de las empresas infractoras. Además, prevé la exclusión temporal de licitaciones públicas durante un máximo de tres años.
Implantación desigual de oficinas antifraude
La capacidad de respuesta ante las denuncias varía entre territorios. Actualmente, solo algunas comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra y Andalucía) y grandes ayuntamientos (Madrid y Barcelona) cuentan con oficinas antifraude con funciones de investigación. A nivel estatal, esa función recae en el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado.
En cambio, órganos como el Consello de Contas de Galicia o la Audiencia de Cuentas de Canarias carecen de competencias para investigar o inspeccionar, por lo que las denuncias que reciben se remiten a otras instituciones.