Vuelta a 2019. La Comisión Europea estudia cómo obligar a los Veintisiete a retirar la tecnología de empresas chinas como Huawei o ZTE de sus infraestructuras de telecomunicaciones. La noticia la avanzó hace unos días Bloomberg. La información señalaba a Henna Virkkunen, vicepresidenta y comisaria de Soberanía Digital, como la impulsora de la iniciativa.
De confirmarse, la iniciativa resucitará un debate que alcanzó su mayor fulgor en 2019 y que se cerró en falso en 2020 con una recomendación de Bruselas: evitar ‘exponer’ las infraestructuras a estos proveedores. En España, al albur de aquellas discusiones, se planteó incluir en la Ley de Ciberseguridad 5G una lista negra de proveedores de alto riesgo.
Finalmente aquella lista negra no prosperó. El Gobierno la acabó descartando para evitar un choque con China. Pero Bruselas ha recordado este mes a Madrid que ambas firmas “presentan riesgos sustancialmente más altos que otros proveedores”. El toque de atención se ha producido por un contrato de Interior con Huawei por 12,3 millones de euros para gestionar y almacenar las escuchas telefónicas judiciales.
Por qué España no ha vetado a Huawei
Cuando la Unión Europea emitió sus recomendaciones hace cinco años, la reacción entre los Estados miembros fue dispar. Suecia, a través de su regulador de las telecomunicaciones, ordenó en el mismo año la retirada de la tecnología de Huawei y ZTE en las infraestructuras nacionales. La justicia sueca corroboró la decisión dos años después. El regulador portugués, por su parte, implementó medidas que en la práctica limitan la presencia de componentes de Huawei o ZTE en sus redes.
En España la Ley de Ciberseguridad 5G introducía mecanismos para calificar suministradores en función del riesgo a la seguridad nacional que estos podrían imbricar. Sin embargo, nunca se acabó desarrollando la famosa ‘lista negra’ que el Ministerio para la Transformación Digital anduvo tanteando durante años. Finalmente, tras posponerla indefinidamente, el Ejecutivo acabó descartando su elaboración.
Ahora, los planes comunitarios chocan de frente con la decisión de Madrid. La noticia llega, además, casi al mismo tiempo en el que el rey Felipe VI ha protagonizado un viaje oficial al gigante asiático. Madrid se erige como el gran amigo de Pekín en el Viejo Continente, ante los recelos del resto de países comunitarios. China empezó a aplicar en septiembre aranceles contra la carne de cerdo europea mientras iniciaba una investigación por un presunto dumping. Acusa al sector porcino europeo de vender sus piezas más baratas que sus competidores locales en el mercado chino.
Cómo impactará a las telecos
Que la UE desarrolle legislativamente estos vetos a firmas chinas no solo retoma un debate de hace un lustro. También supone un desafío para las relaciones diplomáticas y para las propias telecos. Por supuesto, también para los usuarios.
El diario Expansión avanzaba hace unos días que la retirada y sustitución de los componentes tecnológicos fabricados por Huawei en las infraestructuras de telecomunicaciones españolas supondría un elevado desembolso por parte de las operadoras. 4.000 millones de euros en un plazo de varios años. Solo Telefónica podría verse obligada a asumir un coste de casi 1.000 millones, al ser la compañía con más infraestructura en el país. MásOrange y Vodafone tendrían que, proporcionalmente, pagar más, dada la mayor presencia de tecnología china en sus redes.
Se da la circunstancia de que solo en este mismo año el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, puso a China como ejemplo de un ecosistema con telecos consolidadas, la gran demanda de las operadoras en el Viejo Continente. Desde hace años, las telecos instan a las autoridades comunitarias y nacionales a flexibilizar las posibles fusiones entre compañías para poder competir globalmente. Casi al mismo tiempo que Murtra pronunció aquellas palabras, directivos de MásOrange viajaron a Pekín para reunirse con Huawei.
Riesgos de ‘disrupción’
Si la idea de Bruselas se hace realidad, todo el sector pondrá especial atención en el plazo que se dé a los países de la Unión para retirar los componentes de las compañías asiáticas. Esto será capital: a mayor plazo para ir eliminando la tecnología de los “proveedores de riesgo”, menos posibilidades de que haya problemas en el reemplazo. Cuando Reino Unido anunció en 2020 que retiraría componentes de firmas chinas, su propio Ejecutivo advertía que a menos plazo más “riesgo de cortes de internet” habría.
El debate europeo ha revivido en realidad porque se ha reactivado en Alemania. El canciller Merz vive una relación tensa con sus homólogos chinos, muy distinta a la que tiene ahora mismo Madrid con Pekín. En ese contexto, el anterior Ejecutivo federal alemán ya obligó, a través de su regulador, a que no haya tecnología de Huawei en los ‘núcleos’ de las redes de las telecos a partir de 2026. Sin embargo, las operadoras ya habían hecho ese ejercicio. Por eso Merz ha avisado en una conferencia empresarial en Berlín que la firma asiática estará vetada del futuro despliegue de la tecnología de red 6G.
Timotheus Höttges, CEO de Deutsche Telekom, defendió la persistencia de tecnología china en las partes menos críticas de la infraestructura. “No veo riesgo en tener una antena en algún punto de la red”. El regulador de las telecos alemanas, sin embargo, ha lanzado una consulta en la que plantea que más partes de la infraestructura serían consideradas críticas. Si el veto se produce en el despliegue 6G, entonces será asumible: entrará dentro de los plazos naturales de amortización. El banco Barclays calcula que retirar a Huawei de las redes alemanas supondría un coste de 1.000 millones para DT y unos 700 millones para Telefónica.
¿Subida de precios y golpe al PIB?
Pero si la decisión comunitaria contempla cierta urgencia, si el veto a Huawei se produce de la noche a la mañana, los costes podrían ser un duro golpe para un sector. Un sector, el de las telecomunicaciones, que además no es boyante. No hay certeza de que la actual cadena de suministro de componentes alternativos a China tenga la capacidad de atender un repentino repunte de la demanda. Tampoco de que haya suficiente mano de obra para acelerar los cambios en las redes.
Esto lleva a pensar en escenarios en los que los usuarios quedarán cautivos: las telecos podrían repercutir en sus clientes finales los costes de una decisión política. La propia Huawei viene emitiendo informes en este sentido desde hace años. Y no solo refiriéndose a un golpe en las tarifas: la consultora EY, a instancias de la compañía china, llegó a cifrar en 1.000 millones de euros el coste que le supondría a Portugal retirar sus componentes de sus redes.
Paradójicamente, una compañía que se podría ver favorecida por estas barreras a Huawei, la sueca Ericsson, no se ha mostrado partidaria de los vetos. Su CEO, Börje Ekholm, defendió en una llamada con analistas que “no es necesario” reemplazar a los proveedores chinos “más allá de 2029”. “La legislación es clara”. Sin embargo, sus palabras escondían otro razonamiento. China tomará represalias. Cuando Suecia anunció la retirada de componentes de Huawei de sus redes, Ericsson, que entonces tenía una amplia cuota de mercado en el gigante asiático, vio cómo se le rezaban muchas puertas de golpe.
De qué se acusa a Huawei
Pero esas represalias no serían únicamente empresariales. Europa y China continúan al filo de una guerra comercial que volvería a dejar a los ciudadanos en medio. El de la carne de cerdo es el último ejemplo de ello. Las conclusiones de la investigación antidumping iniciada por China contra el cerdo europeo se conocerán el 16 de diciembre, y entonces se sabrá si la visita del rey de España ha servido para calmar las aguas o si no ha sido suficiente. Entre tanto, la postura alemana y comunitaria soliviantan cada vez más a Pekín.
Las acusaciones europeas a Huawei son similares a las que desde hace años advierte EEUU. Washington empezó a aplicar vetos a Huawei en 2017, bajo el primer mandato de Donald Trump. Acusan a la compañía china de instalar ‘puertas traseras’ en sus dispositivos, con los que espías chinos podrían acceder a información crítica de Occidente. La UE ha practicado bloqueos a ‘proveedores de riesgo’ en las instituciones comunitarias. En 2021, ya bajo la Administración Biden, EEUU consolidó sus barreras a estas empresas. Ahora parece que Europa quiere levantar las suyas, da igual lo que considere cada Estado miembro, lo que arroja a todo el continente a un escenario inédito.